Freno a la precariedad y la dualizacion social
Elkartzen reclama presupuestos públicos que «repartan la riqueza»
Elkartzen solicita a los diferentes grupos parlamentarios de Iruñea y Gasteiz que actúen para conseguir «unos presupuestos participativos», por un lado, y en favor «del reparto de la riqueza, que ponga freno al modelo precario que se nos impone», por otro. Este movimiento social critica el aumento de la dualización social, dado que los empresarios obtienen cada vez más beneficios a costa de los bajos salarios y, por el contrario, pagan menos impuestos.
Juanjo BASTERRA | BILBO
Elkartzen, movimiento social a favor de los derechos sociales de Euskal Herria, exigió ayer «unos presupuestos participativos» y que «repartan la riqueza como instrumento para poner freno al modelo precario que se nos impone». El Gobierno de Lakua ha dado a conocer el presupuesto para el próximo año que contará con casi 10.000 millones, pero que adolece, igual que los anteriores, de una mayor intervención hacia quienes menos ingresos económicos tienen o viven en la exclusión social. Por el contrario, promete más exenciones fiscales y actuaciones en materia de subvención para los empresarios. Estos son los que mayor riqueza poseen y quienes más beneficios económicos están logrando en los últimos dieciséis años por el buen momento económico que, sin embargo, no se traslada a los trabajadores, que están sufriendo el momento más alto de precariedad y de bajos salarios.
Esta radiografía socioeconómica desprende un contraste brutal, por lo que Elkartzen alerta de esta situación injusta e indica que debe «corregirse» en el trámite parlamentario de debate y discusión de las cuentas anuales para evitar esa terrible diferencia entre quienes más tienen y quienes apenas pueden sobrevivir con bajos ingresos económicos.
En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, según el último informe cerrado de las haciendas forales, existen cerca de 500.000 personas que declaran unos ingresos anuales por debajo del umbral de la pobreza. Ese nivel, como reconoce el movimiento social, se encuentra, en el ámbito de la CAV, en torno a los 958 euros al mes, en estos momentos. Esta situación insostenible a nivel social tiene mucho que ver con los bajos salarios que los empresarios están dispuestos a pagar. Prácticamente la totalidad de los contratos de trabajo temporales que se suscriben en Euskal Herria no disponen de salarios superiores a los mil euros. Hasta setiembre se han firmado casi 830.000 contratos de trabajos, pero el 90,54% de los mismos son temporales.
Elkartzen explica que «la recaudación de impuestos se ha hecho de una manera injusta desde una perspectiva de la riqueza. Fraude, evasión de impuestos y medidas favorables a la rebaja de los impuestos a las rentas de capital, entre otras actuaciones, son elementos que han estado en el orden del día de los presupuestos oficiales de las administraciones». Por ese motivo, el movimiento social recuerda a los gobiernos autonómicos de Gasteiz e Iruñea que «los presupuestos deben ser el segundo paso en el proceso de reparto de la riqueza generada entre todos. El primer paso -indica- se debe producir en la campaña de recogida de dinero a través del IRPF, del Impuesto de Sociedades y de otras fórmulas impositivas». Afirma que «se debería de recaudar en función de la renta y los beneficios obtenidos por cada cual, con el fin de que quien más tiene aporte más a esa caja común».
Esa pretensión del movimiento social está siendo olvidada por las administraciones públicas, que continúan favoreciendo a los poderosos. «Las rentas altas continúan haciendo fraude, se les permite que desgraven, que evadan impuestos, mientras que las rentas de trabajo difícilmente pueden eludir su obligación con Hacieda». Hay que tener en cuenta que con las «vacaciones fiscales» alrededor de trescientas empresas vascas han dejado de pagar en impuestos cerca de 1.800 millones. El movimiento social estima que el fraude fiscal en Hego Euskal Herria supera los 7.000 millones de euros, lo que supone el 50% del presupuesto que dispondrán las dos administraciones autonómicas de Hego Euskal Herria; pero además entre 1999 y 2004, según el Informe Integrado de la haciendas forales de la CAV de 2005, que es el último existente, las empresas se beneficiaron por diferentes deducciones fiscales de otros 2.280 millones.
En vista de esta situación, Elkartzen considera que se debería de hacer un presupuesto participativo según la demanda de la población. Para ello, recuerda que el gasto social respecto a la riqueza que se genera en Hego Euskal Herria fue en 2006 de un 19%, «muy por debajo de la media europea, que se sitúa en el 27%». Critica a los gobiernos de Ibarretxe y Sanz porque «cada año nos intentan convencer de que el gasto social aumenta y de que cada vez vivimos mejor». Para el movimiento social, «es cierto que cada vez generamos más riqueza entre todos y que cada vez podríamos vivir todos mejor, porque en Hego Euskal Herria generamos la suficiente riqueza para que todas las personas pudiéramos vivir de una forma digna».
Más riqueza, en pocas manos
Por eso recuerda que ni Ibarretxe ni Sanz «nos dicen que esa riqueza cada vez se reparte peor. Mientras unos pocos amasan grandes fortunas, la realidad del día a día en Hego Euskal Herria viene a reflejar justo lo contrario, ya que para una parte importante de la población es cada vez más difícil acceder a una vivienda, acceder a unos ingresos dignos por encima del umbral de la pobreza y tener acceso a servicios sociales de calidad».
En este caso, hay que recordar que un 3,1% de los que declararon en 2005 rentas superiores a los 54.000 euros anuales controlan la riqueza global del 14,4% de la riqueza total que se produce en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, pero, además de poseer más, son los que contribuyen por debajo del nivel que tendrían que hacerlo, al sumarse a diferentes deducciones como los planes de pensiones.
Elkartzen, por último, denuncia «que el capital financiero se jacta de acumular enormes beneficios, mientras que la pobreza se extiende».
Los últimos datos indican que la Industria de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa logró un aumento en los beneficios del 236% entre 1994 y 2005. Supone el triple de lo que aumentaron los salarios. Este año están teniendo incrementos por encima del 30% en general.
10.000
millones es la cantidad que recoge el presupuesto del Gobierno de Ibarretxe. Con esa cantidad, Elkartzen dice que se puede hacer más por los desfavorecidos.
7.000
millones es la cantidad de fraude fiscal que el movimiento social considera que existe en Euskal Herria. Supone la mitad del presupuesto que tendrán Iruñea y Gasteiz para el próximo año.
1.800
millones son los que se calcula que las empresas no aportaron a las haciendas forales debido a las «vacaciones fiscales». Bruselas exige su devolución.
500.000
personas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa declararon ante las haciendas forales en 2005 unos ingresos mensuales inferiores al umbral de la pobreza. Son casi la mitad de las declaraciones realizadas en ese ejercicio.
958
euros al mes es la cantidad que Elkartzen calcula para situar el umbral de la pobreza. Pide que las ayudas sociales y la renta básica no baje de esa cantidad.
19%
El gasto social sobre el PIB del año pasado en Hego Euskal Herria supuso el 19%, mientras que en la Unión Europea se encuentra por encima del 27%.
En torno al salario mínimo interprofesional se está produciendo un debate interesado. El Gobierno español pretende elevarlo a 700 euros en doce pagas, mientras que los empresarios consideran negativo ese paso. Está en la cola de la UE.
Las subidas salariales pactadas en los convenios de 2007 en Hego Euskal Herria son «las más bajas de los últimos seis años», según los datos oficiales del Ministerio español de Trabajo y del Consejo de Relaciones Laborales (CRL).
Elkartzen insiste en que los recortes del gasto social que se están produciendo en los presupuestos de las administraciones públicas de la CAV y Nafarroa «se están desviando a la especulación inmobiliaria y a la construcción de grandes infraestructuras, en una parte importante».
En este caso, el movimiento social considera «sangrante» el proyecto de tren de alta velocidad (TAV), porque «nos están imponiendo una infraestructura sin consultar a la población y que tiene unos costes económicos inmensos, mientras nos dicen que no hay dinero para asegurar los derechos sociales». También denuncia que «este recorte de derechos sociales y de gasto social lo están haciendo de espaldas a la población, ya que año tras año ocultan el debate presupuestario a la población». Por eso, reclaman a los partidos de los parlamentos de Gasteiz e Iruñea «que escuchen y tomen en cuenta las demandas de los grupos sociales, como primer paso de presupuestos participativos». En una segunda demanda, les piden que «elaboren unas cuentas públicas que garanticen el acceso a la vivienda a toda la población necesitada, de una manera respetuosa con nuestro medio ambiente e impidiendo la especulación». Exigen que se impulse la vivienda de alquiler, se mejore la renta básica y se impulsen servicios sociales de calidad .
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