domingo, 21 de octubre de 2007

Pobreza en Euskal Herria

Vivienda, salario y servicios públicos, tres claves para medir la dimensión real de la pobreza

El día contra la pobreza multiplicó las denuncias en la calle -la última, de carácter lúdico, se celebró ayer en Bilbo- y puso de relieve que la precariedad crece en el «primer mundo». Elkartzen resaltó cómo inciden vivienda, salario y sistema público en nuestro bienestar.

GARA

Al más puro estilo de los test que engrosan las páginas de las más diversas revistas, salarios bajos, el coste de la vivienda y la desasistencia pública pueden presentarse como los tres factores en base a los cuales se puede determinar si los hogares se encuentran lejos, en el umbral o directamente dentro de las bolsas de pobreza.

Esta semana, coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Pobreza, la plataforma Elkartzen llamó la atención sobre estos tres factores con el fin de mostrar una fotografía más amplia de lo que en general se conoce como pobreza, y que en muchas ocasiones tiende a reducirse a situaciones extremas de exclusión social. Un repaso de cómo se comportan estos tres factores, entre otros, puede dar una idea del nivel de bienestar de una sociedad o su acercamiento a la precario.

La plataforma denunció que la vivienda, además de «un derecho negado», es «un factor de precarización». El colectivo recordó que el propio programa de vivienda del Gobierno de Gasteiz, adjunto a los presupuestos de 2006 de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, reconocía explícitamente que «la generación inferior a los 40 años está ya totalmente expulsada de este mercado, ya que sus rentas medias están muy por debajo de los precios de la vivienda, donde solamente el cuatro por mil de la vivienda vendida está por debajo de 96.200 euros y el 88,65 superaba la barrera de los 180.300 euros».

Así las cosas, Elkartzen precisó que el propio Ejecutivo de Ibarretxe sitúa en 511,6 euros al mes para los hombres y 474 para las mujeres, la cuantía máxima que las personas necesitadas de acceder a una vivienda están en condiciones de asignar al pago de la misma, o lo que es lo mismo, lo que los bancos consideran nivel máximo de endeudamiento. «Una simple división nos demuestra que se necesitan 1.126 meses, casi 94 años, para los hombres, y 1.215 meses, algo más de 101 años, para las mujeres, de esfuerzo máximo para adquirir esa vivienda con una financiación a 30 años», concluyó Elkartzen. Al tiempo, sentenció que la vivienda pública no representa ninguna alternativa, porque su oferta de vivienda social en alquiler o propiedad es prácticamente inexistente, se establece un mínimo de 9.000 euros de ingresos anuales y además hay que pasar un sorteo, que convierte el acceso a un piso en una lotería.

En este contexto, las administraciones de Hego Euskal Herria contabilizan que 75.000 personas necesitan una vivienda en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y 25.000 en Nafarroa, según datos de Elkartzen, en un país en el que hay más de 250.000 viviendas vacías. Mientras, la situación no mejora para quien ya ha dado el paso de adquirir una casa, porque el continuo aumento de las hipotecas amenaza las economías familiares.

En uno y otro caso, otro factor determinante para medir la precariedad es el salario. Los jóvenes y las mujeres son los colectivos que menos se acercan a una remunera- ción digna, y en el caso de las personas mayores de 72 años, sus pensiones están muy por debajo del umbral de pobreza.

Tomando como referencia la encuesta de pobreza del Ejecutivo de Gasteiz del año 2004, Elkartzen recordó que la Administración reconocía que casi 46.000 hogares de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa viven en una situación de pobreza grave y pobreza de mantenimiento, que 38.500 hogares no tienen garantizada una comida al día y que alrededor de 413.000 personas, están en riesgo de perder el bienestar adquirido. Ya en 2003, la plataforma cuantificó en casi 900.000 los residentes en Euskal Herria que estaban por debajo del umbral de la pobreza y destacó otro dato de Eustat de 2001, que alertaba de que el 41% de la población de la CAV vivía con una renta inferior a 6.000 euros al año.

Si el coste de la vivienda es prohibitivo para muchos, las hipotecas asfixian las economías doméstica, y los salarios y las condiciones laborales están lejos de garantizar estabilidad en el gasto doméstico, lo que no puede fallar es el sistema público. Sin embargo, en la línea de las críticas de los sindicatos, Elkartzen denunció que la privatización de servicios como la Sanidad o la Educación «multiplica la pobreza y la precario», luego, nos alejamos del bienestar.

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