jueves, 23 de diciembre de 2010

La AFE se plantea no jugar el 2 de Enero

He encontrado esta noticia que me ha parecido interesante para la asignatura. Primero de todo comentaros un poco que es la AFE.


Así se definen ellos: una asociación al servicio del colectivo de futbolistas que promueve su union, vela por el normal desarrollo de su carrera deportiva, defendiendo y garantizando los derechos laborales, economicos y sociales, presentes y futuros, transmitiendo los valores deportivos a sus afiliados y a la sociedad, colaborando en su formacion y en su posterior insercion laboral.


A juzgar por la definicion que dan, ellos mismo reconocen que jugar al futbol no es un trabajo (por lo de posterior insercion laboral, digo... :P ) Es caso es que varios clubes adeudan nominas a sus futbolistas desde hace meses, sobre todo en 2º B. Están intentando llegar a un acuerdo con la Liga profesional de futbol para que esto se solucione de inmediato. De no ser así se plantean el no jugar la jornada del 2 de Enero, a modo de huelga. Hay quien diría que no hacen nada en toda la temporada, pero eso es otro tema.


Resulta que hay jugadores de 2ºB que no cobran sus salarios desde hace meses, pero en 1º division tenemos a jugadores que estan cobrando una burrada (Messi 11 millones de € anuales, Cristiano Ronaldo por ahi andará...) Y que estoy seguro que el dia 31 de mes, tienen la nomina ingresada sin ningun tipo de problemas. No estaría mal, que la AFE se planteara poner un bote comun, bastante sustancial, y en funcion del salario que tenga cada afiliado, para poder responder ante estas situacion. Creo que no supondrá mucho esfuerzo pagar uno o dos salarios de un jugador de 2ºB.

En uno de lo comentarios que abajo ponen los lectores de la noticia, una persona apuntó que si se atrevian a hacer huelga, entraría el ejercito y se pondrían los militares a jugar el partido.... ¿Os imaginais?

Un saludo y felices fiestas!


JAVIER ETXEBARRIA SAINZ-EZKERRA ( Dº Sindical, grupo de tarde)

jueves, 7 de octubre de 2010

La elevada precariedad obstaculiza la demanda de trabajo decente

Jornada mundial por el trabajo decente

La Confederación Sindical Internacional (CSI) exige en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente la necesidad de crear puestos de trabajo y poner fin a los planes de austeridad para impulsar la economía. Sin embargo, es difícil garantizar el trabajo decente ante el elevado y creciente paro, la enorme precariedad que, a juicio de la CSI, «crea desigualdad», y la gran discriminación entre los salarios de hombres y de mujeres, pero también entre distintos países.

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Juanjo BASTERRA | BILBO

La Confederación Sindical Internacional (CSI) desarrolla la Jornada Mundial por el Trabajo Decente en más de 111 países de todo el mundo con reivindicaciones estratégicas para la recuperación económica: «La necesidad de crear puestos de trabajo y poner fin a las medidas de austeridad por parte de los gobiernos» porque «sólo así -dice la CSI- se superará la crisis». También exige que «los servicios públicos de calidad no se recorten» y, además, que «sea el sector financiero el que pague el daño que ha causado».

El rumbo que han adoptado los gobiernos y los organismos financieros y económicos van en la dirección opuesta: las nuevas acciones profundizan en el recorte del empleo y en la reducción de la protección social. En Hego Euskal Herria el paro sigue aumentando y representa ya el 12,56% de la población activa, es decir 171.923 personas, una tasa situada justo por detrás de Irlanda (13,9%), Eslovaquia (14,6%), Lituania (18,2%), Estonia (18,6%), Letonia (19,5%) y el Estado español (20,5%). El desempleo vasco está en el pelotón de cabeza de la UE, lo que supone un fracaso de las políticas económicas y sociales.

Entre setiembre de 2006 y 2010, un total de 75.515 personas han engrosado las listas del paro en suelo vasco, lo que supone un aumento del 78,3% en este quinquenio. Hay 45.500 ocupados menos en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, y se han realizado 118.155 contratos de trabajo menos. En este caso, domina la precariedad y la elevada temporalidad de los mismos. Desde setiembre de 2006 se han realizado 22.762 contratos indefinidos menos.

25 años de pérdida

Este progresivo deterioro del mercado laboral se acrecentará con los mecanismos de destrucción de empleo que la recién aprobada reforma laboral deja en manos de los empresarios.

El ex secretario general de Empleo del Gobierno español Antonio González reconoce en un informe sobre el modelo productivo y el mercado de trabajo que «en la mayoría de países de la UE el PIB ha caído más que el empleo», salvo en el Estado español. Entre las razones que explican esa situación está «la pérdida de estabilidad en el empleo, que se arrastra desde hace 25 años, dificultando el sostenimiento del crecimiento económico». En realidad, esa desregulación del mercado de trabajo se ha ido propiciando a través de las sucesivas reformas laborales, aunque esta última es la que ha incidido más en cuanto al abaratamiento del despido, la facilitación de la rescisión de contratos y la apertura de la contratación por medio de las agencias de colocación privadas.

La CSI subraya que el declive de los ingresos de los trabajadores es parte de este problema. Afirma que las instituciones financieras internacionales deberían «conceder mayor atención» a lo que considera una de las causas fundamentales de los desequilibrios comerciales, así como a otros factores de desestabilización: «La creciente desigualdad de ingresos dentro de la mayor parte de los países del mundo, tanto en desarrollo como los industrializados, que ha acompañado a los procesos de globalización de las últimas décadas».

En la Unión Europea de los Veintisiete existe una gran diferencia salarial entre trabajadores de uno y otro país. Los daneses perciben salarios de más del doble que los del Estado español y el doble que los del Estado francés, según los datos del anuario de Eurostat sobre el mercado laboral de 2010. Por lo tanto, en tiempos de crisis los que más pierden siempre son los que menos ganan.

Desigualdades en aumento

Pero la CSI también incide en señalar que la flexibilización del mercado de trabajo «ha contribuido considerablemente al aumento de las desigualdades». Critica la existencia de «una sobrerrepresentación de mujeres en situaciones de trabajo precario, como a tiempo parcial, temporal, a través de agencias o subcontratadas». De hecho, se sabe que la tasa de temporalidad de Hego Euskal Herria se encuentra, en este momento de destrucción de empleo temporal, ocho puntos por encima de la media europea.

La confederación sindical destaca que los empresarios han aprovechado la crisis global para que, en muchos casos, los trabajadores no se hayan beneficiado de «mayores ingresos» poniendo como disculpa la crisis económica, aunque «las ganancias de productividad en las empresas han aumentado en muchos sectores y en muchos países, debido a que los flujos de exportaciones han crecido bastante más».

Por eso, la CSI considera que, para disponer de un trabajo decente, «corregir el declive de los ingresos de los trabajadores y reducir la brecha de género deberían ser objetivos centrales de las instituciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial» de forma prioritaria.

En Hego Euskal Herria, según los datos del INE sobre la encuesta anual de estructura salarial, de 2008, las mujeres perciben unos ingresos inferiores de un 38,6% que los hombres, pero hay que tener en cuenta que si en esa fecha el salario medio se situó en torno a los 24.000 euros, los trabajadores y trabajadoras más jóvenes percibieron 10.000 euros menos al año que la media de los trabajadores. Las mujeres pierden en todos los grupos de edad. Por eso, la Confederación Sindical Internacional concluye que esos organismos internacionales «no pueden afirmar haber contribuido con éxito al desarrollo de los países si los ingresos nacionales se orientan cada vez más hacia una élite rica. Además de contribuir a aumentar las desigualdades, unas políticas que ignoren el impacto distributivo incrementan las perspectivas de inestabilidad económica y social, como ha quedado patente con la recesión y la crisis financiera mundial».

Por ello, reclama «creación de empleo y protección social para avanzar».

78,3% más

En Hego Euskal Herria el desempleo ha aumentado en un 78,3% en el último quinquenio y más de 75.515 personas han engrosado las listas del paro. El mercado laboral se precariza y los asalariados vascos perciben la mitad del salario de un danés o un 60% menos que en Alemania, país que ha destruido menos empleo que el Estado español con salarios muy bajos.

11%

Un 11% de los trabajadores del Estado español perciben salarios que no superan el umbral de la pobreza, por lo que se les considera trabajadores pobres. En Gran Bretaña ese porcentaje se acerca al 20% y en Finlandia, al 4%.

DISCRIMINACIÓN

Los datos del INE sobre salarios muestran que en Hego Euskal Herria las mujeres perciben un sueldo un 38,6% inferior al de los hombres. Además, esa diferencia se acrecienta entre los jóvenes trabajadores de menos de 25 años.

DECLIVE DE INGRESOS

La Confederación Sindical Internacional subraya que uno de los problemas que tiene la economía mundial es que se está produciendo «un declive generalizado de los ingresos», lo que lleva a que no aumente el consumo ni se regenere el motor económico.

La economía sumergida avanza fijando los cimientos de la explotación laboral

La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo -Eurofound o Fundación Dublín- explica en su anuario sobre las condiciones de vida y de trabajo en Europa que «el trabajo no declarado de por sí es legal, pero cuando su existencia no se comunica a las autoridades fiscales, tiene un efecto negativo considerable en las finanzas públicas y constituye un problema para los veintisiete estados europeos».

Este organismo, que depende de la Comisión Europea, no dice nada del perjuicio que supone para los propios trabajadores, que son explotados con más facilidad que el resto de trabajadores de la Unión Europea.

La economía sumergida en la UE tiene un elevado seguimiento, como reconocen Breindusa Anghel y Pablo Vázquez en un estudio para el Círculo de Empresarios. En el ránking de economía sumergida en relación al PIB, Grecia se encuentra en los niveles más elevados con un 25% en el periodo de 1990 a 2010. Le siguen Italia y el Estado español, con un 23% y un 22%, respectivamente, según el informe. En el Estado francés se sitúa en cerca del 13%, mientras que Estados Unidos, Japón y Gran Bretaña se encuentran entre los niveles más bajos de economía sumergida, por debajo del 12%.

En el informe se explica que en el Estado español el fuerte crecimiento de la economía sumergida se produjo entre los años 1994 y 1995, «cuando aumentó el paro» y hubo «una desaceleración de la tasa de crecimiento». A partir de 1997 ese porcentaje se estabiliza, pero en ningún momento ha bajado del 20%.

La conclusión a la que se llega en el estudio es que «el tamaño de la economía sumergida es mayor de lo que la mayoría de los gobiernos reconocen» y advierte que en este momento está creciendo. J. BASTERRA

Si quieres informarte de otra manera, enlaces interesantes

http://www.labourstart.org/es/(Actualidad Sindical Internacional)

http://www.ituc-csi.org/?lang=es (Confederación Sindical Internacional)

http://www.wftucentral.org/?language=es (Federación Sindical Mundial)

http://www.rebelion.org/ (Rebelión, diario alternativo de información internacional)

http://www.attac.es/ (Web de economistas alternativos)

http://hl33.dinaserver.com/hosting/juantorreslopez.com/jtl/ (Juan Torres López, Catedrático Economía alternativo)
http://baylos.blogspot.com/ (Antonio Baylos, Catedrático de Derecho del Trabajo)

http://www.kaosenlared.net/(Diario de Información)

http://www.monde-diplomatique.es/(Diario Información Internacional)

http://www.vnavarro.org/(Vicenc Navarro, Catedrático Economía, politólogo)

http://www.ela-sindikatua.org/home-es/view?set_language=es (Sindicato ELA)

http://www.mrafundazioa.org/manu-robles-arangiz-institutua-fundazioa-1/view?set_language=es (Fundación de Estudios Manu Robles Arangiz)

Una empresa alavesa se acoge a la reforma para despedir a su plantilla

Si a finales de junio Saunier Duval fue la primera empresa en aplicar a sus trabajadores las condiciones de la reforma laboral, aún en trámite, otra empresa alavesa, Thaiser, ha sido la primera en acogerse a las condiciones de la reforma, definitivamente aprobada, para despedir a la práctica totalidad de su plantilla. Mientras tanto, la portavoz de Lakua insistía ayer en que la reforma creará puestos de trabajo.

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GARA |

La empresa Thaiser, dedicada a la transformación de tubo y chapa y que está ubicada en Agurain, ha anunciado el despido de la práctica totalidad de su plantilla acogiéndose a las nuevas condiciones para la extinción de contratos contempladas en la reforma laboral. De un total de 47 trabajadores, la empresa pretende echar a la calle a 45, todos ellos indefinidos, según informó ayer el sindicato CCOO.

De llevarse a cabo, este sería el primer despido colectivo en Hego Euskal Herria después de la aprobación definitiva de la reforma laboral, que prevé una drástica reducción de las indemnizaciones legales por despido. De esta forma, según explicó la citada central sindical, de acuerdo con la nueva regulación la compañía «sólo abonaría doce días por año trabajado a cada empleado», mientras que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), completaría la indemnización con otros ocho días.

CCOO recordó que la reforma laboral amplía las causas del despido objetivo, entre las que contempla la previsión de futura bajada de ingresos, y fija para estos casos una indemnización de veinte días por año trabajado, de los cuales la empresa sólo tiene que pagar doce.

También explicó que Thaiser había dejado de abonar salarios a sus trabajadores en el mes de mayo, y criticó que desde entonces los responsables de la empresa han estado «esperando a la plena entrada en vigor de la reforma laboral para prescindir de su plantilla con el menor coste posible». «Tras ganar tiempo durante meses en una situación de impago de las nóminas, la dirección ha alegado falta de liquidez para justificar los 45 despidos», denunció el sindicato. Asimismo, señaló que «al estar sin liquidez, es de prever que la empresa acabe no pagando nada, sino que el Fogasa se haga cargo del total de las indemnizaciones y de los salarios atrasados».

Después de este caso, CCOO prevé que en los próximos meses se produzca «un verdadero aluvión de despidos en Euskadi con un coste mínimo, una vez que el despido se ha convertido en una acción trivial, con causas fácilmente manipulables y con escaso control judicial».

Mendia defiende la reforma

Por contra, preguntada sobre este despido masivo de trabajadores después de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, la portavoz de Lakua insistió en defender la reforma laboral, y dijo confiar en que contribuya a «generar empleo y a relanzar la economía en su conjunto».

Del mismo modo, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, animó a hacer uso de la reforma laboral «con la mayor premura posible» para mejorar la competitividad de las empresas. «En cuanto tengamos empresas competitivas hemos resuelto los problemas», zanjó el máximo responsable del Banco de España durante una comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso.

A su jucio, uno de los mayores avances incluidos en la reforma es que permite adecuar las condiciones laborales y salariales a los cambios en la demanda. También apostó por afianzar el proceso de moderación salarial y confió en que el recorte salarial en el sector público sea un espejo para el sector privado.

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Los dos únicos trabajadores a quienes no afecta el despido colectivo en Thaiser se dedicarán probablemente a liquidar y cerrar la empresa, según valoró ayer CCOO.

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En junio, cuando aún no había acabado el trámite de la reforma pero ya estaba en vigor en forma de decreto, Saunier Duval retiró un ERE de extinción que afectaba a 80 personas para presentar otro idéntico con las nuevas condiciones.

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Pasado mañana, viernes, la plantilla de la empresa Plásticos Ormazabal, de Igorre, cumplirán un mes de huelga indefinida en protesta porque no han cobrado las nóminas desde el mes de mayo.

Yosu Thermik ha comunicado su intención de cerrar la planta

La empresa Yosu Thermik ha comunicado a la representación sindical su intención de cerrar la planta, dejando en la calle a toda la plantilla, según informó ayer el comité de empresa. En un comunicado, explica que dirección de Yosu Thermik, empresa ubicada en el polígono de Jundiz y dedicada a la venta, producción y colocación de puertas y ventanas de Aluminio, ha decidido «de forma totalmente inesperada», terminar con su actividad industrial. A juicio del comité, «siendo una de las pocas empresas de Araba que no ha presentado ningún ERE, ha realizado contrataciones y dispone de carga de trabajo, es cuando menos sorprendente esta decisión». Explica, por otra parte, que a los trabajadores y trabajadoras de la empresa, que desde primeros de año han sufrido retrasos en el pago de sus nónimas, se les adeuda aún la nómima de agosto.

El comité indica que a principios de setiembre la plantilla empezó a sospechar de la situación de la empresa a través de los suministradores de materia prima, por la desaparición de vehículos y maquinaria y porque no se les renovó el seguro. También leyeron en internet que la empresa estaba en venta.

GARA

sábado, 30 de enero de 2010

Sindicatos crean Comité de Empresa Europeo con International Paper

El 12 de enero, los sindicatos europeos y la Federación Europea de Trabajadores de la Industria Química, la Energía y la Minería (EMCEF) firmaron un acuerdo formal por el cual se crea un Comité de Empresa Europeo para la empresa norteamericana fabricante de pulpa y papel, International Paper (IP). Dicho Comité, que cuenta con aprobación legal para el Reino Unido bajo Directiva de la UE sobre Comités de Empresa Europeos, cubrirá las plantas de IP en Polonia, Francia, Italia, España y Bélgica.


Llevan dos años las conversaciones sobre la creación de un Comité de Empresa Europeo con la empresa señalada, cuya sede está en Norteamérica, y que cuenta con unos 8.000 empleados directos en los países de la UE. El Comité de Empresa Europeo constará de dos representantes de Polonia, y uno en cada uno de los países siguientes: Francia, Italia, España y Bélgica. La EMCEF y Bélgica serán representados por Peter Ellis, funcionario nacional del sindicato Unite the Union del Reino Unido, que realizó las negociaciones sobre el acuerdo, junto con los representantes sindicales de los diferentes países.

Ellis señaló al respecto: “Estas negociaciones han sido prolongadas, y realizadas en general de modo cordial y profesional.” Agregó que la modalidad y los procedimientos usados durante las negociaciones “auguran buenos tiempos para un Comité de Empresa Europeo constructivo y plenamente funcional.”

Ellis dijo que será positivo que este nuevo Comité de Empresa Europeo realice dos reuniones al año, y porque, además, tendrá dos reuniones anuales de un comité de investigación, panel que funcionará como comité director. La IP también financiará a un experto sindical para que asista a todas las reuniones, y dicho representante será el delegado de la EMCEF para Bélgica.

En Europa, la IP tiene operaciones en dos plantas integradas de pulpa y papel, la planta de Saillant en Saillat-sur-Vienne, Francia central, y la planta de Kwidzyn, en Polonia. También tiene operaciones en 19 plantas de empaquetadura corrugada: ocho en España, entre éstas dos en las Islas Canarias; 7 en Francia, que incluyen una en la isla de Guadalupe, y cuatro en Italia.

miércoles, 20 de enero de 2010

Un millón de inmigrantes sin trabajo en España

La crisis ha supuesto el fin de un periodo excepcional en la historia de la inmigración en España y ha abierto un compás de espera.

Tras una década con un crecimiento de la inmigración, que no tiene parangón en el resto del mundo, esta se ha frenado como consecuencia, entre otros factores, del impacto del paro en el sector de la construcción que estaba ocupado esencialmente por trabajadores extranjeros.

Según el Anuario de la Inmigración en España del 2009, el desempleo alcanza ya a casi 1,2 millones de inmigrantes. Según este estudio, la cifra del paro entre los nativos era del 15% a mitad del 2009, doblando el porcentaje de dos años antes.

Pero entre los inmigrantes la cifra de desempleo era del 26,9%. Un dato fundamental es que la crisis ha afectado especialmente a varones inmigrantes, con un paro del 30%, mientras que entre las mujeres inmigrantes es tan sólo del 17,1%, bastante por debajo incluso del de los varones nativos (23,8%). Otra consecuencia importante es la reducción en la incorporación efectiva de inmigrantes al mercado de trabajo.

Un efecto que agrava comparativamente el paro de los inmigrantes es que la pérdida de empleo impide la renovación del permiso de trabajo y residencia. Eso entraña el peligro de que se vean obligados a permanecer en situación irregular o a retornar a su país de origen. Pese a los planes de apoyo, las cifras de retorno son muy limitadas, y generalmente marchan solo uno o varios miembros de una familia mientras que otro u otros permanecen. El descenso de las remesas ha sido notable. En el 2007 los envíos de remesas habían sido por valor de 8.445 millones de euros, al año siguiente había bajado a 7.840, pero para el 2009 la caída prevista era ya mucho mayor.

Una de las conclusiones del informe es que "se tardará mucho en recuperar el millón largo de empleo que habrá perdido el sector de la construcción".

Por esa razón los autores proponen "una política de formación continua y ocupacional" para estos parados. Otros impactos de la crisis empiezan a ser perceptibles. Uno de ellos se refiere al paso de no pocos a la economía sumergida. Otra consecuencia reside "en las graves y crecientes dificultades que encuentran cientos de miles de inmigrantes para hacer frente al pago de las hipotecas que concertaron en los años de bajas tasas de interés y mínima exigencia de garantías".

Fuente: LosRecursosHumanos.com

Hugo IM

jueves, 14 de enero de 2010

La campaña de Lakua contra la siniestralidada laboral es pura propaganda

14/01/2010

La campaña "Lotu" acordada en la denominada mesa de diálogo social con la minoría sindical y la patronal vasca no aborda las verdaderas causas de la siniestralidad en la construcción.

Como la propia patronal ha dicho, parte de que entre las partes firmantes “no hay intereses contrapuestos, sino compartidos en esta materia”. Hablar de “intereses compartidos” significa que no se van a combatir las situaciones de precariedad, subcontratación, fraude de ley en la contratación… que están en el origen del alto nivel de siniestralidad en la construcción, ya que esto implicaría ir en contra de los intereses de la patronal. Las medidas que han acordado, por tanto, son inútiles, de pura propaganda.

En la rueda de prensa dada para la presentación de la campaña Lotu no se da información suficiente sobre el contenido de la campaña, pero hay un ocultamiento deliberado de un dato: se van a utilizar 400.000 euros del presupuesto de Osalan de 2010 para financiar esta campaña. ¿A qué se va a destinar ese dinero? A la vista de otras experiencias no se puede descartar que se utilice para financiar a la patronal y a los sindicatos partícipes de diálogo social.

La opción de este gobierno es la de priorizar la mesa de diálogo social, y la instrumentalización de Osalan al servicio de la misma. Esta campaña ha sido acordada al margen de Osalan, que es el organismo competente en materia de seguridad y salud laboral, y en cuyo Consejo está también la mayoría sindical. Con un desprecio total al Consejo de Osalan, se presentan campañas meramente virtuales acordadas con la minoría sindical para que sean financiadas con el presupuesto de Osalan, y todo ello cuando el Gobierno ha recortado sustancialmente el presupuesto de Osalan para el 2010. Es un escándalo político.

ITXASO GARZON GONZALEZ ( ELA, EUSKAL SINDIKATUA)

Patronal y sindicatos tienen previsto desbloquear la negociacion colectiva de 2009

Patronal y sindicatos tienen previsto firmar el próximo miércoles, día 18, el acuerdo para desbloquear la negociación colectiva de 2009 después de haber recibido el visto bueno de sus respectivos órganos de dirección.

Según informaron fuentes sindicales, el acto tendrá lugar a las 16.30 horas, en la sede del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), y el documento será suscrito por los secretarios de Acción Sindical de CC.OO. y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, y por el secretario general de CEOE, José María Lacasa.
En el texto, considerado más que otra cosa como una declaración de intenciones, patronal y sindicatos consideran necesario activar la búsqueda de acuerdos para firmar los convenios colectivos, como forma de dar perspectivas de estabilidad a las empresas y a los trabajadores.

El acuerdo contempla además la voluntad de sindicatos y empresarios de agotar los procedimientos de mediación y resolución de conflictos en aquellos casos en que existan discrepancias entre ambas partes, todo con el objetivo de llegar a acuerdos que permitan evitar situaciones de bloqueo.A CC.OO. y UGT les preocupa la potencial eficacia de este documento más que su contenido, pues entienden que la negociación colectiva de 2009 se ha visto atascada por indicación expresa de las organizaciones empresariales, que se ha negado a firmar convenios y a aplicar los ya suscritos.

Desde CC.OO., su dirigente, Ignacio Fernández Toxo, ha mostrado su preocupación por que algunas organizaciones empresariales, que se han mostrado "muy reacias a cumplir lo acordado", no sigan las indicaciones que salgan de este acuerdo, algo que sería "una mala señal".La Comisión Ejecutiva de CC.OO. someterá el próximo martes a aprobación la firma de este acuerdo, que ya ha recibido 'luz verde' desde CEOE y CEPYME y desde UGT.



Carla Vélez Sánchez.

FUENTE: Web: los recursoshumanos.com

miércoles, 13 de enero de 2010

Reforma en las pensiones


Nueva agresión contra los derechos de los trabajadores: Gobierno, sindicatos y patronal pactan la reforma de las pensiones.
Pocos después de pactar una nueva contrarreforma laboral firman otra contrarreforma, esta vez de las pensiones, que supone, entre otras cosas, más años para tener derecho a cobrar la pensión, más dificultades para la jubilación anticipada parcial y otra vez más dinero de los trabajadores para la patronal.

Gobierno, patronal y sindicatos cerraron anoche la reforma de la Seguridad Social tras mantener una reunión de varias horas en la que ultimaron los últimos flecos del acuerdo, principalmente dirigidos a concretar la integración de los distintos regímenes. El acuerdo definitivo podría firmarse la segunda semana de junio. El pacto deberá ser ratificado ahora por los órganos de dirección de los agentes sociales. Así, UGT celebrará próximamente su Consejo Confederal mientras que CCOO convocará a la Comisión Ejecutiva. Está pendiente la redacción definitiva.

La reforma de la Seguridad Social exigirá 15 años efectivos (5.475 días) para poder acceder a la pensión de jubilación. Esto impedirá que, como sucede ahora, haya trabajadores que habiendo cotizado 12,8 años (o 4.700 días) puedan cobrar pensión, una situación en la que se encuentran actualmente tres de cada 100 trabajadores.

La ampliación del periodo de cotización y la modificación de la jubilación parcial son las dos principales medidas de ahorro para la Seguridad Social que prevé la reforma de pensiones. La jubilación parcial ha sido uno de los principales caballos de batalla de estas negociaciones. Esta figura se utiliza en muchas ocasiones como una jubilación anticipada "enmascarada", con la ventaja de que no lleva aparejada la aplicación de coeficientes reductores, como sí ocurre en el caso de la jubilación anticipada. Frente a los 60 años actuales, los trabajadores que quieran jubilarse parcialmente tendrán que tener 61 años, seis años de antigüedad en la empresa y 30 años de cotización, si bien todo eso se exigirá tras varios años de aplicación de la reforma. En los convenios colectivos y acuerdos de empresa que tengan regulada la jubilación parcial se mantendrán los requisitos actuales hasta que finalice la vigencia de los mismos, o al menos, hasta el 2010.

En cuanto a la jubilación anticipada, si la extinción de la relación laboral no es voluntaria, por cada año que falte para cumplir los 65 años -siempre que se acrediten entre 30 y 40 años de cotización- se aplicará una penalización (coeficiente reductor) del 7,5 por ciento sobre la cuantía de la pensión.

Por otra parte, se endurece la regulación de la incapacidad permanente para evitar que siga siendo una vía de acceso a la protección social en carreras de cotización insuficientes; mientras que la pensión de incapacidad temporal se cobrará aunque se extinga el contrato laboral del trabajador.

Paralelamente, se incluyen medidas para incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral, aumentando las pensiones para los que se jubilen con 66 o más años.

Quienes tengan derecho a pensión máxima la verán incrementada en un dos por ciento, un tres si han cotizado más de cuarenta años, y para los demás se incrementará en los mismos porcentajes la cuantía de la base reguladora

Las casadas que se queden viudas y tengan un alto nivel de ingresos no tendrán límites de rentas para la pensión. Ese límite de rentas era una vieja idea del Gobierno que no gustaba a los sindicatos. La reforma también permitirá el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho e incrementará los incentivos para prolongar la vida laboral más allá de los 65 años. Además, se extiende a las parejas de hecho que acrediten un período de convivencia que fijará el Parlamento, mientras que para los matrimonios será de 2 años, que no se exigirá si hay hijos en común o el cónyuge muere en accidente.

Para los empresarios, una de las medidas más beneficiosas es que, con la reforma, se abaratarán sus gastos por mantener en la empresa a trabajadores, que con cinco años de antigüedad, tuvieran 59 años de edad. En estos casos la Seguridad Social financiará el 40% de las cotizaciones.

Hasta ahora Trabajo sólo financiaba parte de las cotizaciones para aquellos trabajadores que, llevando al menos cinco años en la empresa, tuvieran entre 60 y 64 años (con 60 años, la Seguridad Social pagaba el 50% de las cotizaciones y con 64 años, el 90%, entre medias los porcentajes son proporcionales).

Con la reforma, esto se amplía, añadiendo la franja de 59 años e incluso abriendo la puerta a que, en función de las cuentas del sistema, esta escala pueda iniciarse en los 55 años.

Publicado por Ione Goirigolzarri

CNT Sentencia en pro de la libertad sindical


Sentencia en favor de la libertad de sindical (CNT)
Lo relevante es que esta sentencia se produce cuando a la CNT están lloviéndole las denuncias por desplegar la acción sindical que le ha caracterizado desde su fundación, que es la de acción directa.


El 29 de septiembre de 2002 la empresa Limpiezas Suyma presentaba una querella contra la FL de Zaragoza por delitos de calumnias e injurias. En primera instancia, la Federación Local, en este caso su Secretario General, era condenado a una multa de veinte días a razón de seis euros diarios. Todo a raíz de un panfleto repartido por portales, en la calle y a los usuarios de esta empresa en la que se explicaba el conflicto que mantenía el sindicato por razones de seguridad e higiene, mantener a la plantilla bajo la modalidad de contratos basura, y realización de tareas por encima de su categorías. Básicamente lo que hacen el ochenta por ciento de las empresas.

Las afirmaciones que realizaba el sindicato iban avaladas no sólo por los trabajadores de la misma sino por un informe de la Inspección de Trabajo; y sin embargo el sindicato resultó condenado. Como es natural, CNT recurrió tan absurda sentencia, pero más incomprensible nos resultó la nueva sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que, no solo ratificaba la anterior, señalando que el juzgado había sido demasiado benévolo y que si no condenaba a Teleforo Fuestes Esquinas por el delito de injurias era porque se lo prohibía la reformatio in peius (Consiste la reformatio in peius o reforma a peor en que se prohíbe al tribunal ante el que se recurre que aumente la condena si no lo pide la parte contraria o el fiscal). Toda una perla por parte de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que muestra tanta desidia ante el atentado a un derecho fundamental como el de la libertad de expresión y que sin argumentos intenta, con dicha sentencia, coartar la acción sindical de la CNT.

En fin, que la CNT, erre que erre, vuelve a recurrir esta vez ante el Tribunal Constitucional, y aquí se demuestra la pericia de los abogados del sindicato que, desde un principio, invocaban al derecho de libertad de expresión como un derecho fundamental que permitiría la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. Es de destacar que el Tribunal Constitucional reconoce que las expresiones utilizadas por el sindicato se corresponden a un momento de conflictividad manifiesta, dado el contexto en el que se produce el comunicado de la CNT, y por tanto hay que entender la situación de crispación. Además entiende las expresiones de “sucia empresa” y argumenta que se entiende que es un juego de palabras ya que la empresa se dedica a la limpieza, y ya de camino, da un rapapolvo a los conservadores y mal intencionados argumentos de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Lo relevante de todo es que esta sentencia se produce cuando a la CNT están lloviéndole las denuncias por desplegar la acción sindical que le ha caracterizado desde su fundación, que es la de acción directa, y por hacer pública la nefasta gestión que realizan las empresas con sus políticas antiobreras. Pero hemos de recalcar que la CNT, con esta sentencia a favor o si se diera el caso, en contra, continuaría el camino emprendido desde hace más de un siglo.

Llama la atención, una vez más, el desinterés de los juzgados por los asuntos que afectan a los ciudadanos; algo que se pone de manifiesto en cómo despachan los asuntos sin estudiarlos debidamente, pero llama aun más la atención el hecho de que una audiencia provincial actúe con la misma desidia cuando están en juego los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras en un desprecio total hacia los problemas de los más desprotegidos. En contraste, es una alegría el interés y la comprensión que demuestra el TC, que hasta se permite la complicidad de reconocer como un guiño el que se hable de “sucia empresa”.

Es de destacar por su trascendencia la exigencia del requisito de la previa invocación, durante el procedimiento ante el juzgado y la audiencia, de los derechos fundamentales que se entiendan lesionados, pues de no cumplirse este requisito, no se admitirá el recurso ante el TC y hay que recordar que no sólo hay que protestar por la lesión del derecho fundamental, sino que, además, debe hacerse lo antes posible.

Es muy importante lo declarado acerca de que los hechos no puede ser valorados al mismo tiempo como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de un delito y que es una violación de derecho; y anula la sentencia el no analizar si un hecho constituye el ejercicio legítimo de derechos fundamentales, es decir, que la actuación del juzgado de la audiencia, que no analiza si hay vulneración del derecho fundamental de libertad sindical, constituye en sí una lesión del derecho fundamental.

Finalmente, hay que recalcar la valoración que se hace del contexto, tanto en el sentido de admitir la repercusión de la situación de conflicto y tensión en el lenguaje utilizado, como al determinar que se debe tener en cuenta que las expresiones de los trabajadores y de sus representantes serán la forma que corresponda a un medio hostil.

Publicado por Sergio Escolar

Represión sindical en Telefónica

Un juez confirma la represión sindical en la multinacional española Telefónica.

Dos despidos procedentes y uno improcedente para tres delegados sindicales de Telefónica


El Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid ha confirmado la represión sindical en Telefónica al sentenciar como procedentes los despidos de Álvaro Barreiro y Porfirio Barrasa y como improcedente el de Teresa Rodríguez tras los expedientes disciplinarios recibidos después de una manifestación de trabajadores en la sede de la empresa en el Distrito C.

Una ola de indignación recorre la plantilla de Telefónica que todavía no puede creerse la sentencia del juez José Pablo Aramendi, sobretodo, tras haberse hecho público el video presentado en la vista y resaltar en la sentencia que son más creíbles las declaraciones de los testigos de la empresa que los de la defensa. De esta manera entiende que la declaración de un guardaespaldas “que pasaba por allí” y vio como Porfirio Barrasa golpeaba repetidamente con un adoquín uno de los cristales del edificio hasta romperlo es mucho mas creíble que la de los propios manifestantes o la nulidad de la prueba presentada en forma de video, y en la que no se ve nada, como así lo dice la propia sentencia. Grotescamente, la empresa presentó el adoquín como prueba.

Como indignante es la acusación que, según el juez miembro de Jueces para la Democracia, prueba que Álvaro Barreiro, al corear consignas a través del micrófono como “A por ellos” o “La próxima vez dinamitamos” alienta a los manifestantes para ocupar violentamente el edificio y atemoriza a quienes se oponen a sus propósitos, “sobrepasando el marco del ejercicio de los derechos de expresión y manifestación en el contexto de una huelga”. Además, insiste, genera una situación de evidente riesgo para el Jefe de Seguridad cuando le dice que “nos hemos quedado con tu cara y sabemos quien eres” al increparle tras conocer que había despedido a un guardia de seguridad que se había negado a intervenir en un conflicto laboral, tal y como marca la Ley de Seguridad Privada.

El despido improcedente de Teresa Rodríguez viene apoyado por ser vista en los videos y entendiendo por el juez que golpea en las puertas de los locales de CCOO y UGT y recrimina al jefe de los vigilantes por haberle mentido sobre la presencia o no de delegados de estas organizaciones. Para este magistrado, aunque los hechos revelan la existencia de un conflicto intersindical no pueden ser considerados por si mismos insultantes y, como tal, el despido debe ser improcedente.

Es decir, la principal prueba aportada por los abogados de la empresa, como son los videos, resultan irrelevantes para las sentencias ya que en ellos ni se ve nada ni, por supuesto, se escucha nada. Pero el magistrado se pone de parte de la empresa al confiar mas en el testimonio de un guardaespaldas y de los guardias de Segur Ibérica que custodiaban el edificio. Y se pone contra los trabajadores cuando entiende irrelevantes las declaraciones de un afiliado de CCOO que se encontraba en el lugar de los hechos o las de otros miembros de Secur Ibérica presentados por la defensa y que dicen que no sucedió nada de lo que se imputa a los trabajadores. Es más, omite la denuncia presentada como prueba contra Telefónica y Secur Ibérica por provocar a los manifestantes. Y, en una argumentación que recuerda a épocas pasadas, justifica que en la manifestación se infiltraran un coordinador y un inspector de la empresa de seguridad, desprovistos de uniforme para “acompañarla en su devenir intentando lógicamente obtener información preventiva”.

La sentencia del Juzgado de lo Social de Madrid se suma a las decenas de acciones contra el sindicalismo de clase y alternativo que se están dando en el estado español, tal vez como respuesta a la crisis, intentando amedrentar cualquier atisbo de reivindicación laboral al margen del sindicalismo “políticamente correcto” y, como consecuencia, al resto de la clase trabajadora.

Pero es curioso que el mismo día que se hace pública la sentencia contra estos tres trabajadores, César Alierta sea elegido “empresario del año” en Chile o firme un Convenio de Colaboración con la Magistratura “para potenciar la relación entre empresa, Justicia y Sociedad”. O que el Ministerio de Trabajo apruebe el Expediente de Regulación de Empleo para 500 trabajadores de Móviles, que empezarán a cobrar de las arcas del estado, desligándose de una empresa que el año pasado obtuvo más de 9.000 millones de euros de beneficios.

Desde el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores nos informan que esta sentencia no les va ni a amedrentar ni van a abandonar el camino emprendido en defensa de los intereses de los trabajadores. La sentencia será recurrida al Tribunal Supremo de Justicia de Madrid y, mientras tanto, los delegados despedidos pasarán a percibir la prestación por desempleo así como un complemento hasta completar el 100% de su sueldo procedente de los bonos de ayuda con los que está contribuyendo la plantilla. Por su parte, la delegada cuyo despido ha sido declarado improcedente, ha solicitado ya su readmisión a su puesto de trabajo.


Publicado por Sergio Escolar

martes, 12 de enero de 2010

Los sindicatos rechazan la propuesta de condiciones laborales para la fusión de Caja España y Caja Duero

Los sindicatos rechazaron hoy la propuesta de condiciones laborales planteadas por Caja España y Caja Duero de cara a la fusión de ambas entidades de ahorro, según informaron a Europa Press fuentes de Comisiones Obreras.

12-01-2010 - La representación sindical en su conjunto dentro de las entidades financieras Caja España y Caja Duero (CC.OO, UGT, Cesica y UEA) inició formalmente en el día de hoy, lunes 11 de enero, la negociación de las condiciones laborales de la fusión entre ambas cajas de ahorros de Castilla y León, en el marco de la cual rechazó la propuesta hecha por los responsables de las dos cajas castellanoleonesas, realizada el pasado día 28 de diciembre.

Los cuatro sindicatos pusieron sobre la mesa un planteamiento general basado en la voluntariedad en los excedentes con una mejora sustancial en las condiciones de prejubilaciones; la homogeneización de las condiciones laborales y salariales; el compromiso de mantener el nivel de empleo actual en un futuro; y la garantía y respeto de las actuales condiciones laborales de cada uno de los empleados de ambas cajas.

Según Comisiones, después de un amplio debate sobre los temas expuestos, y de un receso para reflexionar sobre lo debatido, los representantes de las dos entidades financieras han hecho una nueva propuesta de reestructuración.

En ella, asumen y aceptan que las medidas que se adopten serán no traumáticas; la voluntariedad compatible con la consecución de un porcentaje, aún por determinar, en el excedente; la movilidad geográfica, también voluntaria con carácter general, con planteamientos que la hagan posible, por ejemplo, si no hay centros cercanos y se comprometen a recalcular el coste de las prejubilaciones en base a porcentajes más "atractivos".

Además, a solicitud de la parte sindical, los representantes de las dos cajas de ahorros se han comprometido en los próximos dos días a facilitar la información relativa a todos los datos censales de los empleados y datos económicos de todas las oficinas, pero no el listado de aquellas que vayan a ser cerradas o reestructuradas.

Las dos partes en negociación han acordado convocar la próxima reunión para el lunes próximo, día 18 de enero en Madrid.

(Fuente: Boletin diario de noticias laborales, economicas, social, solidaridad- COMFIA)

OLATZ IZKOA

jueves, 7 de enero de 2010

CCOO y UGT reclaman al Gobierno un incremento del 8% para SMI de 2010

Los responsables de Acción Sindical de UGT y CCOO, Toni Ferrer y Ramón Gorriz, respectivamente, en una carta dirigida al Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho instan al Gobierno a seguir con la mejora del SMI, de manera que alcance gradualmente una cuantía de al menos 800 euros al mes en 2012 y se siga avanzando posteriormente hasta alcanzar el 60% del salario medio neto, tal y como recomienda la Carta Social Europea suscrita por España.

18-12-2009 - Ante la cercanía del periodo de actualización del Salario Mínimo Interprofesional para el año 2010, las confederaciones sindicales de CCOO y UGT instan al Gobierno a seguir con la mejora del SMI en los términos previstos en la propuesta conjunta, presentada el pasado octubre de 2007, de manera que alcance gradualmente una cuantía de al menos 800 euros al mes en 2012, y se siga avanzando posteriormente hasta alcanzar el 60% del salario medio neto, tal y como recomienda la Carta Social Europea suscrita por España.

El contenido de la propuesta sindical se resume en los siguientes puntos:

A pesar de la ganancia ininterrumpida que experimenta desde el año 2004, el SMI ha perdido peso sobre el salario medio a partir de 2007, cuando alcanzó su mayor peso relativo (41,6%), y ha caído hasta el 40,9% en 2009, alejándose así del objetivo del 60% del salario medio neto establecido por la Carta Social Europea.

Este recorte se debe, por un lado, a la moderación en el ritmo de crecimiento del salario mínimo y, por otro, a un incremento en la tasa de variación del salario medio que se produce por la fuerte contracción del empleo menos productivo y, por tanto, peor remunerado, lo que empuja al alza las medias salariales; en consecuencia, parte de la caída del peso del salario mínimo sobre el salario medio se debe a este efecto composición de la población asalariada.

El salario mínimo español es uno de los más bajos de entre los países de la UE-15 que lo tienen establecido en su ordenamiento jurídico con cobertura general. Medido en paridad de poder de compra (descontando los diferenciales de precios entre países), España se sitúa sólo por encima de Grecia y Portugal. Este hecho no se justifica por diferencias en los niveles de productividad por hora, sino por una remuneración más baja de la hora trabajada.

Dado que la mejora del poder de compra del SMI ha contribuido al fortalecimiento de la cohesión social, a pesar de las diferencias con Europa y de estar lejos aún del nivel marcado por la Carta Social Europea, la crisis económica no puede servir como excusa para desistir en el objetivo de alcanzar un salario mínimo de 800 euros en la actual legislatura, objetivo además comprometido por el Presidente del Gobierno en su discurso de investidura.

La contención de las rentas de la propiedad y el trabajo (ya se produzca a través de la primera o segunda distribución de la renta) tiene que repartirse de manera proporcional, salvaguardando a los que pierden su empleo o a aquellos otros cuyo nivel salarial les sitúa por debajo del mínimo exento de participar en dicho esfuerzo, en cuyo caso se encuentran los trabajadores retribuidos con el SMI.

Por ello, UGT y CCOO instan al Gobierno a que incremente el SMI hasta 674 euros brutos mensuales en 14 pagas en 2010, lo que equivale a un incremento del 8% y un salario bruto anual de 9.436 euros. Además, solicitan la reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para asentar sobre nuevas bases la determinación anual del SMI, con el fin de evitar que se produzcan pérdidas de poder adquisitivo del SMI, así como que se aborde la negociación planteada por el RDL 3/2004 sobre los criterios para la revisión del Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM).


Maialen Marcaida
Alazne Herrezuelo

CCOO pide que los sueldos superiores a 80.000 euros tributen hasta el 47 por ciento

CCOO de Cataluña ha pedido hoy que las rentas de trabajo superiores a los 80.000 euros anuales, que ahora tributan al 43% pasen a hacerlo hasta un 47% y que las rentas de capital de tipo especulativo pasen del 18% al 25%, una propuesta del sindicato para tener un sistema fiscal más justo.
El secretario general de CCOO de Cataluña, Joan Carles Gallego, ha presentado hoy un informe sobre política fiscal y ha pedido un "debate global" sobre el tema, así como un sistema fiscal basado en los principios de suficiencia, ingresos suficientes para hacer las políticas sociales; equidad, que pague más el que más tiene; y, redistribución de la riqueza.
Gallego ha explicado que la recaudación de impuestos por cápita en España es inferior a la recaudación media de la Unión Europea y que también estamos por debajo en protección social, ya que mientras la media de la UE es del 27,5% del PIB, en España es del 20,9% y, en Cataluña, del 17,7%.
Para Gallego, el sistema fiscal de España y Cataluña descansa en buena medida en las rentas de trabajo, donde muchos empresarios y profesionales tributan como si fuesen 'mileuristas' y donde el fraude fiscal tiene una "enorme dimensión".
El líder de CCOO en Cataluña considera que, en los últimos años, España ha tenido unas políticas fiscales regresivas que han rebajado los impuestos directos y han aumentado los indirectos, lo que ha supuesto la pérdida de elementos redistributivos y la insuficiencia de ingresos para gastos sociales.
En este sentido, CCOO considera que las medidas fiscales planteadas por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado "no responden al anuncio de incrementar la fiscalidad de los que más tienen y ganan más".
Entre las medidas propuestas por CCOO, está la de aumentar el tipo máximo del IRPF, que ahora está en el 43%, hasta un 47% a las rentas superiores a los 80.000 euros anuales y que las rentas de capital tributen alrededor del 25%, cuando hoy lo hacen al 18%.
También propone introducir un nuevo tipo de IVA del 20% que grave los productos de lujo, revisar la tributación de las Sicav (Sociedades de Inversión de Capital Variable) que es del 1%, y eliminar el "privilegio" en la tributación del IRPF de los deportistas extranjeros de elite, que sólo cotizan el 24%.
CCOO ha reclamado que las comunidades autónomas puedan disponer de más capacidad normativa para la gestión de impuestos, pero también ha pedido unas normas estatales básicas que impidan la desaparición de un impuesto, como el de Sucesiones y Donaciones, y eviten la competencia desleal entre las autonomías.
Gallego ha señalado que el impuesto de Sucesiones y Donaciones ya ha sufrido varias reformas y ha dicho que más de la mitad de las personas que reciben herencias no pagan este impuesto.
Se ha opuesto a la desaparición de este tributo, aunque no a nuevas reformas, con retoques para las pequeñas herencias y también a la vivienda.
También ha apuntado la "posibilidad" de crear un impuesto sobre grandes fortunas, que ya existe en algún país europeo, y se ha opuesto a que una parte de los recursos que aporta el nuevo modelo de financiación se aplique a rebajas fiscales.


Maialen Marcaida
Alazne Herrezuelo