Segundo plan de inclusion social 2007-2009 de lakua
Lakua otorgará más ayudas a las empresas que a los pobres en 2008
El segundo Plan de Inclusión Social 2007-2009 destina el próximo año 298,7 millones a renta básica, ayudas de emergencia, etc, pero no es ni la mitad de la cantidad que el Gobierno de Lakua perdonará a los empresarios en impuestos.
Juanjo BASTERRA | BILBO
La Comisión de Trabajo y Acción Social del Parlamento de Gasteiz perdió ayer otra oportunidad para tomar decisiones y actuaciones efectivas con el fin de terminar con la pobreza y la exclusión social en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. El segundo Plan de Inclusión Social 2007-2009 se aprobó con los votos del tripartito (PNV, EA e IU) y el PSE. Es un compendio de actuaciones que ya están en marcha, que se reactualizarán en este trienio y algunas nuevas de «escaso calado», según manifestaron a GARA los organismos sociales que trabajan en contra de la pobreza.
A su juicio es «bastante continuista» con la política de protección social que está aplicando el Ejecutivo de Lakua y, desde luego, «no actúa» en la raíz de los problemas teniendo en cuenta la gravedad de la situación, ya que la pobreza aguda afecta de forma directa a 45.804 hogares, es decir 110.000 personas, y otras 413.000 personas, una de cada cinco de la CAV, se encuentra «en riesgo de perder el bienestar adquirido».
El presupuesto del plan muestra que en 2007 se gastarán 238 millones, un año después subirá a 298 millones y terminará su vigencia con 343,5 millones. De todas las partidas, la mayor es para la renta básica que, a juicio de los organismos sociales, «crece porque la demanda está aumentando, porque si se compara con la inflación real está perdiendo peso específico».
Según explicó el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, este segundo plan «es continuación del Plan de Inserción aprobado en 2003 y cuyo período de vigencia concluyó en 2005». Según dijo, «supone una puesta al día, un fortalecimiento y una mejora de nuestro modelo vasco de inserción y de protección social». Aunque esa declaración está lejos de la realidad, puesto que hay que recordar al Gobierno de Ibarretxe que la CAV se encuentra alejada en siete puntos de la media europea en gasto social y, sin embargo, la evolución del PIB per cápita sitúa a Araba, Bizkaia y Gipuzkoa entre los cinco primeros países de la Unión Europea en 2005.
Esta situación desequilibrada demuestra que la enorme riqueza que se está generando en suelo vasco está muy mal repartida y está creando una dualización social profunda, con la que el Ejecutivo de Gasteiz no está dispuesto a terminar, sino a perpetuar con su política social, la misma que perdona el pago de 632,1 millones a los empresarios en el Impuesto de Sociedades de 2008, pero que destina a la Renta Básica, según los datos aportados ayer, 200,3 millones, otros 47,6 millones a complementos de vivienda y 15,7 millones más a Ayudas de Emergencia social, y, entre otras cantidades, 6,6 millones a complementos de pensiones de viudedad.
En total, con todas estas partidas para 2008 que figuran en el segundo Plan de Inclusión Social suman 298,7 millones para el próximo año, menos de la mitad de lo que se va a perdonar el próximo año a los empresarios, que llevan quince años obteniendo récord en sus beneficios económicos, mientras que los salarios reales de los trabajadores han caído en ese plazo. Según los datos de Azkarraga, el objetivo del plan es reducir del 3,7% al 3% la pobreza severa de la población vasca. En la comisión parlamentaria aseguró que «en lo que se refiere a situaciones de pobreza grave o severa, la situación de la CAV es más favorable que la registrada en la mayor parte de los países que conformaban hasta 2004 la UE. Tiene una incidencia del 3,7% frente al 4% de Francia o al 7% del Estado español», precisó.
Sin embargo, el movimiento a favor de los derechos sociales de Euskal Herria, Elkartzen, rebate los argumentos estadísticos, ya que los consideran que «están maquillados, para que no se sepa el peso importante de la pobreza en nuestro pueblo». Según indicó un portavoz de ese movimiento, «esa apreciación es falsa», es «un artefacto estadístico», ya que no se parte de un nivel equilibrado de rentas en la CAV y Europa para determinar la «mediana que supone la pobreza más severa». Desde ese organismo, se recuerda a Azkarraga que «la pobreza relativa, según sus datos, alcanzan al 16,5% de la población, pero sería más alta. Es un diagnóstico muy complaciente y, desde luego, se debería de establecer el mismo a través del peso de las rentas en relación a la riqueza que se genera, que se constata dentro del PIB per cápita».
Feminización de la pobreza
El titular de Empleo y Asuntos Sociales, por otro lado, reconoció que se ha agravado «la feminización de la pobreza y la monoparentalidad, ya que es cinco veces superior en personas dependientes de una mujer que de un hombre y el riesgo de pobreza entre familias monoparentales ha pasado del 6,4% al 11,3%». También precisó en su intervención ante la comisión parlamentaria que la concentración de la pobreza en torno a las capitales «está creciendo», ya que de representar «el 42% de la pobreza en el año 2000 se pasó al 62% en 2004».
Azkarraga reconoció que «los bajos salarios y el deteriroro de la capacidad protectora del empleo son un foco de pobreza, ya que es un problema para un 14% de los hogares». Esto tiene mucho que ver con la precarización del mercado laboral.
En este caso, desde Elkartzen se afirma que el impacto de la excesiva temporalidad que sufre el mercado laboral vasco «tiene un efecto negativo más alto que el que nos indica el Gobierno de Gasteiz».
Asimismo, el movimiento a favor de los derechos sociales de Euskal Herria critica que el 90% del pago de las ayudas de emergencia social (AES) se destinan a pagar «los alquileres a precios del mercado, que está en manos privadas, por lo que se entra en el juego de la especulación inmobiliaria. Esa no es la solución real. Lo saben. Se tendría que imponer un alquiler social para los más necesitados».
Mientras el Gobierno Ibarretxe se muestra orgulloso de haber conseguido situar a la CAV entre los primeros cinco países con una riqueza más elevada, según el PIB, todavía hay 110.000 personas que viven en la pobreza severa y más de 412.000 están a un paso de engrosar esas estadísticas de exclusión social.
821
Elkartzen ha realizado un trabajo exhaustivo para fijar el umbral de la pobreza en Hego Euskal Herria siguiendo las corrientes europeas sociales. Así serían 821 euros y catorce pagas.
632,1
es la cantidad que el Gobierno de Lakua perdonará en el Impuesto de Sociedades a los empresarios en 2008, mientras que a esa política de inclusión social destinará bastante menos: 298,7 millones.
2 de 3
de la CAV con ingresos similares al umbral de la pobreza se encuentran en Bizkaia, según a la plataforma social Berri-Otxoak, que el 42,3% tiene dificultades para llegar a fin de mes.
Nekane Erauskin, portavoz de Ezker Abertzalea, llevó el peso crítico de este plan «continuista» en la comisión parlamentaria. A su juicio, «no actúa contra la precariedad laboral, ni fija una renta básica digna y suficiente, lo mismo ocurre con el derecho a la vivienda». Según la portavoz abertzale, «la exclusión social no es sólo una materia económica, sino que a los desfavorecidos se les debe garantizar el derecho a la salud, a la educación, a las guarderías, a los centros de la tercera edad». Erauskin, que coincide con los planteamientos que Elkartzen hizo públicos a comienzos de mes, «se debe combatir el salario mínimo interprofesional, porque está infravalorado y del mismo dependen la renta básica las pensiones de mucha gente que están por debajo del umbral de la pobreza». Por ese motivo, Nekane Erauskin planteó que el SMI sea el 50% del PIB per cápita y el salario social el 37,5%, de tal manera que «se situaría en ese punto el umbral de la pobreza, para que ningún salario sea inferior a esa cantidad». También reclamó en nombre de EHAK que se cubra el 100% de las necesidades de las Ayudas de Emergencia Social; que el Gobierno de Lakua asegure todos los servicios de calidad a quienes se encuentran en exclusión social y que «se contemple el alquiler social de viviendas como derecho». PNV, EA, IU y PSE aceptaron la propuesta de estudio del umbral de la pobreza y la aplicación de todos los servicios públicos a los excluidos.
Ezker Abertzalea se abstuvo en las propuestas del Tripartito y el PSE, porque creen que «este plan no es suficiente para dar respuesta a las necesidades de la población y se debe establecer un umbral de la pobreza digno para que nadie esté por debajo de esa cantidad». Erauskin considera que «es insuficiente» y que «se ha perdido otra oportunidad
El secretario general adjunto de ELA, Adolfo Muñoz, Txiki, aseguró ayer en una colaboración que la «ortodoxia neoliberal» de los gobiernos autonómicos de Hego Euskal Herria provocan «superávit crecientes en las cuentas públicas». Sin embargo, el gasto en protección social y en otras áreas está disminuyendo, lo que para él supone un contrasentido.
A este respecto, Muñoz indica que las Adminitraciones de la CAV lograron en 2006 un superávit de 1.150 millones y 872 millones en el 2005. En Nafarroa el dinero que no se gastó el Gobierno de Sanz alcanzó los 113 millones en 2006. El dirigente de ELA critica directamente al consejero de Sanidad del Gobierno autonómico, Gabriel Inclán, «porque nos dice que habría que pagar más impuestos para hacer frente a las necesidades de la sanidad pública. No es serio. La política está invadida de frivolidades y las de Inclán merecen un premio», añadió.
Muñoz afirmó que «cuando el consejero de Sanidad habla de subir los impuestos lo hace en tono de amenaza. Lo dice un miembro del Gobierno que toma decisiones para ahorrarles impuestos a las rentas altas y empresariales». Señaló que con la última reforma del IRPF «permitirá a las rentas altas que no paguen 446 millones. Regala esa cantidad a los más ricos».
El responsable de ELA escribe que el pasado 13 de noviembre militantes de esa formación se concentraron en el Kursaal en unas jornadas sobre fiscalidad, con una pancarta ante los representantes de las haciendas y delegaciones extranjeras que decía «bienvenidos al paraíso fiscal vasco». A su juicio, «por la vía de ingresos no hay progresividad fiscal» y pide «más gasto social».
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