Sindicatos crean Comité de Empresa Europeo con International Paper

El 12 de enero, los sindicatos europeos y la Federación Europea de Trabajadores de la Industria Química, la Energía y la Minería (EMCEF) firmaron un acuerdo formal por el cual se crea un Comité de Empresa Europeo para la empresa norteamericana fabricante de pulpa y papel, International Paper (IP). Dicho Comité, que cuenta con aprobación legal para el Reino Unido bajo Directiva de la UE sobre Comités de Empresa Europeos, cubrirá las plantas de IP en Polonia, Francia, Italia, España y Bélgica.

Llevan dos años las conversaciones sobre la creación de un Comité de Empresa Europeo con la empresa señalada, cuya sede está en Norteamérica, y que cuenta con unos 8.000 empleados directos en los países de la UE. El Comité de Empresa Europeo constará de dos representantes de Polonia, y uno en cada uno de los países siguientes: Francia, Italia, España y Bélgica. La EMCEF y Bélgica serán representados por Peter Ellis, funcionario nacional del sindicato Unite the Union del Reino Unido, que realizó las negociaciones sobre el acuerdo, junto con los representantes sindicales de los diferentes países.

Ellis señaló al respecto: “Estas negociaciones han sido prolongadas, y realizadas en general de modo cordial y profesional.” Agregó que la modalidad y los procedimientos usados durante las negociaciones “auguran buenos tiempos para un Comité de Empresa Europeo constructivo y plenamente funcional.”

Ellis dijo que será positivo que este nuevo Comité de Empresa Europeo realice dos reuniones al año, y porque, además, tendrá dos reuniones anuales de un comité de investigación, panel que funcionará como comité director. La IP también financiará a un experto sindical para que asista a todas las reuniones, y dicho representante será el delegado de la EMCEF para Bélgica.

En Europa, la IP tiene operaciones en dos plantas integradas de pulpa y papel, la planta de Saillant en Saillat-sur-Vienne, Francia central, y la planta de Kwidzyn, en Polonia. También tiene operaciones en 19 plantas de empaquetadura corrugada: ocho en España, entre éstas dos en las Islas Canarias; 7 en Francia, que incluyen una en la isla de Guadalupe, y cuatro en Italia.

Un millón de inmigrantes sin trabajo en España

La crisis ha supuesto el fin de un periodo excepcional en la historia de la inmigración en España y ha abierto un compás de espera.

Tras una década con un crecimiento de la inmigración, que no tiene parangón en el resto del mundo, esta se ha frenado como consecuencia, entre otros factores, del impacto del paro en el sector de la construcción que estaba ocupado esencialmente por trabajadores extranjeros.

Según el Anuario de la Inmigración en España del 2009, el desempleo alcanza ya a casi 1,2 millones de inmigrantes. Según este estudio, la cifra del paro entre los nativos era del 15% a mitad del 2009, doblando el porcentaje de dos años antes.

Pero entre los inmigrantes la cifra de desempleo era del 26,9%. Un dato fundamental es que la crisis ha afectado especialmente a varones inmigrantes, con un paro del 30%, mientras que entre las mujeres inmigrantes es tan sólo del 17,1%, bastante por debajo incluso del de los varones nativos (23,8%). Otra consecuencia importante es la reducción en la incorporación efectiva de inmigrantes al mercado de trabajo.

Un efecto que agrava comparativamente el paro de los inmigrantes es que la pérdida de empleo impide la renovación del permiso de trabajo y residencia. Eso entraña el peligro de que se vean obligados a permanecer en situación irregular o a retornar a su país de origen. Pese a los planes de apoyo, las cifras de retorno son muy limitadas, y generalmente marchan solo uno o varios miembros de una familia mientras que otro u otros permanecen. El descenso de las remesas ha sido notable. En el 2007 los envíos de remesas habían sido por valor de 8.445 millones de euros, al año siguiente había bajado a 7.840, pero para el 2009 la caída prevista era ya mucho mayor.

Una de las conclusiones del informe es que "se tardará mucho en recuperar el millón largo de empleo que habrá perdido el sector de la construcción".

Por esa razón los autores proponen "una política de formación continua y ocupacional" para estos parados. Otros impactos de la crisis empiezan a ser perceptibles. Uno de ellos se refiere al paso de no pocos a la economía sumergida. Otra consecuencia reside "en las graves y crecientes dificultades que encuentran cientos de miles de inmigrantes para hacer frente al pago de las hipotecas que concertaron en los años de bajas tasas de interés y mínima exigencia de garantías".

Fuente: LosRecursosHumanos.com

Hugo IM

La campaña de Lakua contra la siniestralidada laboral es pura propaganda

14/01/2010

La campaña "Lotu" acordada en la denominada mesa de diálogo social con la minoría sindical y la patronal vasca no aborda las verdaderas causas de la siniestralidad en la construcción.

Como la propia patronal ha dicho, parte de que entre las partes firmantes “no hay intereses contrapuestos, sino compartidos en esta materia”. Hablar de “intereses compartidos” significa que no se van a combatir las situaciones de precariedad, subcontratación, fraude de ley en la contratación… que están en el origen del alto nivel de siniestralidad en la construcción, ya que esto implicaría ir en contra de los intereses de la patronal. Las medidas que han acordado, por tanto, son inútiles, de pura propaganda.

En la rueda de prensa dada para la presentación de la campaña Lotu no se da información suficiente sobre el contenido de la campaña, pero hay un ocultamiento deliberado de un dato: se van a utilizar 400.000 euros del presupuesto de Osalan de 2010 para financiar esta campaña. ¿A qué se va a destinar ese dinero? A la vista de otras experiencias no se puede descartar que se utilice para financiar a la patronal y a los sindicatos partícipes de diálogo social.

La opción de este gobierno es la de priorizar la mesa de diálogo social, y la instrumentalización de Osalan al servicio de la misma. Esta campaña ha sido acordada al margen de Osalan, que es el organismo competente en materia de seguridad y salud laboral, y en cuyo Consejo está también la mayoría sindical. Con un desprecio total al Consejo de Osalan, se presentan campañas meramente virtuales acordadas con la minoría sindical para que sean financiadas con el presupuesto de Osalan, y todo ello cuando el Gobierno ha recortado sustancialmente el presupuesto de Osalan para el 2010. Es un escándalo político.

ITXASO GARZON GONZALEZ ( ELA, EUSKAL SINDIKATUA)

Patronal y sindicatos tienen previsto desbloquear la negociacion colectiva de 2009

Patronal y sindicatos tienen previsto firmar el próximo miércoles, día 18, el acuerdo para desbloquear la negociación colectiva de 2009 después de haber recibido el visto bueno de sus respectivos órganos de dirección.

Según informaron fuentes sindicales, el acto tendrá lugar a las 16.30 horas, en la sede del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), y el documento será suscrito por los secretarios de Acción Sindical de CC.OO. y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, y por el secretario general de CEOE, José María Lacasa.
En el texto, considerado más que otra cosa como una declaración de intenciones, patronal y sindicatos consideran necesario activar la búsqueda de acuerdos para firmar los convenios colectivos, como forma de dar perspectivas de estabilidad a las empresas y a los trabajadores.

El acuerdo contempla además la voluntad de sindicatos y empresarios de agotar los procedimientos de mediación y resolución de conflictos en aquellos casos en que existan discrepancias entre ambas partes, todo con el objetivo de llegar a acuerdos que permitan evitar situaciones de bloqueo.A CC.OO. y UGT les preocupa la potencial eficacia de este documento más que su contenido, pues entienden que la negociación colectiva de 2009 se ha visto atascada por indicación expresa de las organizaciones empresariales, que se ha negado a firmar convenios y a aplicar los ya suscritos.

Desde CC.OO., su dirigente, Ignacio Fernández Toxo, ha mostrado su preocupación por que algunas organizaciones empresariales, que se han mostrado "muy reacias a cumplir lo acordado", no sigan las indicaciones que salgan de este acuerdo, algo que sería "una mala señal".La Comisión Ejecutiva de CC.OO. someterá el próximo martes a aprobación la firma de este acuerdo, que ya ha recibido 'luz verde' desde CEOE y CEPYME y desde UGT.



Carla Vélez Sánchez.

FUENTE: Web: los recursoshumanos.com

Reforma en las pensiones

Nueva agresión contra los derechos de los trabajadores: Gobierno, sindicatos y patronal pactan la reforma de las pensiones.

Pocos después de pactar una nueva contrarreforma laboral firman otra contrarreforma, esta vez de las pensiones, que supone, entre otras cosas, más años para tener derecho a cobrar la pensión, más dificultades para la jubilación anticipada parcial y otra vez más dinero de los trabajadores para la patronal.

Gobierno, patronal y sindicatos cerraron anoche la reforma de la Seguridad Social tras mantener una reunión de varias horas en la que ultimaron los últimos flecos del acuerdo, principalmente dirigidos a concretar la integración de los distintos regímenes. El acuerdo definitivo podría firmarse la segunda semana de junio. El pacto deberá ser ratificado ahora por los órganos de dirección de los agentes sociales. Así, UGT celebrará próximamente su Consejo Confederal mientras que CCOO convocará a la Comisión Ejecutiva. Está pendiente la redacción definitiva.

La reforma de la Seguridad Social exigirá 15 años efectivos (5.475 días) para poder acceder a la pensión de jubilación. Esto impedirá que, como sucede ahora, haya trabajadores que habiendo cotizado 12,8 años (o 4.700 días) puedan cobrar pensión, una situación en la que se encuentran actualmente tres de cada 100 trabajadores.

La ampliación del periodo de cotización y la modificación de la jubilación parcial son las dos principales medidas de ahorro para la Seguridad Social que prevé la reforma de pensiones. La jubilación parcial ha sido uno de los principales caballos de batalla de estas negociaciones. Esta figura se utiliza en muchas ocasiones como una jubilación anticipada "enmascarada", con la ventaja de que no lleva aparejada la aplicación de coeficientes reductores, como sí ocurre en el caso de la jubilación anticipada. Frente a los 60 años actuales, los trabajadores que quieran jubilarse parcialmente tendrán que tener 61 años, seis años de antigüedad en la empresa y 30 años de cotización, si bien todo eso se exigirá tras varios años de aplicación de la reforma. En los convenios colectivos y acuerdos de empresa que tengan regulada la jubilación parcial se mantendrán los requisitos actuales hasta que finalice la vigencia de los mismos, o al menos, hasta el 2010.

En cuanto a la jubilación anticipada, si la extinción de la relación laboral no es voluntaria, por cada año que falte para cumplir los 65 años -siempre que se acrediten entre 30 y 40 años de cotización- se aplicará una penalización (coeficiente reductor) del 7,5 por ciento sobre la cuantía de la pensión.

Por otra parte, se endurece la regulación de la incapacidad permanente para evitar que siga siendo una vía de acceso a la protección social en carreras de cotización insuficientes; mientras que la pensión de incapacidad temporal se cobrará aunque se extinga el contrato laboral del trabajador.

Paralelamente, se incluyen medidas para incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral, aumentando las pensiones para los que se jubilen con 66 o más años.

Quienes tengan derecho a pensión máxima la verán incrementada en un dos por ciento, un tres si han cotizado más de cuarenta años, y para los demás se incrementará en los mismos porcentajes la cuantía de la base reguladora

Las casadas que se queden viudas y tengan un alto nivel de ingresos no tendrán límites de rentas para la pensión. Ese límite de rentas era una vieja idea del Gobierno que no gustaba a los sindicatos. La reforma también permitirá el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho e incrementará los incentivos para prolongar la vida laboral más allá de los 65 años. Además, se extiende a las parejas de hecho que acrediten un período de convivencia que fijará el Parlamento, mientras que para los matrimonios será de 2 años, que no se exigirá si hay hijos en común o el cónyuge muere en accidente.

Para los empresarios, una de las medidas más beneficiosas es que, con la reforma, se abaratarán sus gastos por mantener en la empresa a trabajadores, que con cinco años de antigüedad, tuvieran 59 años de edad. En estos casos la Seguridad Social financiará el 40% de las cotizaciones.

Hasta ahora Trabajo sólo financiaba parte de las cotizaciones para aquellos trabajadores que, llevando al menos cinco años en la empresa, tuvieran entre 60 y 64 años (con 60 años, la Seguridad Social pagaba el 50% de las cotizaciones y con 64 años, el 90%, entre medias los porcentajes son proporcionales).

Con la reforma, esto se amplía, añadiendo la franja de 59 años e incluso abriendo la puerta a que, en función de las cuentas del sistema, esta escala pueda iniciarse en los 55 años.

Publicado por Ione Goirigolzarri

CNT Sentencia en pro de la libertad sindical

Sentencia en favor de la libertad de sindical (CNT)

Lo relevante es que esta sentencia se produce cuando a la CNT están lloviéndole las denuncias por desplegar la acción sindical que le ha caracterizado desde su fundación, que es la de acción directa.

El 29 de septiembre de 2002 la empresa Limpiezas Suyma presentaba una querella contra la FL de Zaragoza por delitos de calumnias e injurias. En primera instancia, la Federación Local, en este caso su Secretario General, era condenado a una multa de veinte días a razón de seis euros diarios. Todo a raíz de un panfleto repartido por portales, en la calle y a los usuarios de esta empresa en la que se explicaba el conflicto que mantenía el sindicato por razones de seguridad e higiene, mantener a la plantilla bajo la modalidad de contratos basura, y realización de tareas por encima de su categorías. Básicamente lo que hacen el ochenta por ciento de las empresas.

Las afirmaciones que realizaba el sindicato iban avaladas no sólo por los trabajadores de la misma sino por un informe de la Inspección de Trabajo; y sin embargo el sindicato resultó condenado. Como es natural, CNT recurrió tan absurda sentencia, pero más incomprensible nos resultó la nueva sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que, no solo ratificaba la anterior, señalando que el juzgado había sido demasiado benévolo y que si no condenaba a Teleforo Fuestes Esquinas por el delito de injurias era porque se lo prohibía la reformatio in peius (Consiste la reformatio in peius o reforma a peor en que se prohíbe al tribunal ante el que se recurre que aumente la condena si no lo pide la parte contraria o el fiscal). Toda una perla por parte de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que muestra tanta desidia ante el atentado a un derecho fundamental como el de la libertad de expresión y que sin argumentos intenta, con dicha sentencia, coartar la acción sindical de la CNT.

En fin, que la CNT, erre que erre, vuelve a recurrir esta vez ante el Tribunal Constitucional, y aquí se demuestra la pericia de los abogados del sindicato que, desde un principio, invocaban al derecho de libertad de expresión como un derecho fundamental que permitiría la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. Es de destacar que el Tribunal Constitucional reconoce que las expresiones utilizadas por el sindicato se corresponden a un momento de conflictividad manifiesta, dado el contexto en el que se produce el comunicado de la CNT, y por tanto hay que entender la situación de crispación. Además entiende las expresiones de “sucia empresa” y argumenta que se entiende que es un juego de palabras ya que la empresa se dedica a la limpieza, y ya de camino, da un rapapolvo a los conservadores y mal intencionados argumentos de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Lo relevante de todo es que esta sentencia se produce cuando a la CNT están lloviéndole las denuncias por desplegar la acción sindical que le ha caracterizado desde su fundación, que es la de acción directa, y por hacer pública la nefasta gestión que realizan las empresas con sus políticas antiobreras. Pero hemos de recalcar que la CNT, con esta sentencia a favor o si se diera el caso, en contra, continuaría el camino emprendido desde hace más de un siglo.

Llama la atención, una vez más, el desinterés de los juzgados por los asuntos que afectan a los ciudadanos; algo que se pone de manifiesto en cómo despachan los asuntos sin estudiarlos debidamente, pero llama aun más la atención el hecho de que una audiencia provincial actúe con la misma desidia cuando están en juego los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras en un desprecio total hacia los problemas de los más desprotegidos. En contraste, es una alegría el interés y la comprensión que demuestra el TC, que hasta se permite la complicidad de reconocer como un guiño el que se hable de “sucia empresa”.

Es de destacar por su trascendencia la exigencia del requisito de la previa invocación, durante el procedimiento ante el juzgado y la audiencia, de los derechos fundamentales que se entiendan lesionados, pues de no cumplirse este requisito, no se admitirá el recurso ante el TC y hay que recordar que no sólo hay que protestar por la lesión del derecho fundamental, sino que, además, debe hacerse lo antes posible.

Es muy importante lo declarado acerca de que los hechos no puede ser valorados al mismo tiempo como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de un delito y que es una violación de derecho; y anula la sentencia el no analizar si un hecho constituye el ejercicio legítimo de derechos fundamentales, es decir, que la actuación del juzgado de la audiencia, que no analiza si hay vulneración del derecho fundamental de libertad sindical, constituye en sí una lesión del derecho fundamental.

Finalmente, hay que recalcar la valoración que se hace del contexto, tanto en el sentido de admitir la repercusión de la situación de conflicto y tensión en el lenguaje utilizado, como al determinar que se debe tener en cuenta que las expresiones de los trabajadores y de sus representantes serán la forma que corresponda a un medio hostil.

Publicado por Sergio Escolar

Represión sindical en Telefónica

Un juez confirma la represión sindical en la multinacional española Telefónica.

Dos despidos procedentes y uno improcedente para tres delegados sindicales de Telefónica

El Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid ha confirmado la represión sindical en Telefónica al sentenciar como procedentes los despidos de Álvaro Barreiro y Porfirio Barrasa y como improcedente el de Teresa Rodríguez tras los expedientes disciplinarios recibidos después de una manifestación de trabajadores en la sede de la empresa en el Distrito C.

Una ola de indignación recorre la plantilla de Telefónica que todavía no puede creerse la sentencia del juez José Pablo Aramendi, sobretodo, tras haberse hecho público el video presentado en la vista y resaltar en la sentencia que son más creíbles las declaraciones de los testigos de la empresa que los de la defensa. De esta manera entiende que la declaración de un guardaespaldas “que pasaba por allí” y vio como Porfirio Barrasa golpeaba repetidamente con un adoquín uno de los cristales del edificio hasta romperlo es mucho mas creíble que la de los propios manifestantes o la nulidad de la prueba presentada en forma de video, y en la que no se ve nada, como así lo dice la propia sentencia. Grotescamente, la empresa presentó el adoquín como prueba.

Como indignante es la acusación que, según el juez miembro de Jueces para la Democracia, prueba que Álvaro Barreiro, al corear consignas a través del micrófono como “A por ellos” o “La próxima vez dinamitamos” alienta a los manifestantes para ocupar violentamente el edificio y atemoriza a quienes se oponen a sus propósitos, “sobrepasando el marco del ejercicio de los derechos de expresión y manifestación en el contexto de una huelga”. Además, insiste, genera una situación de evidente riesgo para el Jefe de Seguridad cuando le dice que “nos hemos quedado con tu cara y sabemos quien eres” al increparle tras conocer que había despedido a un guardia de seguridad que se había negado a intervenir en un conflicto laboral, tal y como marca la Ley de Seguridad Privada.

El despido improcedente de Teresa Rodríguez viene apoyado por ser vista en los videos y entendiendo por el juez que golpea en las puertas de los locales de CCOO y UGT y recrimina al jefe de los vigilantes por haberle mentido sobre la presencia o no de delegados de estas organizaciones. Para este magistrado, aunque los hechos revelan la existencia de un conflicto intersindical no pueden ser considerados por si mismos insultantes y, como tal, el despido debe ser improcedente.

Es decir, la principal prueba aportada por los abogados de la empresa, como son los videos, resultan irrelevantes para las sentencias ya que en ellos ni se ve nada ni, por supuesto, se escucha nada. Pero el magistrado se pone de parte de la empresa al confiar mas en el testimonio de un guardaespaldas y de los guardias de Segur Ibérica que custodiaban el edificio. Y se pone contra los trabajadores cuando entiende irrelevantes las declaraciones de un afiliado de CCOO que se encontraba en el lugar de los hechos o las de otros miembros de Secur Ibérica presentados por la defensa y que dicen que no sucedió nada de lo que se imputa a los trabajadores. Es más, omite la denuncia presentada como prueba contra Telefónica y Secur Ibérica por provocar a los manifestantes. Y, en una argumentación que recuerda a épocas pasadas, justifica que en la manifestación se infiltraran un coordinador y un inspector de la empresa de seguridad, desprovistos de uniforme para “acompañarla en su devenir intentando lógicamente obtener información preventiva”.

La sentencia del Juzgado de lo Social de Madrid se suma a las decenas de acciones contra el sindicalismo de clase y alternativo que se están dando en el estado español, tal vez como respuesta a la crisis, intentando amedrentar cualquier atisbo de reivindicación laboral al margen del sindicalismo “políticamente correcto” y, como consecuencia, al resto de la clase trabajadora.

Pero es curioso que el mismo día que se hace pública la sentencia contra estos tres trabajadores, César Alierta sea elegido “empresario del año” en Chile o firme un Convenio de Colaboración con la Magistratura “para potenciar la relación entre empresa, Justicia y Sociedad”. O que el Ministerio de Trabajo apruebe el Expediente de Regulación de Empleo para 500 trabajadores de Móviles, que empezarán a cobrar de las arcas del estado, desligándose de una empresa que el año pasado obtuvo más de 9.000 millones de euros de beneficios.

Desde el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores nos informan que esta sentencia no les va ni a amedrentar ni van a abandonar el camino emprendido en defensa de los intereses de los trabajadores. La sentencia será recurrida al Tribunal Supremo de Justicia de Madrid y, mientras tanto, los delegados despedidos pasarán a percibir la prestación por desempleo así como un complemento hasta completar el 100% de su sueldo procedente de los bonos de ayuda con los que está contribuyendo la plantilla. Por su parte, la delegada cuyo despido ha sido declarado improcedente, ha solicitado ya su readmisión a su puesto de trabajo.

Publicado por Sergio Escolar

Los sindicatos rechazan la propuesta de condiciones laborales para la fusión de Caja España y Caja Duero

Los sindicatos rechazaron hoy la propuesta de condiciones laborales planteadas por Caja España y Caja Duero de cara a la fusión de ambas entidades de ahorro, según informaron a Europa Press fuentes de Comisiones Obreras.

12-01-2010 - La representación sindical en su conjunto dentro de las entidades financieras Caja España y Caja Duero (CC.OO, UGT, Cesica y UEA) inició formalmente en el día de hoy, lunes 11 de enero, la negociación de las condiciones laborales de la fusión entre ambas cajas de ahorros de Castilla y León, en el marco de la cual rechazó la propuesta hecha por los responsables de las dos cajas castellanoleonesas, realizada el pasado día 28 de diciembre.

Los cuatro sindicatos pusieron sobre la mesa un planteamiento general basado en la voluntariedad en los excedentes con una mejora sustancial en las condiciones de prejubilaciones; la homogeneización de las condiciones laborales y salariales; el compromiso de mantener el nivel de empleo actual en un futuro; y la garantía y respeto de las actuales condiciones laborales de cada uno de los empleados de ambas cajas.

Según Comisiones, después de un amplio debate sobre los temas expuestos, y de un receso para reflexionar sobre lo debatido, los representantes de las dos entidades financieras han hecho una nueva propuesta de reestructuración.

En ella, asumen y aceptan que las medidas que se adopten serán no traumáticas; la voluntariedad compatible con la consecución de un porcentaje, aún por determinar, en el excedente; la movilidad geográfica, también voluntaria con carácter general, con planteamientos que la hagan posible, por ejemplo, si no hay centros cercanos y se comprometen a recalcular el coste de las prejubilaciones en base a porcentajes más "atractivos".

Además, a solicitud de la parte sindical, los representantes de las dos cajas de ahorros se han comprometido en los próximos dos días a facilitar la información relativa a todos los datos censales de los empleados y datos económicos de todas las oficinas, pero no el listado de aquellas que vayan a ser cerradas o reestructuradas.

Las dos partes en negociación han acordado convocar la próxima reunión para el lunes próximo, día 18 de enero en Madrid.

(Fuente: Boletin diario de noticias laborales, economicas, social, solidaridad- COMFIA)

OLATZ IZKOA

CCOO y UGT reclaman al Gobierno un incremento del 8% para SMI de 2010

Los responsables de Acción Sindical de UGT y CCOO, Toni Ferrer y Ramón Gorriz, respectivamente, en una carta dirigida al Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho instan al Gobierno a seguir con la mejora del SMI, de manera que alcance gradualmente una cuantía de al menos 800 euros al mes en 2012 y se siga avanzando posteriormente hasta alcanzar el 60% del salario medio neto, tal y como recomienda la Carta Social Europea suscrita por España.

18-12-2009 - Ante la cercanía del periodo de actualización del Salario Mínimo Interprofesional para el año 2010, las confederaciones sindicales de CCOO y UGT instan al Gobierno a seguir con la mejora del SMI en los términos previstos en la propuesta conjunta, presentada el pasado octubre de 2007, de manera que alcance gradualmente una cuantía de al menos 800 euros al mes en 2012, y se siga avanzando posteriormente hasta alcanzar el 60% del salario medio neto, tal y como recomienda la Carta Social Europea suscrita por España.

El contenido de la propuesta sindical se resume en los siguientes puntos:

A pesar de la ganancia ininterrumpida que experimenta desde el año 2004, el SMI ha perdido peso sobre el salario medio a partir de 2007, cuando alcanzó su mayor peso relativo (41,6%), y ha caído hasta el 40,9% en 2009, alejándose así del objetivo del 60% del salario medio neto establecido por la Carta Social Europea.

Este recorte se debe, por un lado, a la moderación en el ritmo de crecimiento del salario mínimo y, por otro, a un incremento en la tasa de variación del salario medio que se produce por la fuerte contracción del empleo menos productivo y, por tanto, peor remunerado, lo que empuja al alza las medias salariales; en consecuencia, parte de la caída del peso del salario mínimo sobre el salario medio se debe a este efecto composición de la población asalariada.

El salario mínimo español es uno de los más bajos de entre los países de la UE-15 que lo tienen establecido en su ordenamiento jurídico con cobertura general. Medido en paridad de poder de compra (descontando los diferenciales de precios entre países), España se sitúa sólo por encima de Grecia y Portugal. Este hecho no se justifica por diferencias en los niveles de productividad por hora, sino por una remuneración más baja de la hora trabajada.

Dado que la mejora del poder de compra del SMI ha contribuido al fortalecimiento de la cohesión social, a pesar de las diferencias con Europa y de estar lejos aún del nivel marcado por la Carta Social Europea, la crisis económica no puede servir como excusa para desistir en el objetivo de alcanzar un salario mínimo de 800 euros en la actual legislatura, objetivo además comprometido por el Presidente del Gobierno en su discurso de investidura.

La contención de las rentas de la propiedad y el trabajo (ya se produzca a través de la primera o segunda distribución de la renta) tiene que repartirse de manera proporcional, salvaguardando a los que pierden su empleo o a aquellos otros cuyo nivel salarial les sitúa por debajo del mínimo exento de participar en dicho esfuerzo, en cuyo caso se encuentran los trabajadores retribuidos con el SMI.

Por ello, UGT y CCOO instan al Gobierno a que incremente el SMI hasta 674 euros brutos mensuales en 14 pagas en 2010, lo que equivale a un incremento del 8% y un salario bruto anual de 9.436 euros. Además, solicitan la reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para asentar sobre nuevas bases la determinación anual del SMI, con el fin de evitar que se produzcan pérdidas de poder adquisitivo del SMI, así como que se aborde la negociación planteada por el RDL 3/2004 sobre los criterios para la revisión del Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM).


Maialen Marcaida
Alazne Herrezuelo

CCOO pide que los sueldos superiores a 80.000 euros tributen hasta el 47 por ciento

CCOO de Cataluña ha pedido hoy que las rentas de trabajo superiores a los 80.000 euros anuales, que ahora tributan al 43% pasen a hacerlo hasta un 47% y que las rentas de capital de tipo especulativo pasen del 18% al 25%, una propuesta del sindicato para tener un sistema fiscal más justo.
El secretario general de CCOO de Cataluña, Joan Carles Gallego, ha presentado hoy un informe sobre política fiscal y ha pedido un "debate global" sobre el tema, así como un sistema fiscal basado en los principios de suficiencia, ingresos suficientes para hacer las políticas sociales; equidad, que pague más el que más tiene; y, redistribución de la riqueza.
Gallego ha explicado que la recaudación de impuestos por cápita en España es inferior a la recaudación media de la Unión Europea y que también estamos por debajo en protección social, ya que mientras la media de la UE es del 27,5% del PIB, en España es del 20,9% y, en Cataluña, del 17,7%.
Para Gallego, el sistema fiscal de España y Cataluña descansa en buena medida en las rentas de trabajo, donde muchos empresarios y profesionales tributan como si fuesen 'mileuristas' y donde el fraude fiscal tiene una "enorme dimensión".
El líder de CCOO en Cataluña considera que, en los últimos años, España ha tenido unas políticas fiscales regresivas que han rebajado los impuestos directos y han aumentado los indirectos, lo que ha supuesto la pérdida de elementos redistributivos y la insuficiencia de ingresos para gastos sociales.
En este sentido, CCOO considera que las medidas fiscales planteadas por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado "no responden al anuncio de incrementar la fiscalidad de los que más tienen y ganan más".
Entre las medidas propuestas por CCOO, está la de aumentar el tipo máximo del IRPF, que ahora está en el 43%, hasta un 47% a las rentas superiores a los 80.000 euros anuales y que las rentas de capital tributen alrededor del 25%, cuando hoy lo hacen al 18%.
También propone introducir un nuevo tipo de IVA del 20% que grave los productos de lujo, revisar la tributación de las Sicav (Sociedades de Inversión de Capital Variable) que es del 1%, y eliminar el "privilegio" en la tributación del IRPF de los deportistas extranjeros de elite, que sólo cotizan el 24%.
CCOO ha reclamado que las comunidades autónomas puedan disponer de más capacidad normativa para la gestión de impuestos, pero también ha pedido unas normas estatales básicas que impidan la desaparición de un impuesto, como el de Sucesiones y Donaciones, y eviten la competencia desleal entre las autonomías.
Gallego ha señalado que el impuesto de Sucesiones y Donaciones ya ha sufrido varias reformas y ha dicho que más de la mitad de las personas que reciben herencias no pagan este impuesto.
Se ha opuesto a la desaparición de este tributo, aunque no a nuevas reformas, con retoques para las pequeñas herencias y también a la vivienda.
También ha apuntado la "posibilidad" de crear un impuesto sobre grandes fortunas, que ya existe en algún país europeo, y se ha opuesto a que una parte de los recursos que aporta el nuevo modelo de financiación se aplique a rebajas fiscales.


Maialen Marcaida
Alazne Herrezuelo