viernes, 21 de diciembre de 2007
La empresa tiene que indemnizar al trabajador si, habiendo vacante, no le readmite tras una excedencia voluntaria
Un trabajador de un ayuntamiento con categoría de grupo "C" solicitó una excedencia voluntaria por dos años que empezó a disfrutar el 8 de abril de 1999, y que fue prorrogando anualmente. En marzo de 2004 solicitó una nueva prórroga o, en su defecto, su reincorporación, y ambas pretensiones le fueron denegadas. El ayuntamiento argumentó que la prórroga no tenía lugar y, respecto al reingreso, que no había vacantes disponibles, ya que las plazas del grupo C se habían reclasificado en B y ya no quedaban plazas de su grupo.
El trabajador demandó al ayuntamiento y, aunque en un primer momento el Juzgado de lo Social no le dio la razón, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimó parcialmente el recurso del trabajador y condenó al ayuntamiento a readmitirle aunque no obligaba a pagarle ninguna indemnización. Finalmente, el Tribunal Supremo, además del reingreso, obliga al ayuntamiento a indemnizarle.
El TS, que cita varias sentencias en las que ya queda claro el derecho del trabajador a ser indemnizado con los salarios devengados durante el tiempo en el que se retrasa su reincorporación, fija en esta sentencia que los salarios empiezan a contar "desde la fecha de la solicitud de readmisión, si es que entonces existía vacante apropiada para el reingreso".
Si desea conocer en qué casos puede un trabajador solicitar una excedencia voluntaria, qué diferencias hay con la forzosa, cuándo tiene su empresa obligación de concederla, cuánto tiempo puede durar, cómo influye la excedencia en el contrato de trabajo o qué opciones tiene cuando su trabajador solicita el reingreso, en el tema Excedencias (E 90) de Mi Asesor de Personal lo contamos todos estos aspectos y otros muchos que debe tener cuenta tanto sobre la excedencia voluntaria como sobre la forzosa. Solicite usted también aquí el manual laboral y de recursos humanos más práctico, para que cuente en 2008 con una gran ayuda en su trabajo
Una huelga de 447 días consigue el primer acuerdo en la zona libre de Antalya (Turquía)
La ICEM felicita al Sindicato Turco “Petrol –is”(Afiliado a la ICEM), por haber conseguido el 18 de diciembre un Acuerdo para las trabajadoras de “Novamed”. ICEM saluda a estas 300 trabajadoras. Novamed es una fábrica de equipos de diálisis y análisis de sangre, esta empresa ha llegado a ser la 1ª en fuerza sindical en la zona libre de Antalya.
Se ha firmado un Acuerdo de tres años, después de una huelga histórica en la que han participado 84 trabajadoras. La huelga comenzó el 26/09/2006 y ha demostrado el coraje de las trabajadoras por conseguir la dignidad en el trabajo. La ICEM está muy orgullosa de haber jugado un papel importante en la negociación (Palabras pronunciadas por el Secretario General). El Acuerdo consiste en que los 84 huelguistas (82 mujeres) cobren un aumento salarial del 5% en el primer año y un 4% en los otros dos años. También se ha acordado un paquete social que incluye el pago de cada una de las dos fiestas religiosas de Turquía, así como bonos de productividad y de asistencia al trabajo.
La ICEM reconoce el trabajo y la cooperación proporcionada por la EMCEF y la ICEM alemana para llegar al acuerdo. La ICEM también reconoce el papel jugado por otros sindicatos así como de diversas asociaciones de mujeres, ONG’’s y otros grupos en Turquía que han apoyado fuertemente a los huelguistas. Finalmente, un especial reconocimiento al presidente de “Petrol-is”: Mustafa Oztaskin y otros líderes del sindicato por su esfuerzo.
Ha sido una victoria de la familia entera de los sindicatos de ICEM de la que pueden sentirse orgullosos. Igualmente entendemos la felicitación a todos los trabajadores y jefes de “Novamed” y esperamos una buena relación entre todos.
La huelga atrajo el interés mundial y se concretó en la acción convocada por la ICEM el 8 de marzo de 2007 ( Día Internacional de la Mujer), en la que participaron cientos de sindicalistas y personas individuales en defensa de las trabajadoras. A finales de septiembre de este año se reunieron en Alemania ICEM, EMCEF y IGBCE. Este mismo mes el Comité de Mujeres de la ICEM se desplazó a Antalya para apoyar a las huelguistas, en la acción convocada al cumplirse el año de los despidos;Fiteqa – CC.OO participó en este acto. Las negociaciones siguieron en Turquía en los meses de octubre y noviembre, concluyendo en el acuerdo del 18 de diciembre.
miércoles, 12 de diciembre de 2007
Sin palabras, o mejor, en una palabra: delincuentes
El presupuesto del Parlamento de Gasteiz prevé subir el sueldo a sus miembros hasta un 10,75%
La Comisión pertinente del Parlamento de Gasteiz aprobará mañana, a puerta cerrada y a iniciativa de todos los grupos salvo Ezker Abertzalea, el presupuesto de 2008 que contempla subir el sueldo de los parlamentarios hasta un 10,75%. Por una parte, se prevé subir el 6% para equipararse a los altos cargos de Lakua, y luego, un fondo del 4,5% para igualarse al incremento que tengan los trabajadores de la Cámara.
Iñaki IRIONDO |
El año pasado fue una subida de los gastos de locomoción del 10% a pesar de que el precio del combustibles había bajado en 2006. Este año, los parlamentarios de la Cámara de Gasteiz prevén subirse el sueldo hasta un 10,75%, según se recoge en el borrador del presupuesto al que ha tenido acceso GARA.
A lo largo de 2007 los sueldos de los parlamentarios han estado «equiparados a los de los directores generales del Gobierno vasco, que podrían llegar a un máximo de 63.971 euros brutos», los de los portavoces y miembros de la Mesa «sumarían 75.507 euros y la presidenta, en las mismas condiciones, 89.769», según explicó el Parlamento en una nota emitida el 19 de diciembre de 2006.
El proyecto de presupuesto de 2008, que obra en poder de este diario, recoge en su página 151 que el sueldo previsto para los 64 parlamentarios es de 67.739,42 euros, para los 10 miembros de la Mesa y portavoces, de 80.204,88 euros y para la presidenta, de 95.372,2o euros. Esto supone una subida del 5,98% para los parlamentarios y del 6,2% para portavoces, miembros de la Mesa y la presidenta.
Pero además, en la página 167 se introduce la creación de un fondo del 4,5% de la masa salarial para «adecuaciones retributivas». Este fondo asciende a 237.498,47 euros, que se suma a lo que ya cobrarán los parlamentarios con la subida anterior y a 45.000 euros previstos para el pago de antigüedades.
Este fondo servirá para aplicar a los parlamentarios el incremento que se pacte con los trabajadores, y que a la vista del IPC difícilmente será mucho menor que ese 4,5%. Por lo tanto, sumando ambos conceptos, los parlamentarios pasarían a cobrar 70.787,69 euros, un 10,65% más que en 2007; los miembros de la Mesa y portavoces 83.814,10 euros, un 11% más; y la presidenta 99.663,95, un 11% más. La masa salarial total se elevaría el 10,75% sobre 2007.
Ezker Abertzalea, en contra
La propuesta de crear un fondo para aplicarse la misma subida que los trabajadores del Parlamento fue firmada por los portavoces de PNV, PSE, PP, EA, EB y Aralar. Inicialmente era del 4%. Después, suscribieron otro escrito «que complementaría» el anterior, en la que proponen la aplicación del acuerdo «de homogeneización de las retribuciones a las de la Administración General». El «Estatuto del Político» contempla que la presidenta de la Cámara cobre como la vicelehendakari, los portavoces y miembros de la Mesa como viceconsejeros, y los parlamentario como directores.
Por contra, Ezker Abertzalea propuso por escrito a la Mesa «no aplicar ninguna subida en 2008» ni en los sueldos de los parlamentarios ni en otros extras que perciben.
GARA cuenta con la documentación en la que se recogen todas estas propuestas y las consiguientes subidas de sueldos.
64 parlamentarios pasarán de cobrar 63.971 euros a poder cobrar 70.787, un 10,65% más. Los portavoces y miembros de la Mesa, de 75.507 euros a 83.814, un 11% más. La presidenta, de 89.769 a 99.663, un 11% más.
Los parlamentarios de Araba se acercarán a los 371 euros mensuales por gastos de locomoción, los de Bizkaia a los 544 y los de Gipuzkoa a 598. Además, recibirán 80 euros mensuales para el móvil (23% de subida) y tienen autopista gratis.
El Parlamento, que debate públicamente los presupuestos del Gobierno, decide el suyo a puerta cerrada -en la Comisión de Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno- y con un procedimiento extraordinario.
La propuesta firmada por todos los grupos, a excepción de Ezker Abertzalea, no sólo contemplaba las subidas salariales mencionadas, sino también un incremento de los gastos de locomoción en función del IPC y una subvención de 80 euros mensuales para los gastos de teléfono móvil de cada parlamentario. Esto supone que más de dos tercios de los miembros de la Cámara cobrarán por estos conceptos un sobresueldo que supera -en algunos casos con creces- el Salario Mínimo Interprofesional, que está ahora en 570,6 euros al mes y puede subir a 600 en 2008.
La dieta de locomoción es una partida mensual que se paga a cada parlamentario independientemente de lo que gaste por este concepto, incluso con independencia de que se mueva o no. De hecho, se paga también durante los meses de vacaciones o los periodos inhábiles de la Cámara, que suman cuatro meses al año. Si el IPC llega al máximo previsto por el Parlamento, los representantes de Araba pasarán a cobrar 371 euros mensuales, los de Bizkaia 544 y los de Gipuzkoa 598. En lo que va de legislatura esta partida se ha incrementado ya un 21,7%. El año pasado experimentó una fuerte subida del 10%, que la Cámara justificó en el incremento del precio del combustible, que en realidad había bajado a lo largo de 2006.
Además, PNV, PSE, PP, EA, EB y Aralar han propuesto una subvención para el pago del teléfono móvil de 80 euros mensuales, frente a los 65 de este año. Lo que supone un incremento del 23% por este concepto.
Los parlamentarios disponen también de una tarjeta que les permite viajar gratis por autopista. Esta partida se prevé que alcance en 2008 los 120.845 euros.
No hay que olvidar los 220.000 euros anuales para subvención por grupo y los 36.654 por escaño.
Turquía debee mejorar los derechos de los trabajadores y la igualdad de géneros y acabar con el trabajo infantil
Este informe, dado a conocer coincidiendo con la revisión de la política comercial de Turquía que lleva a cabo la Organización Mundial del Comercio, señala que Turquía sigue restringiendo los derechos de los trabajadores de formar sindicatos y los derechos de los sindicatos existentes de hacer negociaciones colectivas, que en el mercado laboral turco hay mucha discriminación y que centenares de miles de niños que no deberían hacerlo, trabajan.
"Tomando en cuenta las ambiciones de Turquía de adherirse a la Unión Europea, nos sorprende que ese país siga restringiendo la libertad sindical. La Comisión Europea ha señalado en reiteradas oportunidades que Turquía tiene que mejorar la situación existente con respecto a esto. Estamos totalmente de acuerdo", dijo Guy Ryder, Secretario General de la CSI.
"Turquía impide que muchos de sus ciudadanos y ciudadanas, especialmente los que trabajan en el sector público, se afilien a sindicatos. La policía y otras autoridades interfieren en las actividades sindicales, convirtiendo en una farsa la supuesta libertad sindical del país. Una y otra vez, el Estado pone obstáculos para los convenios colectivos que se negocian entre sindicatos y autoridades locales, a pesar de los fallos contra esta práctica pronunciados por la Corte Europea de Derechos Humanos. Turquía tiene que mejorar mucho con el fin de conformarse a las normas internacionales y los convenios que ha refrendado", dijo Ryder.
El gobierno de Turquía debe corregir además otras falencias relativas al respeto de los derechos de los trabajadores, como la insuficiente protección contra la discriminación antisindical y las considerables restricciones que pesan sobre el derecho de huelga.
En el informe se muestra asimismo que aunque en la ley no se hacen distinciones entre hombres y mujeres, en la práctica, las mujeres son mayoritarias en los puestos de trabajo de baja calidad y mal remunerados, especialmente en el sector privado. Existe una diferencia salarial y educacional entre los hombres y las mujeres, habiendo muchas más mujeres analfabetas que hombres.
"Si bien las leyes turcas pueden no colocar directamente a las mujeres en una posición más débil, el marco legal no es adecuado para corregir el hecho de que las mujeres están en tal situación y sufren cotidianamente discriminaciones, hostigamiento y abusos", declaró Ryder.
En el informe se señala que si bien hubo algunos progresos, el trabajo infantil continúa siendo un problema en Turquía. Las estadísticas más recientes muestran que 764.000 menores de 12 a 17 años de edad trabajan, fundamentalmente en granjas familiares, la industria y actividades no declaradas. Hay muchos chicos de la calle que trabajan como vendedores ambulantes o que desarrollan una mendicidad forzosa. Si bien continúan los esfuerzos por reducir el trabajo infantil, éstos parecen no ser suficientes y la legislación actual también adolece de falencias al respecto.
Patronal y sindicatos aprobarán el día 18 la renovación del Acuerdo para la Negociación Colectiva
12-12-2007 - Así lo precisó el vicepresidente y secretario de general de la CEOE, Juan Jiménez de Aguilar, durante la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de la organización, en la que concretó que el acto formal de la firma tendrá lugar en la sede del Consejo Económico y Social (CES), y se realizará, a diferencia de los últimos años, antes de que acabe el año.
El ANC, que supone la guía para los procesos de negociación colectiva, viene firmándose desde 2002 para asegurar el cumplimiento de los objetivos de paz social, mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y de moderación salarial.
Así, CC.OO., UGT y CEOE recomiendan a sus negociadores de convenios que determinen los incrementos salariales en función del objetivo de inflación para 2007 (2%), el reparto negociado de la productividad y la inclusión de cláusulas de revisión salarial.
A la espera del día de la firma, el propio líder de UGT, Cándido Méndez, señalaba recientemente tras su intervención en el 'Foro de la Nueva Sociedad' que desde la patronal no se ha puesto ningún problema en la introducción de cláusulas de revisión salarial en la negociación colectiva.
Asimismo, avanzó que después el "principal escollo que existía", y que se refería a las garantías de igualdad entre hombres y mujeres en los convenios colectivos, está "prácticamente resuelto".
Alarma en Italia ante la huelga de transportistas
12-12-2007 - El 80% de las gasolineras italianas ya estaba ayer sin una gota de combustible que vender, y todo apunta a que hoy la falta de carburante afectará hoy a la totalidad de las estaciones de servicio.
Fiat, por ejemplo, se vio obligada ayer a interrumpir su producción de automóviles a causa de la falta de piezas, en un preludio de los graves daños que la huelga de transportistas podría causar a la maltrecha economía italiana al obligar a muchas fábricas y negocios al cierre forzoso. En las autopistas había tramos cerrados, imperaban las colas y la circulación era muy lenta. Y no sólo eso: en los supermercados y tiendas de alimentación comenzaba también a notarse la falta de productos frescos y escaseaban la leche, los quesos, las verduras, las frutas, la carne y el pescado. «Calculamos que tenemos provisiones suficientes sólo hasta el sábado. Pero la situación corre el riesgo de resultar insostenible a partir del jueves», aseguraba Gianpaolo Angelotti, presidente de la federación de carniceros.
«En las próximas 24 horas sufriremos parálisis total», advertía ayer Luca Squeri, presidente de la Federación de Comerciantes. El ministro italiano de Transportes, Alessandro Bianchi, ordenó suspender a partir de la medianoche de ayer la huelga. La protesta había recibido la desaprobación del primer ministro, Romano Prodi, que manifestó que ésta «no es la manera de afrontar estos problemas», según recoge el diario Corriere della Sera.
¿Estudias o trabajas…?, campaña de CCOO para evitar los abusos que sufren los jóvenes en prácticas
12-12-2007 - Con esta campaña, CCOO quiere denunciar el uso fraudulento de las prácticas formativas de los jóvenes en empresas privadas y en la Administración Publica y dar a conocer sus propuestas para resolver este problema.
Anualmente alrededor de 200.000 becarios ejercen funciones propias de un trabajador pero sin relación laboral en multitud de empresas privadas e, incluso, en la Administración Pública a cambio de compensaciones económicas que rondan los 400 euros, con jornadas completas e incluso a turno que resultan, incompatibles con los estudios. Esta situación se puede extender durante un año, sin ninguna garantía de continuar posteriormente en la empresa. Para CCOO, la situación se puede resumir así “las empresas cubren puestos de trabajo mediante las prácticas porque disponen de mano de obra cualificada a costo de saldo”.
CCOO ha editado un extenso informe sobre “Jóvenes y prácticas en los centros de trabajo” y, como soporte de la campaña, un tríptico titulado ¿estudias o trabajas…?, en el que denuncia cuál es el verdadero uso que hacen multitud de empresas de las prácticas dirigidas a los estudiantes universitarios para adquirir experiencia laboral.
El tríptico, además del uso fraudulento del trabajo de los becarios, describe la regulación legal, que se incumple, de las prácticas y recoge las propuestas de CCOO para que se cumpla la ley, así como las propuestas que hace el sindicato para mejorarla. Así, CCOO indica a sus delegados que “desde CCOO debemos garantizar que las prácticas no impliquen cobertura de un puesto en plantilla; los estudiantes no firmen ni asuman responsabilidades sobre informes, ni actuaciones que requieran cualificación profesional y que sus tareas estén relacionadas con sus posibles salidas profesionales de acuerdo a su formación”.
CCOO
viernes, 7 de diciembre de 2007
Ortodoxia neoliberal en Euskal Herria: superávit creciente
Adolfo Muñoz Sanz «Txiki» Secretario General adjunto de ELA
Si en la CAPV existiese la misma presión fiscal que en la media de la UE, las arcas públicas ingresarían 4.028 millones de euros. En Nafarroa 892
En las administraciones de la CAPV 1.150 millones de euros de superávit en 2006, 872 en el 2005... En Nafarroa 113 millones de euros en el 2006. Dice el consejero Inclán que «habría que pagar más impuestos para hacer frente a las necesidades de la sanidad pública». Lo dice quien forma parte de un Gobierno que tiene como objetivo esencial, por encima de otros, el superávit presupuestario. Cuanto más mejor. No es serio. La política está invadida de frivolidades y las de Inclán merecen un premio. Cuando habla de «subir los impuestos» lo hace en tono de amenaza. Lo dice un miembro del Gobierno que toma decisiones para ahorrarles impuestos a las rentas altas y empresariales. Así, por ejemplo, como consecuencia de las últimas reformas del IRPF y del Impuesto de Sociedades van a ser esas rentas altas las que dejarán de pagar 446 millones de euros; 446 millones que les regalan a los más ricos. De verdad que no es serio.Sin querer abrumar a base de números, otro dato: si en la CAPV existiese la misma presión fiscal que en la media de la UE, las arcas públicas ingresarían 4.028 millones de euros. En Nafarroa 892. Casi nada. Datos que vienen a corroborar que otra política fiscal es perfectamente posible. Por no hablar del fraude y de su inexistente control. A los amigos no se les fiscaliza, se les deja hacer. Esa es la máxima de las haciendas vascas en ese terreno.
El pasado 13 de Noviembre militantes de ELA se concentraban ante el Kursaal de Donostia. Se celebraba una jornada sobre fiscalidad organizada por las haciendas vascas a la que acudieron varias delegaciones extranjeras, además del lehendakari. Una de las pancartas con la que ELA mostraba su protesta por la política fiscal decía en inglés: «Bienvenidos al paraíso fiscal vasco». ¿Acaso no es verdad? Es evidente. Por la vía de los ingresos no hay progresividad fiscal. Lo afirma incluso Miguel Sebastián, ex asesor económico de Zapatero; alguien nada sospechoso de comulgar con muestras posiciones. Ya no se cumple eso de que paguen más quienes más ganan y posibilitar, de esa manera, «cierta» redistribución. Quienes más ganan, usan la ingeniería contable o el fraude más descarado, para no pagar y no les pasa nada. Les pasa que, paradójicamente, se benefician de las reformas fiscales que hacen nuestros políticos (gure neoliberalak). Hace pocos meses cuando criticábamos esta política antisocial y oculta -por falta de transparencia y participación social democrática- el Diputado de Hacienda de Bizkaia en un alarde de entusiasmo se defendía argumentando que ELA dice cosas que no le corresponden y que si ELA quiere hablar de esos temas «que se presente a las elecciones políticas». De los argumentos de fondo, ni una palabra. Qué impostura y qué falta de respeto. Son así. Cabría hacerle una pregunta al Sr. Diputado: ¿Pueden los empresarios hablar de fiscalidad? Porque los empresarios no sólo hablan; están seguros de que las reformas se hacen para beneficiarles.
Eso sucede en el lado de los ingresos. ELA lo ha repetido hasta la saciedad: sin una política fiscal justa los equilibrios sociales desaparecen y no es posible reducir el déficit social existente. Basta analizar el diferencial de gasto social de Hego Euskal Herria con la media de la UE. Basta observar la situación en que se encuentran la sanidad, la educación, la vivienda, los servicios sociales, la dependencia, la emigración...
El paro del día 15 en Osakidetza tuvo como objetivos la reivindicación de mejores condiciones de trabajo para todas las categorías y más inversión en la sanidad pública. Inversión para paliar la desidia política de un consejero que ha llevado a la sanidad pública a esta situación: déficit asistencial; desmotivación creciente del personal; cultura de lucro privado con incentivos perversos para ciertos profesionales; una administración que anima a trabajar a la vez en lo público y en lo privado; una gestión que funciona a impulsos de la propia inercia... Y, como consecuencia de todo ello, nunca el gasto privado en sanidad ha sido tan alto. Nunca como ahora, para más gloria de aseguradoras, consultas y clínicas privadas. Ese sí que es un dato objetivo. En vez de asumir su responsabilidad el consejero se dedica básicamente a insultar a los sindicatos, a hacer «contraprogramación informativa» los mismos días en que hay actos de denuncia sindical, a contratar una empresa para hacer encuestas en la que se pregunta a los trabajadores-as cómo se encuentran, a enviar una carta a los domicilios en la que les advierte que «no se dejen engañar por los sindicatos»... Formas, todas ellas, de no estar a la altura de la responsabilidad que se presume ostenta un consejero. ELA ha recordado en muchas ocasiones a este Gobierno -y lo seguirá haciendo si no cambia- que las cosas que empiezan mal, acaban mal. Y parece obvio que en lo que acontece en Osakidetza algo tendrá que ver el recurso sistemático a firmar en minoría con cualquiera.
Ese proceder ha sido, además de una irresponsabilidad antidemocrática. La sanidad vasca exige otra política, con urgencia; una política que apueste por los servicios sanitarios públicos y de calidad. Los responsables de este Gobierno deberían aceptar que la negociación de las condiciones de trabajo tiene mucho que ver con la apuesta -o no- por el sistema público. También por eso, decimos que a este consejero se le ve el plumero al comprobar con quién se alía (colegios profesionales y sindicato médico). Las alianzas reales las hacen con aquellos que tienen puestos sus intereses en la mercantilización de la sanidad, en el «negocio» sanitario.
Más gasto social, sí. Es urgente. Es la manera de evitar que nos veamos obligados a pagar por un servicio que debe ser público, de calidad y gratuito. Más control en el gasto, también. Para evitar que los intereses privados condicionen, en su beneficio, las políticas públicas. Y menos ortodoxia neoliberal y más compromiso y gasto social. En los próximos meses ELA le va a seguir dando mucha importancia al modelo de sociedad.
jueves, 6 de diciembre de 2007
Jornada laboral sin límite: ¿esto es la Europa del progreso y del bienestar? Que paren que yo me bajo
Lanaldia 60 ordura luzatzeko akordioa egiten saiatuko dira gaur Bruselan
ERREDAKZIOA
Bilbo
Alde batekoek asteko 48 ordutan utzi gura dute gehienezko lanaldia. Beste aldekoek 65 orduz lan egitea ere legezko bihurtu gura dute. Eta litekeena da, beraz, erdibideko akordioa edo hitzartzea: 60 ordu, baina ez kasu denetan. Proposamen horren alde egingo du Portugalgo Gobernuak gaur, Europako Batasuneko (EB) estatu kideek duten bileran.
Europako Batasuneko presidentetzan Portugal dago une honetan, eta Europa iparraldeko eta hegoaldeko herrialdeen arteko adostasuna lortzen saiatuko da. Frantziako, Espainiako, Italiako eta Greziako gobernuek ez dute beharrezko ikusten oraingo araudia aldatzea: lanaldia, orobat, 48 ordukoa izatea -orain arte bezala- eta hortik gorako ate guztiak ixtea proposatu dute. Erresuma Batuko, Alemaniako eta Poloniako Gobernuek, aldiz, egunero 10 ordutik gorako lanaldiak ezartzeko aukera eman gura diete enpresaburuei. Muga guztiak kendu gura dituzte, finean.
Estatukide talde bien eskaerek talka egin dute azken urteotan, eta lanaldien inguruko zuzentaraua adosteke dago aspalditik. Badirudi, ordea, negoziazioak gaurko bileran desblokeatu daitezkeela. Izan ere, taldez aldatzeko prest dago Frantzia, baldin eta batzarrak Aldi Baterako Lan Enpresen (ABLE) araudia egokitzen badu -ABLEekin kontratua duten langileek lehenengo egunetik lanean ari diren enpresako beste lankideen baldintzak izatea nahi du Frantziako Gobernuak-.
Movilización contra malas condiciones en sector Telemarketing
El 75% de los empleados de Telemarketing apoyó el paro
Cerca del 75% de trabajadoras del sector de Telemarketing secundaron ayer la segunda jornada de paro convocada por ELA y LAB para reivindicar la negociación del convenio ante «las malas condiciones laborales» del colectivo, según los sindicatos.
Los trabajadores denunciaron en las concengtraciones de protesta que los salarios alcanzan «poco más de 800 euros mensuales» para una jornada de «39 horas semanales, incluidos los fines de semana y festivos».
Denuncia sindical por discriminación de género en el acceso a diversos empleos
A juicio de ESK, estos actos constituyen «un incumplimiento de la Constitución española -artículos 9.2, 14, 35.1 y 23.2- de las normas internacionales de la OIT -como el convenio número 111-, las normas de derecho comunitario en relación con el sexo como la directiva 2000/43 y, sobre todo, del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley Orgánica de Igualdad».
Por todo ello, el sindicato presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo para que «plantee las sanciones que crea oportunas al organismo citado y empresas infractoras». ESK cree que esta denuncia puede suponer infracciones laborales «muy graves».
ESK también incidió en la necesidad de concienciación y acciones a favor de la igualdad de género tanto en las administraciones públicas como en el mundo empresarial. Según la central sindical, «no sólo valen las campañas de imagen» porque «hacen falta acciones positivas claras».
domingo, 2 de diciembre de 2007
Huelga en la construcción contra la diferencia salarial entre provincias
30-11-2007 - El primer peón gana un 10% más que el segundo (1.445 euros al año) y hay categorías en las que la diferencia salarial se acerca al 20%. Las vacaciones, las dietas, el kilometraje, las indemnizaciones por invalidez o muerte también difieren. Cada provincia valenciana es un mundo y muchos trabajadores saltan de uno a otro a lo largo del año siguiendo la obra.
UGT y Comisiones Obreras convocaron ayer jornadas de huelga en el sector para conseguir la unidad autonómica, adelantar la jubilación a los 60 años y exigir mejoras en la seguridad.
El volumen de obra, el número de trabajadores y el grado de conflictividad que alcanzaron las relaciones con los empresarios explican que Alicante sea el territorio con mejores condiciones. Entre Valencia y Castellón las diferencias son menores, aunque la segunda es la única en la que sus trabajadores no perciben complementos por bajas o incapacidad temporal.
¿Por qué no quiere la patronal un convenio autonómico? Se trata, dijeron ayer los líderes sindicales, de la táctica del "divide y vencerás"; un acuerdo único daría "otra dimensión a la negociación en el sector".Los sindicatos rechazaron que exista una verdadera crisis en el sector.
Mientras se habla de un retraso general de la edad de jubilación, pidieron además que los obreros la vean adelantada a los 60 años, al menos para quienes trabajan "a pie de obra".
Otra razón de la movilización es el número de accidentes de trabajo, que sigue disparado, en cuyos planes de prevención han participado los sindicatos. Las organizaciones consideraron correctas las medidas actuales, pero advirtieron de que faltan inspectores, mientras "un tercio" de las obras que han visitado este año "incumplían las medidas de prevención". "Son necesarios más recursos", añadieron, "para que ir a la obra no sea ir a la guerra, esto no es Irak".
jueves, 29 de noviembre de 2007
Navarra: Los inmigrantes sufren el 20 por ciento de accidentes laborales
29-11-2007 - La secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente del sindicato, Carmen Sesma, explicó que los siniestros son más frecuentes entre los inmigrantes debido a que este colectivo ocupa puestos de trabajo con más riesgo y a que sus condiciones son más precarias que el resto de trabajadores.
Como ejemplo, explicó que el 50 por ciento de los inmigrantes trabaja en la construcción, "un sector muy castigado por la siniestralidad". Además, según datos de la EPA, el 80 por ciento de este colectivo trabaja en empleos no cualificados, frente al 40 por ciento de los autóctonos. "El incremento de la siniestralidad entre los inmigrantes está influenciado por estos factores, no por el hecho de que sean inmigrantes", subrayó.
Por ello, CCOO ha elaborado una guía para inmigrantes sobre accidentes de trabajo, en colaboración con Asociación Navarra para la Formación y el Empleo (Anafe). Se han editado 5.000 ejemplares en cinco idiomas (castellano, francés, inglés, árabe y ruso), teniendo en cuenta que el 50 por ciento de los inmigrante no tienen el castellano como lengua materna.
Carmen Sesma explicó que, tras mantener un encuentro con varios inmigrantes, el sindicato llegó a varias conclusiones con las que elaboró la guía. "Tienen grandes carencias informativas en materia de salud laboral, no conocen nuestro sistema de protección social, confunden prestaciones con derechos sociales, tampoco conocen el concepto de daño a la salud derivado del trabajo, y no tienen claro cuáles son los pasos que deben seguir en caso de sufrir un accidente de trabajo", explicó.
El contenido de la guía se vertebra en dos apartados. El primero está dedicado al sistema público de Seguridad Social y el segundo, al accidente de trabajo (definición, prestaciones, derechos del accidentado).
La publicación está formulada en forma de pregunta y respuesta, y el trabajador puede conocer qué tiene que hacer cuando sufre un accidente, qué derechos tiene, cuánto tiempo puede estar de baja, qué tiene que hacer la empresa o cuánto se cobra mientras se está de baja.
Según explicó el director de Anafe, Eduardo Jiménez, la guía debía ser "muy breve y muy directa". "No era tan importante cuántas cosas había que decir, sino explicar en una lectura rápida las ideas principales", explicó.
En el año 2006 se registraron en Navarra un total de 12.739 accidentes laborales con baja y en 2.552 de estos casos estuvieron implicados inmigrantes. En este colectivo, el 99 por ciento de los accidentes fueron leves, 24 fueron graves y 3 mortales.
Más del 30% de los asalariados vascos gana menos de mil euros mensuales
La renta de trabajo supone el 48,3% del PIB , seis puntos menos que en 1993
Los trabajadores con contratos temporales ganan un 25% menos, según ELA
Jose Elorrieta presentó el Informe de Coyuntura de ELA con Imanol Pascual y Mikel Noval.Foto: j. Balledor
BILBAO. El sindicato ELA aprovechó la presentación del Informe de Coyuntura para recordar que el reparto de la riqueza se está desequilibrando en contra de los trabajadores y a favor del capital al mismo tiempo que crecen las desigualdades en materia salarial. Así, según destacó el secretario general de ELA, Jose Elorrieta, desde que se inició el actual ciclo de crecimiento económico, en 1993, "las rentas del trabajo han pasado de representar el 54,7% del PIB al 48,6% en 2006".
Los bajos salarios son los responsables de esta "injusta distribución de la riqueza" puesto que en la CAV, un 30,2% de los asalariados perciben menos de 1.000 euros netos mensuales".
En la misma línea, los trabajadores con contratos temporales ganan un 25% menos que la media e, igualmente, los ingresos de las mujeres se sitúan un 14,2% por debajo del salario medio, según los datos aportados por los dirigentes sindicales.
Con todo, los asalariados de la Administración Pública son los beneficiados del sistema pues ganan un 25% más que la media.
Responsables de ELA, encabezados por su secretario general, José Elorrieta, presentaron en Bilbao el último análisis de coyuntura del sindicato, en el que vuelve a denunciar la "caída espectacular y permanente" del peso de las rentas de trabajo en la riqueza generada, cifrada en 6,4 puntos desde 1993.
Con esos datos en la mano, el sindicato se atrevió a cuantificar cuanto supone de teóricos menores ingresos para el colectivo laboral vasco el "injusto reparto de la riqueza". Así, si la participación de las rentas de trabajo el pasado año hubiese sido la misma que en 1993, éstas hubiesen alcanzado 3.970 millones de euros más de lo que supusieron y cada asalariado de la CAV hubiera ingresado 5.000 euros más de los que obtuvo.
"intereses del capital" Para Elorrieta, el elemento más negativo es que los políticos en el poder "favorecen los intereses del capital y, prácticamente, no hablan de la distribución de la riqueza". El sindicato puso de manifiesto que 2007 se presenta como el decimocuarto año consecutivo de crecimiento económico -el PIB aumentó un 3,8% en el tercer trimestre del ejercicio-, aunque con un incremento algo inferior respecto a anteriores períodos lo que, según Elorrieta, puede marcar un punto de inflexión.
Analizando la coyuntura, los responsables de ELA hicieron especial hincapié en señalar como elemento negativo la elevada tasa de inflación existente que "puede situarse en el 4%". A nivel de empleo, pese a su positiva evolución, el sindicato vasco destacó la alta tasa de temporalidad existente, casi el 28%, "lo que duplica la media europea".
ELA analizó los salarios de los trabajadores vascos en base al Censo del mercado de trabajo del País Vasco 2005 , que fija para los asalariados un sueldo neto mensual de 1.237 euros. Para ELA es llamativo que el 30,2 % de los asalariados cobre menos de 1.000 euros al mes y que el 42,7 % tenga un sueldo inferior a 1.200 euros y que los trabajadores eventuales ingresen 987 euros netos al mes. Curiosamente, los trabajadores de la Administración Pública ganan apreciablemente más que los del sector privado.
El TAV no es una necesidad de la clase trabajadora
LAB llama a manifestarse contra el TAV en Elorrio el 14 de diciembre y el 15 en Arrasate.
Ainoa Etxaide: "Derrochar 9.000 millones de euros en el TAV impedirá destinarlos a necesidades sociales".
Las instituciones están teniendo problemas para llevar a cabo la infraestructura del Tren de Alta Velocidad. Las obras van muy lentas. Decían que antes de finalizar 2007 todo el tramo desde Gasteiz hasta Bilbao estaría en obras y la realidad es que no han ido más allá de Luku (Araba). Está claro que la oposición ciudadana, los problemas en las ezpropiaciones, los claros resultados de consultas populares, etc. están suponiendo una dificultad con la que no contaban. El movimiento opositor está creciendo a medida que la población se informa.
Desde LAB denunciamos que cuando se plantean demandas sociales es harto frecuente obtener por toda respuesta "el presupuesto no es de chicle, para todo no llega...". Pero para derrochar 9.000 millones de euros en un TAV que no es en absoluto adecuado a las necesidades de movilidad de los y las vascas, para eso sí llega. Evidentemente, ese dineral saldrá de nuestros bolsillos, impidiendo que se invierta en gastos sociales como vivienda, cultura, sanidad, euskara, etc. Con ese dineral se podrían por ejemplo construir 99.530 viviendas nuevas, del tipo edificado en alquiler social o la rehabilitación de 200.000, solucionando el gran problema de la vivienda en Euskal Herria para muchas décadas.
Pero es que además el TAV no es rentable ni económica ni socialmente. Incluso el Ministerio de Fomento del Estado español lo ha declarado, produciendo un efecto regresivo en la distribución de la renta. Lo pagaremos todos y todas, para que lo utilicen unas pocas personas de las clases altas.
El TAV no responde a las necesidades de movilidad de los y las trabajadoras vascas. No se incluye en una planificación diseñada para reducir las necesidades de movilidad de la población, ni para atenderlas debidamente. La denominada Y tan sólo atenderá a menos del 0,4% de los desplazamientos motorizados de la CAPV.
Es un proyecto diseñado en Madrid y París, impuesto por los Estados a Euskal Herria, lo que supone una nueva hipoteca para el futuro soberano del país. Los Estados serán los dueños de la infraestructura, pese a que las instituciones gestoras de Hego Euskal Herria les ayuden de modo inmejorable, cumpliendo una lamentable y vergonzosa función.
Los desplazamientos en Euskal Herria están mayormente motivados por cuestiones laborales, por encima de las estudiantiles y en mucha menor medida otras como ocio, compras, etc. Es por ello que exigimos que se tengan en cuenta las características de esos desplazamientos (mayormente dentro de los eskualdes y no precisamente entre capitales), para que se modifique la planificación de infraestructuras, se ordene adecuadamente el territorio y en definitiva se dé prioridad la mejora de la calidad de vida. Pero nos encontramos con que el objetivo es imponer el TAV e incrementar la cuenta de resultados de empresarios y empresarias muy concretas.
El TAV favorecerá el desequilibrio territorial, perjudicará ostensiblemente a las zonas menos densamente pobladas y echará por tierra las esperanza que pudiéramos tener de un imprescindible cambio en profundidad de ordenación del territorio. De hecho, el Tren de Alta Velocidad favorecerá la polarización de la economía, la centralización de actividades en los grandes núcleos y contribuyendo más que ninguna otra infraestructura al progresivo empobrecimiento de las zonas rurales y la escalada de concentración poblacional en las grandes conurbaciones urbanas.
LAB mantiene pues su oposición frontal al proyecto de Tren de Alta Velocidad para Euskal Herria. Junto a su trabajo en AHT Gelditu! Elkarlana y la Red por un Tren Social, damos un paso adelante con el inicio de una campaña de información y sensibilización en los centros de trabajo. En ese marco, realizaremos diversas asambleas monográficas y movilizaciones. Estas últimas se celebrarán en:
- Elorrio, 14 de diciembre.
- Goierri, 18 de enero.
- Gasteiz, en febrero, en fecha por concretar.
- Iruñea, en marzo, en fecha por concretar.
La campaña se acompañará de diversos soportes (carteles, octavillas, etc.). También es voluntad del sindicato procurar que en diversas empresas el comité de empresa se posicione en contra del TAV. Todo ello, conjuntamente, contribuirá sin duda a fortalecer la oposición social al proyecto. Será la de los y las trabajadoras una voz a sumar al clamor popular: AHTrik ez! ¡Parad el TAV!
Por último, realizamos un llamamiento a participar en las diversas concentraciones descentralizadas convocadas por Elkarlana para el día 29 de noviembre y, sobre todo, a llenar las calles de Arrasate en la manifestación nacional del 15 de diciembre.
ALGUNOS DATOS SOBRE EL TAV.
- Es falso que el TAV favorezca el cumplimiento del protocolo de Kioto. Hablan de un ahorro de 425 toneladas de CO2 al día, cifra que no cuadra con los 27.200 litros de combustible que supuestamente se ahorrarían al día (equivalentes a 36 toneladas de CO2). De todos modos, es una cifra ridícula comparada con la de 1.375.370 toneladas de CO2 que se emitirían en la construcción. Habrían de pasar más de 100 años para que la Y comenzara a restar emisiones de dióxido de carbono.
- El proyecto denominado "Y vasca" solo absorbería el 0,32% de los desplazamientos motorizados.
- El TAV en Euskal Herria se prevé tenga 460 km de longitud, 105 km de túneles, extracción de 4,1 millones de Tm. para hormigones de los túneles y 2 millones de Tm. para piedra para capa. Se construirían 70 viaductos.
- 331 explotaciones agroganaderas se verán directamente afectadas por el trazado en Hego Euskal Herria.
- Los alrededor de 9.000 millones de euros que se prevé derrochar equivalen al coste de 99.530 viviendas nuevas, del tipo edificado en alquiler social o la rehabilitación de 200.000.
- Según el Ministerio de Fomento de Madrid, la rentabilidad social media de la Y es del 2,41%, muy lejos del 6% mínimo considerado exigible a la inversión pública.
- Los precios del corredor Madrid-Sevilla en AVE sólo cubren un 25% de los costes totales. Los gobiernos ocultan los estudios de viabilidad económica, los precios de billete previstos, etc. porque las cuentas no salen. El déficit será escandaloso.
- El consumo energético de un tren a 225 km/h es similar al de un avión moderno.
- Personas expertas cifran en 12-15 millones de pasajeros/as al año como mínimo la capacidad de generación de un corredor de alta velocidad su rentabilidad social. La Y generaría 3-4 millones.
- Según el PEIT del Estado español 2002-2020, la alta velocidad recibirá tres cuartas partes de la inversión ferroviaria interurbana, lo que supone el 33,5% de la inversión total. La alta velocidad ferroviaria supone la inversión con menor rentabilidad social de todas las que se pueden realizar en materia de transporte. Las inversiones y las mejoras en redes de ferrocarril convencional ofrecen una rentabilidad muy superior. La alta velocidad ferroviaria es calificada por numerosas personas expertas como el paradigma de la inversión ineficiente.
- Según el Gobierno de Lakua, la Y retiraría de las carreteras 1.000 camiones, 2% de los que circulan por las carreteras de la CAPV a diario (50.000).
- Pese a lo mucho que recurre el Gobierno de Lakua al argumento de que la Y reduciría los costes externos del transporte, ese supuesto ahorro no legaría ni al 1%.
martes, 27 de noviembre de 2007
País Vasco: políticas económicas neoliberales y proempresariales
Segundo plan de inclusion social 2007-2009 de lakua
Lakua otorgará más ayudas a las empresas que a los pobres en 2008
El segundo Plan de Inclusión Social 2007-2009 destina el próximo año 298,7 millones a renta básica, ayudas de emergencia, etc, pero no es ni la mitad de la cantidad que el Gobierno de Lakua perdonará a los empresarios en impuestos.
Juanjo BASTERRA | BILBO
La Comisión de Trabajo y Acción Social del Parlamento de Gasteiz perdió ayer otra oportunidad para tomar decisiones y actuaciones efectivas con el fin de terminar con la pobreza y la exclusión social en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. El segundo Plan de Inclusión Social 2007-2009 se aprobó con los votos del tripartito (PNV, EA e IU) y el PSE. Es un compendio de actuaciones que ya están en marcha, que se reactualizarán en este trienio y algunas nuevas de «escaso calado», según manifestaron a GARA los organismos sociales que trabajan en contra de la pobreza.
A su juicio es «bastante continuista» con la política de protección social que está aplicando el Ejecutivo de Lakua y, desde luego, «no actúa» en la raíz de los problemas teniendo en cuenta la gravedad de la situación, ya que la pobreza aguda afecta de forma directa a 45.804 hogares, es decir 110.000 personas, y otras 413.000 personas, una de cada cinco de la CAV, se encuentra «en riesgo de perder el bienestar adquirido».
El presupuesto del plan muestra que en 2007 se gastarán 238 millones, un año después subirá a 298 millones y terminará su vigencia con 343,5 millones. De todas las partidas, la mayor es para la renta básica que, a juicio de los organismos sociales, «crece porque la demanda está aumentando, porque si se compara con la inflación real está perdiendo peso específico».
Según explicó el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, este segundo plan «es continuación del Plan de Inserción aprobado en 2003 y cuyo período de vigencia concluyó en 2005». Según dijo, «supone una puesta al día, un fortalecimiento y una mejora de nuestro modelo vasco de inserción y de protección social». Aunque esa declaración está lejos de la realidad, puesto que hay que recordar al Gobierno de Ibarretxe que la CAV se encuentra alejada en siete puntos de la media europea en gasto social y, sin embargo, la evolución del PIB per cápita sitúa a Araba, Bizkaia y Gipuzkoa entre los cinco primeros países de la Unión Europea en 2005.
Esta situación desequilibrada demuestra que la enorme riqueza que se está generando en suelo vasco está muy mal repartida y está creando una dualización social profunda, con la que el Ejecutivo de Gasteiz no está dispuesto a terminar, sino a perpetuar con su política social, la misma que perdona el pago de 632,1 millones a los empresarios en el Impuesto de Sociedades de 2008, pero que destina a la Renta Básica, según los datos aportados ayer, 200,3 millones, otros 47,6 millones a complementos de vivienda y 15,7 millones más a Ayudas de Emergencia social, y, entre otras cantidades, 6,6 millones a complementos de pensiones de viudedad.
En total, con todas estas partidas para 2008 que figuran en el segundo Plan de Inclusión Social suman 298,7 millones para el próximo año, menos de la mitad de lo que se va a perdonar el próximo año a los empresarios, que llevan quince años obteniendo récord en sus beneficios económicos, mientras que los salarios reales de los trabajadores han caído en ese plazo. Según los datos de Azkarraga, el objetivo del plan es reducir del 3,7% al 3% la pobreza severa de la población vasca. En la comisión parlamentaria aseguró que «en lo que se refiere a situaciones de pobreza grave o severa, la situación de la CAV es más favorable que la registrada en la mayor parte de los países que conformaban hasta 2004 la UE. Tiene una incidencia del 3,7% frente al 4% de Francia o al 7% del Estado español», precisó.
Sin embargo, el movimiento a favor de los derechos sociales de Euskal Herria, Elkartzen, rebate los argumentos estadísticos, ya que los consideran que «están maquillados, para que no se sepa el peso importante de la pobreza en nuestro pueblo». Según indicó un portavoz de ese movimiento, «esa apreciación es falsa», es «un artefacto estadístico», ya que no se parte de un nivel equilibrado de rentas en la CAV y Europa para determinar la «mediana que supone la pobreza más severa». Desde ese organismo, se recuerda a Azkarraga que «la pobreza relativa, según sus datos, alcanzan al 16,5% de la población, pero sería más alta. Es un diagnóstico muy complaciente y, desde luego, se debería de establecer el mismo a través del peso de las rentas en relación a la riqueza que se genera, que se constata dentro del PIB per cápita».
Feminización de la pobreza
El titular de Empleo y Asuntos Sociales, por otro lado, reconoció que se ha agravado «la feminización de la pobreza y la monoparentalidad, ya que es cinco veces superior en personas dependientes de una mujer que de un hombre y el riesgo de pobreza entre familias monoparentales ha pasado del 6,4% al 11,3%». También precisó en su intervención ante la comisión parlamentaria que la concentración de la pobreza en torno a las capitales «está creciendo», ya que de representar «el 42% de la pobreza en el año 2000 se pasó al 62% en 2004».
Azkarraga reconoció que «los bajos salarios y el deteriroro de la capacidad protectora del empleo son un foco de pobreza, ya que es un problema para un 14% de los hogares». Esto tiene mucho que ver con la precarización del mercado laboral.
En este caso, desde Elkartzen se afirma que el impacto de la excesiva temporalidad que sufre el mercado laboral vasco «tiene un efecto negativo más alto que el que nos indica el Gobierno de Gasteiz».
Asimismo, el movimiento a favor de los derechos sociales de Euskal Herria critica que el 90% del pago de las ayudas de emergencia social (AES) se destinan a pagar «los alquileres a precios del mercado, que está en manos privadas, por lo que se entra en el juego de la especulación inmobiliaria. Esa no es la solución real. Lo saben. Se tendría que imponer un alquiler social para los más necesitados».
Mientras el Gobierno Ibarretxe se muestra orgulloso de haber conseguido situar a la CAV entre los primeros cinco países con una riqueza más elevada, según el PIB, todavía hay 110.000 personas que viven en la pobreza severa y más de 412.000 están a un paso de engrosar esas estadísticas de exclusión social.
821
Elkartzen ha realizado un trabajo exhaustivo para fijar el umbral de la pobreza en Hego Euskal Herria siguiendo las corrientes europeas sociales. Así serían 821 euros y catorce pagas.
632,1
es la cantidad que el Gobierno de Lakua perdonará en el Impuesto de Sociedades a los empresarios en 2008, mientras que a esa política de inclusión social destinará bastante menos: 298,7 millones.
2 de 3
de la CAV con ingresos similares al umbral de la pobreza se encuentran en Bizkaia, según a la plataforma social Berri-Otxoak, que el 42,3% tiene dificultades para llegar a fin de mes.
Nekane Erauskin, portavoz de Ezker Abertzalea, llevó el peso crítico de este plan «continuista» en la comisión parlamentaria. A su juicio, «no actúa contra la precariedad laboral, ni fija una renta básica digna y suficiente, lo mismo ocurre con el derecho a la vivienda». Según la portavoz abertzale, «la exclusión social no es sólo una materia económica, sino que a los desfavorecidos se les debe garantizar el derecho a la salud, a la educación, a las guarderías, a los centros de la tercera edad». Erauskin, que coincide con los planteamientos que Elkartzen hizo públicos a comienzos de mes, «se debe combatir el salario mínimo interprofesional, porque está infravalorado y del mismo dependen la renta básica las pensiones de mucha gente que están por debajo del umbral de la pobreza». Por ese motivo, Nekane Erauskin planteó que el SMI sea el 50% del PIB per cápita y el salario social el 37,5%, de tal manera que «se situaría en ese punto el umbral de la pobreza, para que ningún salario sea inferior a esa cantidad». También reclamó en nombre de EHAK que se cubra el 100% de las necesidades de las Ayudas de Emergencia Social; que el Gobierno de Lakua asegure todos los servicios de calidad a quienes se encuentran en exclusión social y que «se contemple el alquiler social de viviendas como derecho». PNV, EA, IU y PSE aceptaron la propuesta de estudio del umbral de la pobreza y la aplicación de todos los servicios públicos a los excluidos.
Ezker Abertzalea se abstuvo en las propuestas del Tripartito y el PSE, porque creen que «este plan no es suficiente para dar respuesta a las necesidades de la población y se debe establecer un umbral de la pobreza digno para que nadie esté por debajo de esa cantidad». Erauskin considera que «es insuficiente» y que «se ha perdido otra oportunidad
El secretario general adjunto de ELA, Adolfo Muñoz, Txiki, aseguró ayer en una colaboración que la «ortodoxia neoliberal» de los gobiernos autonómicos de Hego Euskal Herria provocan «superávit crecientes en las cuentas públicas». Sin embargo, el gasto en protección social y en otras áreas está disminuyendo, lo que para él supone un contrasentido.
A este respecto, Muñoz indica que las Adminitraciones de la CAV lograron en 2006 un superávit de 1.150 millones y 872 millones en el 2005. En Nafarroa el dinero que no se gastó el Gobierno de Sanz alcanzó los 113 millones en 2006. El dirigente de ELA critica directamente al consejero de Sanidad del Gobierno autonómico, Gabriel Inclán, «porque nos dice que habría que pagar más impuestos para hacer frente a las necesidades de la sanidad pública. No es serio. La política está invadida de frivolidades y las de Inclán merecen un premio», añadió.
Muñoz afirmó que «cuando el consejero de Sanidad habla de subir los impuestos lo hace en tono de amenaza. Lo dice un miembro del Gobierno que toma decisiones para ahorrarles impuestos a las rentas altas y empresariales». Señaló que con la última reforma del IRPF «permitirá a las rentas altas que no paguen 446 millones. Regala esa cantidad a los más ricos».
El responsable de ELA escribe que el pasado 13 de noviembre militantes de esa formación se concentraron en el Kursaal en unas jornadas sobre fiscalidad, con una pancarta ante los representantes de las haciendas y delegaciones extranjeras que decía «bienvenidos al paraíso fiscal vasco». A su juicio, «por la vía de ingresos no hay progresividad fiscal» y pide «más gasto social».
miércoles, 21 de noviembre de 2007
CCOO RETOMA LA MOVILIZACIÓN EN EL COMERCIO POR EL NO DE LA PATRONAL AL DESCANSO SEMANAL
sábado, 17 de noviembre de 2007
106 Muertos y aquí no pasa nada
LAN OSASUNA 2007 1
Hoja informativa de STEE-EILAS 15 DE NOVIEMBRE
Accidentes de trabajo del 2007: http://www.gara.net/gaiak/lanistripuak
MUERE UN JOVEN TRABAJADOR DE 22 AÑOS EN UNA EXPLOSIÓN DE MAGNESIO EN UNA FÁBRICA DE ELORRIO
Otros 4 trabajadores resultaron heridos, dos de ellos de gravedad
Ayer, 14 de noviembre, en Leunketa, una pequeña empresa de
Elorrio ocurrió un grave accidente laboral. 2 trabajadores de una
contrata realizaban labores de soldadura en el techo de la fábrica.
Las chispas de la soldadura cayeron sobre un saco que contenía polvo de magnesio, que explotó, afectando a los trabajadores que se encontraban en las inmediaciones.
El magnesio en polvo es un metal inflamable y cuando le cayeron las chispas, el incendio fue inmediato. «Las llamas llegaban hasta el techo y el calor era insoportable», manifestó un testigo del accidente.
Es posible que los trabajadores echaran agua con la intención de apagar el fuego y que ello avivara aún más el incendio, ya que echar agua sobre el magnesio en polvo puede provocar explosiones. Las llamas hirieron de muerte al joven trabajador y dejaron heridos a otros 4 compañeros, entre los que se encontraba el dueño de la empresa y su hijo.
Entre los factores desencadenantes de este accidente podemos resaltar los siguientes:
1.- Desconocimiento de las característica de los productos existentes en la empresa.
Las características del magnesio en polvo y los riesgos que puede generar aparecen muy claramente en la Ficha de Datos de Seguridad del producto. Esa ficha hay que pedirsela al distribuidor cuando se adquiere elproducto. Si no, también la podemos obtener a través de internet::http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0289.htm En la ficha aparece muy claramente indicado que el polvo de magnesio es inflamable. Si le cae cualquier chispa arde con facilidad y el humo que genera es tóxico. Si las partículas de polvo de magnesio se esparcen por el aire pueden estallar con facilidad.
En la ficha también aparece muy claro cómo se debe apagar el magnesio en polvo si es que se ha producido un incendio. Debe utilizarse arena seca, ya que si se utiliza agua se poducirá una explosión.
Por si esto fuera poco, hace sólo unos meses hubo un aviso rotundo para las empresas que utilizan magnesio. En el mes de julio se produjo otra explosión en una empresa de Abadiño, en la que 9 trabajadores resultaron heridos.
2.- Falta de coordinación entre las empresas
Cuando se contrata una empresa externa para realizar obras, reformas o instalaciones en un lugar de trabajo, la empresa contratante debe comunicar a la contratada qué riesgos existen en esa empresa y qué medidas de prevención han de tomarse. Con esos datos, la empresa contratada podrá programar su actividad de manera segura.
El Real Decreto 171/2004 desarrolla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y especifica cómo debe ser la coordinación de actividades de las empresas cuya actividad coincide en el mismo lugar de trabajo. El texto del RD está en: http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/art24_lprl.htm
3.- Dificultades específicas de las empresas muy pequeñas
Para las empresas muy pequeñas no es nada fácil organizar la prevención. En teoría, las Mutuas debieran de asesorar especialmente a este tipo de empresas. Al menos para esa función han recibido una importante cantidad de dinero procedente de la Fundación para la Prevención. Sin embargo, esta actividad no parace figurar entre sus prioridades, que se inclinan más hacia la gestión de las bajas comunes.
martes, 13 de noviembre de 2007
La CE y el Eurogrupo vuelven a alertar sobre la disminución de peso de los salarios
El primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, quien también ocupa la presidencia del Eurogrupo, sugirió, para remediar esta situación, apostar por una mayor participación de los trabajadores en los beneficios empresariales.
Juncker también consideró conveniente "controlar los sueldos de los directivos" y apuntó, en concreto, al problema de equidad que plantean las elevadas indemnizaciones que cobran los ejecutivos de algunas empresas cuando abandonan su cargo.
Por parte de la Comisión, el responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, recalcó que la disminución del peso de los salarios en la riqueza total no se debe a la moderación de los últimos años, sino al cambio de la estructura de producción y a la reducción del número de trabajadores autónomos y el aumento de los asalariados.
En opinión de Almunia, esa caída no puede identificarse de forma automática con un reparto desequilibrado de la riqueza y recordó que, para compensarlo, los gobernantes (en especial en Europa, donde predomina el modelo del Estado de Bienestar) tienen a su alcance políticas redistributivas.
grupo 01
Movilizaciones en la Enseñanza Pública de la CAV
Durante la semana que hoy comienza se van a producir movilizaciones en la Enseñanza Pública no universitaria de la CAV en contra de los discriminatorios complementos retributivos implantados recientemente para el profesorado.Estos nuevos y discriminatorios incentivos retributivos son parte del acuerdo en minoría suscrito en junio pasado entre el Departamento y CCOO. De acuerdo con lo pactado entre ellos, por primera vez en la historia se ha implantado un plus salarial para el personal titular de una tutoría, dejando fuera al personal especialista.Además, se deja también sin plus salarial, aun realizando el mismo trabajo, al personal que sustituye al titular de la tutoría, al personal de Educación Permanente de Adultos y a parte de los/as tutores/as de Formación Profesional.Este discriminatorio sistema ha provocado un fuerte malestar en los centros y son ya numerosos los escritos, quejas e iniciativas que los propios/as afectados/as han elaborado e iniciado. Se están generando también problemas de convivencia y funcionamiento en los propios centros que, de no corregirse cuanto antes, pueden tener serias repercusiones.Por ello –con objeto de denunciar esta situación a la que nunca se debió llegar, y exigir la universalización de estos incentivos– los sindicatos ELA, STEE-EILAS y LAB han convocado para esta semana diversas concentraciones en las capitales de la CAV.
grupo 01
UGT y CCOO demandan una directiva marco sobre Servicios Públicos en Europa
Manuel Bonmati ha explicado que esta iniciativa forma parte de una campaña promovida por la Confederación Europa de Sindicatos (CES) en el ámbito europeo, y que UGT y CCOO desarrollarán en España, de manera intensiva, en la primera quincena de noviembre. Las dos organizaciones sindicales pretenden contribuir a recoger un millón de firmas entre los trabajadores europeos con el fin de reclamar a la Comisión Europea que promueva una directiva marco sobre servicios públicos en la UE.
El responsable de Política Internacional de UGT ha recordado que los servicios públicos constituyen uno de los pilares del modelo social europeo y resultan fundamentales para la cohesión territorial y social y para el bienestar de todos los ciudadanos.
Los responsables de UGT y CCOO consideran que, para preservar y
promover los servicios públicos en España y Europa, es necesario establecer un marco regulador que asegure la prevalencia del interés general sobre las leyes del mercado.
Julio Lacuerda, Secretario General de FSP-UGT, ha señalado que asistimos “a un deterioro permanente y continuo de los servicios públicos esenciales” debido a los procesos de privatización.
Lacuerda ha manifestado que hasta el momento la UE sólo ha promulgado normas que han añadido “complejidad e incertidumbre legal”, y que la mejor manera de conseguir los objetivos propuestos es a través del Diálogo Social.
grupo 01
CC.OO. pide al Gobierno que apoye la decisión de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo sobre la norma REACH
CC.OO. pide al Gobierno español que secunde este apoyo en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, que se reunirá en las próximas semanas para decidir el alcance de la norma REACH (Registro, Evaluación y Control de las Sustancias Químicas, en sus siglas en inglés).
CC.OO. se congratula también de que la Comisión de Medio Ambiente haya recogido en su propuesta de normativa REACH medidas de vital importancia para la salud de los trabajadores y para el medio ambiente, como son el deber de los empresarios de elaborar un informe de seguridad química de todas las sustancias producidas en cantidades que oscilen entre la tonelada y las diez toneladas al año, o el que los empresarios sean responsables de las sustancias químicas que se comercializan en Europa. Estas medidas contribuirán a que se tenga un mayor control de más de 20.000 sustancias químicas.
grupo 01
lunes, 12 de noviembre de 2007
Trabajo no pagado representa casi mitad del PIB
Un estudio de funcas desvela que supone el 42,5% del PIB
El trabajo doméstico no remunerado representa 35.000 millones cada año
El trabajo doméstico no remunerado, que es realizado de forma mayoritaria por las mujeres, representa el 42,5% del PIB del Estado español, según un estudio realizado para la Fundación de Cajas de Ahorros. Esa evaluación trasladada a Hego Euskal Herria muestra que el trabajo doméstico supone alrededor de 35.000 millones anuales. Esa realidad es invisible para las administraciones públicas porque, de lo contrario, tendrían que subsanar esa discriminación.
Juanjo BASTERRA | BILBO
«¿Cuánto vale el trabajo doméstico?». Es una interpelación necesaria para conocer la realidad económica en su totalidad y, en su caso, resarcir con una compensación a quienes lo desarrollan, mayoritariamente las mujeres. Se oculta porque se conoce que hacerlo visible generaría la necesidad de avanzar hacia una solución en esa desigualdad social y económica que siempre ha sufrido una parte muy mayoritaria de la población femenina.
Hoy en día supone, además, una contradicción clara que se desconozca el valor del trabajo doméstico y, en cambio, en cualquier otra actividad productiva todo se traduzca a dinero para dimensionar si es rentable y competitiva. Algunos estudios estiman que esa falta de cuantificación económica del trabajo doméstico dentro de la riqueza generada en cada país o región supone una «ocultación» de una actividad esencial. Esa invisibilidad del valor de ese trabajo alcanza «hasta un 50% del total del tiempo de trabajo y de la producción final de un país», lo que representaría entre un 30% y un 50% del Producto Interior Bruto (PIB).
María Luisa Moltó, del Institut Universitari d'Estudis de la Dona (UED) (Universidad de Valencia), y Ezequiel Uriel, de la Universidad de Valencia, avanzan en la cuantificación económica del trabajo doméstico en un estudio publicado en el último número de «Cuadernos de Información Económica», que edita la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas). Llegan a la conclusión, sobre datos desglosados y cerrados de 2003, que «el número total de horas dedicadas al trabajo no remunerado es del orden de 46.000 millones anuales con un valor que asciende a 332.506 millones, lo que supone que se generan anualmente 7.916 euros per cápita en la producción doméstica y de voluntariado». Esos datos están referidos al conjunto del Estado español, pero los dos profesores universitarios trasladan ese peso del trabajo no remunerado al PIB, lo que les lleva a la conclusión de que supone el 42,5% del PIB (467.500 millones en 2007).
Esta proyección económica trasladada al PIB de Hego Euskal Herria nos llevaría a determinar que el trabajo doméstico no remunerado supone al año, al menos, una cantidad que ronda los 35.000 millones, que nadie compensa. Un estudio anterior (2003) realizado por Eustat determinaba que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa el trabajo no remunerado alcanzaba al 33%. En otro de Catalunya representaba el 40% y el 37%, en Galicia. El porcentaje de aportación de las mujeres oscilaba en los tres casos analizados entre el 62,5% y el 75% a nivel general.
Ambos reconocen que, a diferencia de cualquier otro tipo de trabajo, «el doméstico no tiene horario, ni vacaciones, siendo imprescindible y muchas mujeres deben compatibilizar con otro empleo en una jornada diaria, porque en muchas familias no se puede pagar un salario de sustitución». Moltó y Uriel afirman con rotundidad que está «fuera de toda duda» que el trabajo doméstico y de voluntariado «no tenga valor». Por lo que se preguntan, porqué los gobiernos «que miden anualmente todo lo que se produce en un país», ya sea bienes o servicios proporcionados a todos de forma gratuita, aunque pagados con impuestos de todos, como son la Sanidad y la Enseñanza, «o bien servicios previo pago cuando se reciben de empresas y compañías privadas, no dedican los recursos necesarios para medir de forma sistemática lo que costaría el mantenimiento cotidiano de los hogares en todo el país». Esta inquietud de los dos profesores no encuentra una respuesta clara dentro de su informe. Los gobiernos tratan de mantener invisible ese problema con el único fin de no abordarlo. En este sentido, Robert Eisher, ex presidente de la organización American Economic Association, ha reconocido que la realidad de ese problema «no es tanto la invisibilidad del trabajo doméstico realizado por las mujeres, como la visión distorsionada de la economía, provocada por su exclusión».
La realidad demuestra que con la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, ésta sufre discriminación salarial y laboral, y además tiene que acudir a su casa a continuar, en la mayoría de las ocasiones, a seguir trabajando. En el estudio de María Luisa Moltó y Ezequiel Uriel se reconoce con absoluta claridad que «por regla general, las mujeres dedican más tiempo a las actividades de trabajo no remunerado que los hombres en todos los grupos de edad.
Según el cálculo del uso del tiempo, la mujer emplea cuatro horas y cincuenta y tres minutos en el trabajo no remunerado, lo que significa casi el triple que la hora y cincuenta y tres minutos de los hombres.
La importancia de la evaluación del trabajo remunerado radica, según explica Evelyn Shapiro, de la Universidad de Manitoba (Canadá), en la necesidad de hacer un seguimiento de la actividad económica y de la injusticia que supone.
de trabajo y la producción final de un país está fuera de los medidores de la actividad económica y de la riqueza que genera. Es un problema grave, porque además genera una discriminación bruta.
46.000
se dedican al año al trabajo no remunerado, según el trabajo que recoge Funcas. Tienen un valor ascendente de 332.506 millones de euros, lo que genera anualmente 7.916 euros per capita.
73,4%
del Estado español participa en el trabajo no remunerado. Los datos para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, Catalunya y Galicia indican que oscila entre un 62,5% y un 75% esa participación de la mujer.
En diversas comparaciones internacionales y con otros estudios similares que determinan el valor del trabajo no remunerado, los autores constatan que «son más heterodoxas». Entre las causas de estas diferencias en el cálculo final, se encuentran los distintos salarios que se producen y también de cultura horaria del trabajo. Hay que tener en cuenta que los datos sobre los salarios medios del Estado español son «bastante inferiores» a los que se producen en otras economías de la Unión Europea y de los países desarrollados a nivel mundial.
María Luisa Moltó y Ezequiel Uriel confirman que en Nueva Zelanda y Australia «presentaban en 1992 valores del trabajo no remunerado del 42% y 44% del valor del PIB, respectivamente, muy próximos al porcentaje que en los estudios se produce para el caso español, tanto en 1996 como en 2003». En países como en Noruega y Alemania, sin embargo, «se encuentran por debajo de la media» del 42,5% español, ya que alcanza el 38% y el 32% respectivamente. El estudio señala que el caso de Japón es «paradigmático, al mostrar el impacto de las diferencias culturales tanto en el valor del trabajo no remunerado, con un porcentaje de PIB de tan sólo un 15,2%, como en cuanto a la aportación de las mujeres del trabajo no remunerado que es particularmente elevada, con un 88,6%». En cuanto a los porcentajes de participación de las mujeres en el trabajo no remunerado se observa que Japón es el país donde es mayor, aunque en el Estado español alcanza también al 73,4% de las mujeres, lo que muestra la importancia de este sector productivo oculto a las estadísticas oficiales de generación económica.
En Australia, el 66% de las mujeres participa del mismo, mientras que Nueva Zelanda y Noruega se mueven en el 65% y Canadá, en el 60%.
Estos datos aportados en el estudio de Funcas resaltan la tremenda desigualdad existente en la economía, que no cuantifica en dinero el trabajo en los hogares. Esa discriminación se produce a nivel internacional y fija una brecha entre hombres y mujeres que es muy elevada. Porque también se ve en la muestra sobre el tiempo medio diario no remunerado en distintos países que la mujer dedica en casi todos más del doble, incluso el triple, del tiempo que los hombres a las tareas domésticas.
La diferencia media se encuentra entre unas cinco horas y treinta minutos que dedican las mujeres a las dos horas y cuarenta minutos de los hombres, según los datos más elevados de ambas partes.
En Japón y en Italia, según los datos de los profesores universitarios, las diferencias son muy apreciables, ya que se cuadruplica el tiempo dedicado a las tareas no remuneradas en el hogar por parte de las mujeres en relación a los hombres. En el Estado español casi se triplica, lo mismo que en Austria. En Dinamarca, Estado francés, Alemania, Holanda, Suiza y Finlandia, entre otros, las mujeres emplean el doble.
En el otro lado de la balanza se encuentran las mujeres que sí trabajan en el servicio doméstico en aquellos hogares que se pueden permitir ese gasto. Según los datos de la Seguridad Social, en Hego Euskal Herria existen 16.470 trabajadores en este servicio doméstico. Tres de cada cuatro son trabajadoras continuas y es donde mayor inmigración se está concentrando en los últimos años, según reconocen esas estadísticas oficiales. Se calcula que ese número es tan sólo una tercera parte de las trabajadoras que realizan ese servicio, dado que existe «bastante fraude» y una «explotación» de una gran parte de quienes realizan ese tipo de trabajo. En estos momentos, el Ministerio español de Trabajo y Asuntos Sociales trabaja en una nueva ordenación del Régimen Especial de Empleadas del Hogar para acercar a ese sector al Régimen General de la Seguridad Social. Todavía sólo se conocen algunos elementos introducidos, pero desde el propio sector se exige que el trabajo semanal no supere las 40 horas. En algunos casos, a esas trabajadoras se les obliga a computar jornadas superiores a las doce horas diarias. La nueva regulación obligará a quien contrate a que informe del mismo a los Servicios Públicos de Empleo, para lo que se firmará una relación laboral por escrito, ya que en la actualidad la mayoría son de palabra. Se consensuará la jornada laboral con la trabajadora y «los despidos no podrán ser sin causa justificada». En caso de cese obligatorio, la indemnización se equipararía al resto de los sectores productivos. Deberán cotizar, pero tendrán prestaciones.
domingo, 11 de noviembre de 2007
los sindicatos estudian demandar a osakidetza
Estos sindicatos recordaron que representan al 90% de la plantilla de Osakidetza y que rechazaron el «chantaje de la ruptura de equilibrio de las tablas salariales y carreras profesionales discriminatorias injustas».
Añadieron que la carta «ha venido acompañada de amenazas e intimidaciones por parte de las direcciones de algunos centros para intentar evitar la protestas. Finalmente, anunciaron que continuarán con las movilizaciones ya que no dan por cerrada la negociación ni el conflicto de la sanidad.
Por su parte, el Consejo de Administración de Osakidetza aprobó ayer el preacuerdo alcanzado con el Sindicato Médico de Euskadi (SME) de condiciones de trabajo de su personal y que rechaza el resto de sindicatos.
Según Osakidetza, las medidas acordadas en este convenio suponen la consolidación de la plantilla de facultativos e implican «una mejora directa de los servicios que se prestan a la ciudadanía», así como mejoras en Atención Primaria y Especializada.
viernes, 9 de noviembre de 2007
Real Decreto-Ley 13/2005 sobre patrimonio sindical
Artículo único. Modificación de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado.
La disposición adicional cuarta de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado, queda redactada como sigue:
«Disposición adicional cuarta.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, quedarán excluidos de esta los bienes y derechos que a la entrada en vigor del Decreto de 13 de septiembre de 1936 pertenecían a las organizaciones sindicales
o a personas jurídicas afiliadas, asociadas o vinculadas a aquellas, ya entonces existentes.
Tales bienes y derechos serán reintegrados en pleno dominio a dichas organizaciones debidamente inscritos a su nombre por cuenta del Estado o, en su caso, a aquellos sindicatos de trabajadores que acrediten ser sus legítimos sucesores, previa solicitud de los beneficiarios antes del 31 de enero de 2006.
También serán reintegrados a las mencionadas organizaciones sindicales, con los mismos requisitos y en las mismas condiciones, aquellos bienes y derechos que, habiendo pertenecido a una organización sindical o a una persona jurídica de naturaleza mercantil, cooperativa o fundacional, que hubiera estado afiliada, asociada o vinculada a aquella en el momento de la entrada en vigor del Decreto de 13 de septiembre de 1936, no se incorporaron al patrimonio de la antigua organización sindical por consecuencia o efecto de lo previsto en una disposición legal o reglamentaria.
2. Sin embargo, si los bienes o derechos pertenecientes a las organizaciones sindicales o a las personas jurídicas mencionadas en el apartado anterior no pudieran ser reintegrados, por cualquier causa, conforme a lo dispuesto en dicho apartado, el Estado compensará pecuniariamente su valor, considerando como tal el normal de mercado que a la entrada en vigor de esta ley tendrían los citados bienes y derechos de haber seguido perteneciendo a aquellas, aplicando a la cantidad resultante el interés legal del dinero desde dicha entrada en vigor hasta el último día del mes anterior al que se acuerde la compensación.
Los bienes muebles situados dentro de los inmuebles se valorarán en un tres por ciento del valor de compensación de estos últimos.
Dicho valor será fijado en cada caso por decisión del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y previo informe del Ministro de Economía y Hacienda.
3. Los bienes y derechos cuya reintegración no se solicite en el plazo establecido se inscribirán a nombre del Estado y será de aplicación la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y sus normas de desarrollo.»
Disposición transitoria única. Procedimientos administrativos en tramitación.
Este real decreto-ley será de aplicación a los procedimientos iniciados a partir de la entrada en vigor de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto-ley.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 28 de octubre de 2005.
JUAN CARLOS R.
El Gobierno aprueba compensar a CNT y ELA con 8,2 millones en concepto de patrimonio histórico
19 de octubre de 2007, 15h02 | ||
El Gobierno aprobó hoy una dotación de 8,2 millones de euros, procedentes del Fondo de Contingencia, para compensar a la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) y a Eusko Langileen Alkartasuna (ELA) por los bienes del patrimonio sindical histórico perdidos. MADRID, 19 (EUROPA PRESS) El Gobierno aprobó hoy una dotación de 8,2 millones de euros, procedentes del Fondo de Contingencia, para compensar a la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) y a Eusko Langileen Alkartasuna (ELA) por los bienes del patrimonio sindical histórico perdidos. Según la Ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado de 1986, los bienes y derechos que a la entrada en vigor del Decreto de 13 de septiembre de 1936 pertenecían a organizaciones sindicales o personas jurídicas afiliadas, asociadas o vinculadas a ellas, deben ser reintegrados en pleno dominio a dichas organizaciones. Asimismo, dispone que en el caso de aquellos bienes o derechos pertenecientes a organizaciones sindicales que no pudieran ser reintegrados por cualquier causa, deben ser compensados pecuniariamente por su valor por el Estado. En aplicación de esta disposición legal, las citadas organizaciones sindicales presentaron solicitudes de reintegración de inmuebles o de compensación de los mismos o de cuentas bancarias, que, según el Ejecutivo, han sido valorados con los criterios establecidos en la Ley.
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CNT y Patrimonio Sindical Histórico
La CNT ha presentado hoy una demanda ante el Tribunal Supremo sobre Patrimonio Histórico
Secretaría de Prensa y Comunicación del Comité Nacional de CNT-AITDurante la mañana de hoy jueves una representación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), encabezada por el Secretario de Patrimonio del Comité Nacional, Juan Ariza, se ha personado en la sede del Tribunal Supremo para presentar una demanda contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2006, referente a la devolución del Patrimonio Sindical Histórico.
La devolución de este Patrimonio, que afecta, sobre todo, a las centrales históricas UGT y CNT, se inició en 1986, y ha sido casi 20 años después cuando, con el actual Gobierno, se ha reactivado con el objetivo de dar por finalizado un proceso que ya se alarga demasiado en el tiempo. A tal fin, con fecha 28 de octubre de 2005 se promulgó un Real Decreto-Ley que fijó como fecha tope para la entrega de expedientes de devolución por parte de las centrales afectadas el 31 de enero de 2006.
El 24 noviembre de este último año, el Consejo de Ministros aprobó la devolución o compensación de un primer bloque de bienes a las centrales UGT (por valor de algo más de 148 millones de euros) y CNT (por valor de 2,4 millones de euros), diferencia que ya en su momento fue criticada tanto desde la CNT como desde diversos ámbitos y foros por no responder a la realidad que el sindicato tuvo durante y con anterioridad a la Guerra Civil, llegándose a calificar el proceso de devolución del Patrimonio, por parte de CNT, como un “insulto a la memoria histórica”.
Por medio del acuerdo del Consejo de Ministros referido, se devolvieron a la organización 3 inmuebles y se compensaron otros 33, desestimándose 141 inmuebles, 23 saldos bancarios y un bien mueble.
En la demanda que hoy se ha presentado ante el Tribunal Supremo, dirigida contra la Administración, se recogen un total de 33 inmuebles en los que el sindicato no está de acuerdo con la interpretación que ha hecho el Estado, ya sea por denegar su devolución o bien por aplicar criterios de valoración que la CNT no considera válidos.
Los motivos de estas reclamaciones son varios:
-En algunos casos, la petición del sindicato se dirige a la valoración que ha hecho la Administración a la hora de fijar la compensación económica de los bienes. Esta es la situación de 9 inmuebles en los que sólo se compensa el valor del terreno, ignorando el edificio que estaba construido en éste en el momento de la incautación por las tropas franquistas.
-En otros casos, el Estado ha aplicado una valoración de los inmuebles realizada en 1985, tomando en consideración por tanto el estado de ruina en que se encontraban en esa fecha los edificios.
-Por otro lado, la ley establece que el Estado debe aumentar en un 3% el valor de cada inmueble cuya propiedad reconozca a CNT, en concepto de los bienes muebles que pudiera haber en su interior en el momento de la incautación. En varios de los casos objeto de reclamación, la CNT solicita este importe adicional que no le ha sido devuelto.
Concretando aún más con la especificación de localidades afectadas, tendríamos la siguiente relación:
1.- Inmuebles
a) Se pide el importe de los Bienes muebles no compensados de inmuebles que han sido reintegrados (3% del valor del inmueble). Este apartado afecta a la mayoría de los casos.
b) Se nos compensa tan sólo el solar cuando se incautó local y edificio. En esta situación están Cuevas de Almanzora (Almería), Sagunto (Valencia), Bétera (Valencia), Benaguacil (Valencia), Maracena (Granada), Falces (Navarra), Tuy (Pontevedra), Flix (Tarragona) y Ruidecols (Tarragona).
c) Inmuebles que están en poder del Estado, pese a lo cual no han sido reintegrados sino compensados. En esta situación están Tarrasa (Barcelona) y Santiponce (Sevilla). Se pide la reintegración.
d) El Estado ha utilizado la valoración de Richard Ellis en vez de la valoración de la DNS (realizada en el momento de la incautación). En esta situación están Santafé de Mondújar (Almería), La Carlota (Córdoba) y Puerto de Gandía (Valencia).
e) No se han tenido en cuenta documentos probatorios a favor de CNT, que están en los expedientes. En esta situación están Arcos de la Frontera (Cádiz), La Carlota (Córdoba), Málaga, Palma de Mallorca y Santaella (Córdoba).
f) En el expediente no consta la valoración. En esta situación se encuentran Arcos de la Frontera (Cádiz), Jerez de la Frontera (Cádiz), La Jana (Tarragona) y Villalba de los Arcos (Tarragona).
g) Diferencias entre la propia valoración del Estado y lo que han pagado en realidad. En esta situación se encuentran Monteagudo y Puente Tocinos (ambas de Murcia).
h) No se ha valorado una parte del solar. Aquí tenemos los casos de Moaña (Pontevedra) y Langreo (Asturias).
i) CNT aporta su propia valoración en el caso de Carcagante (Valencia).
j) Se ha compensado el inmueble a UGT y se ha desestimado a CNT aun habiendo pruebas en el expediente. Se refiere a los casos de Alcampel (Huesca) y Vallehermoso (Santa Cruz de Tenerife).
k) Por último, para poner un ejemplo de un local en el que se dan varias deficiencias, traemos el caso de Gijón (Asturias):
- No se ha reintegrado, a pesar de estar en poder del Estado.
- Se considera un solar, aunque la documentación que prueba la vinculación con la CNT demuestra que era un local.
- No se toma en cuenta que la documentación demuestra que el local era en su totalidad de la CNT.
- Además, en la cantidad devuelta hay un error material, por el que se reduce a la mitad de lo que debería haberse percibido, aun con el criterio del Ministerio.
2.- Cuentas bancarias.
La CNT considera que hay una interpretación errónea de la ley en relación con la forma de cálculo de las cantidades a compensar a consecuencia de la incautación. Para el sindicato, la fecha de partida para la actualización de los saldos debe ser la de la caída de la plaza en manos de las autoridades franquistas y no la utilizada por el Estado, que es la fecha de desbloqueo de los saldos. El importe solicitado por este concepto asciende a 232.262 euros.
En definitiva, la CNT reclama con estas demandas unos 10 millones de euros aproximadamente. Ya anunció la CNT, al inicio del proceso de devolución, que no cejaría en su empeño de reivindicar todo su Patrimonio Histórico, por muchas dificultades que legal o administrativamente se interpusieran. Desde el Estado se utilizan a veces criterios tan restrictivos que llega hasta el punto de incumplir su propia normativa de devolución. Y desde la CNT únicamente pedimos que se nos devuelva aquello que nos robaron y saquearon las tropas franquistas, fruto del esfuerzo de cientos de miles de trabajadores de este país.