autonómica
La Comunitat invertirá 1384 millones en integrar a inmigrantes en empresas
19 Noviembre 08 - Toni Ramos
VALENCIA- La Generalitat Valenciana ha establecido un complejo pacto por la integración de los inmigrantes que cuenta con el apoyo de todos los agentes sociales: administración, sindicatos y patronal y que pretende la plena integración de los inmigrantes, aspiración a la que se destinará el montante de 1.368 millones de euros, lo que supone un promedio de 1.651 euros por inmigrante habida cuenta de la población actual que supera las 800.000 personas. El pacto, que ayer firmaron Rafael Blasco, en representación del Gobierno autonómico; Rafael Ferrando, por la patronal, Rafael Recuenco, por la UGT; y Joan Sifre por CCOO ofrecerá a empresarios herramientas de integración y fomentará la implantación de planes de acogida en el marco de la empresa y la sección sindical. Además, incentivará las buenas prácticas empresariales y sindicales para la elaboración de protocolos de acogida de empresas. Tanto la Generalitat como las empresas y sindicatos impulsarán acciones de formación básica encaminada a facilitar el proceso de inserción consistente en idiomas de la sociedad de acogida, legislación laboral, técnicas de búsqueda de empleo y promoción de la formación ocupacional. Además, se ampliará la figura del mediador intercultural en el ámbito sanitario y educativo y se sensibilizará a los agentes empresariales en materia de diversidad cultural. Bajo los principios de igualdad, no discriminación, ciudadanía, interculturalidad, integración y garantía de los derechos sociales de las personas inmigrantes que residen y trabajan en la Comunitat, el Pacto Valenciano por la Inmigración ofrece un enfoque global y refuerza las políticas de la Generalitat a favor de la integración y la cohesión social. Las acciones señaladas se concretarán en el horizonte 2009 a 2013 y todos los compromisos financieros anuales que se deriven quedarán condicionados a la existencia de crédito adecuado y suficiente para atenderlos en las correspondientes leyes de presupuestos de la Generalitat valenciana. El presidente Camps manifestó que existen problemas «pero los podemos resolver si los afrontamos a tiempo». El conseller Blasco indicó que se busca la creación de empleo entre ese colectivo en un momento de crisis económica y la formación de inmigrantes en un contexto que es necesario especializarse en los sectores emergentes y dejar de lado otros que están en una crisis seria». Ferrando puso de manifiesto la disposición de los empresarios para colaborar en que la Comunitat Valenciana siga siendo ejemplo de diálogo, apertura y conocimiento». El secretario general de CCOO, Joan Sifre, expresó su compromiso por la defensa de los derechos de los inmigrantes «que son los más golpeados por la crisis», mientras que su homólogo de la UGT, Rafael Recuenco defendió que «el pacto supone adelantarse a posibles problemas y evitar que experiencias de otros lugares se puedan producir en la Comunitat Valenciana».
lunes, 24 de noviembre de 2008
domingo, 23 de noviembre de 2008
Quieren seguir encerrados en la UB pese a que su plazo acaba el lunes
Los universitarios reforzarán la presión contra la imposición del Plan Bolonia
23 Noviembre 08 - N. R.
barcelona- Si bien la puerta al diálogo entre el rectorado de la UB y los estudiantes contrarios al Plan Bolonia pareció abrirse el viernes, -con la propuesta de encuentros anunciada por el rector en funciones Josep Samitier- ayer volvió a cerrarse de golpe. Samitier permitía el encierro hasta el lunes, fecha de inicio de una a una ronda de encuentros entre rectores y el Govern para analizar las demandas de los estudiantes. El rector en funciones adivirtió de que continuar con el encierro «no tendría sentido». Los alumnos encerrados están en contra de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) por la «mercantilización» de la universidad. Fuentes de los sindicatos de estudiantes que mantienen la ocupación en el edificio histórico del Rectorado de la UB en plaza Universitat desde el pasado jueves -Sindicat d¿Estudiants del Països Catalans (SEPC) y Coordinadora de Asambleas de la facultad (CAE)- explicaron ayer que las palabras de Samitier son una «provocación». Para los estudiantes que mantienen el encierro, la advertencia de abandono del lunes «es una amenaza, ya que ni han abierto el diálogo real ni nada».Por este motivo, los sindicatos anunciaron que reforzarán las medidas de presión contra la UB y la Universidad Autónoma (UAB). La protesta se mantendrá de forma «indefinida» mediante el cierre del Campus Mundet de la UB y otras facultades de la UB, y se repetirá la ocupación del facultad de Ciencias Políticas de la UAB el lunes, Letras y Ciencias el martes y Comunicación Audiovisual el miércoles. Las exigencias de los convocantes de al protesta pasan por que toda la sociedad estudiantil pueda participar en la elaboración del proceso de adaptación al marco europeo y la retirada de expedientes a 31 alumnos de la UAB que se encerraron en el rectorado en marzo.
Los universitarios reforzarán la presión contra la imposición del Plan Bolonia
23 Noviembre 08 - N. R.
barcelona- Si bien la puerta al diálogo entre el rectorado de la UB y los estudiantes contrarios al Plan Bolonia pareció abrirse el viernes, -con la propuesta de encuentros anunciada por el rector en funciones Josep Samitier- ayer volvió a cerrarse de golpe. Samitier permitía el encierro hasta el lunes, fecha de inicio de una a una ronda de encuentros entre rectores y el Govern para analizar las demandas de los estudiantes. El rector en funciones adivirtió de que continuar con el encierro «no tendría sentido». Los alumnos encerrados están en contra de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) por la «mercantilización» de la universidad. Fuentes de los sindicatos de estudiantes que mantienen la ocupación en el edificio histórico del Rectorado de la UB en plaza Universitat desde el pasado jueves -Sindicat d¿Estudiants del Països Catalans (SEPC) y Coordinadora de Asambleas de la facultad (CAE)- explicaron ayer que las palabras de Samitier son una «provocación». Para los estudiantes que mantienen el encierro, la advertencia de abandono del lunes «es una amenaza, ya que ni han abierto el diálogo real ni nada».Por este motivo, los sindicatos anunciaron que reforzarán las medidas de presión contra la UB y la Universidad Autónoma (UAB). La protesta se mantendrá de forma «indefinida» mediante el cierre del Campus Mundet de la UB y otras facultades de la UB, y se repetirá la ocupación del facultad de Ciencias Políticas de la UAB el lunes, Letras y Ciencias el martes y Comunicación Audiovisual el miércoles. Las exigencias de los convocantes de al protesta pasan por que toda la sociedad estudiantil pueda participar en la elaboración del proceso de adaptación al marco europeo y la retirada de expedientes a 31 alumnos de la UAB que se encerraron en el rectorado en marzo.
viernes, 21 de noviembre de 2008
Cientos de guardias civiles desafían a Interior en una protesta con la policía
Multitudinaria manifestación en Madrid para reivindicar mejoras salariales
Guardias civiles y policías nacionales se unieron ayer por primera vez en una multitudinaria manifestación para reivindicar mejoras laborales y salariales. En una marcha por Madrid de unas 15.000 personas -cifra que los organizadores elevan a 25.000 e Interior rebaja a 7.000-, cientos de agentes del instituto armado desafiaron al Gobierno, que les había advertido en reiteradas ocasiones de las consecuencias que les puede traer la protesta: sanciones, expedientes disciplinarios e, incluso, la expulsión del cuerpo.
Reivindicaciones
Acusan a Rubalcaba de engañarlos y luego utilizarlos en los funerales
Los guardias civiles no se dejaron amedrentar y algunos de sus representantes se colocaron en la cabecera de la marcha sosteniendo la pancarta con el lema Por la dignidad económica y profesional. Acudieron 3.000 agentes del cuerpo, según el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alberto Moya, quien aseguró que "las amenazas del ministro [del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba] han servido de acicate".
Tanto ellos como los policías tienen una reivindicación principal: la equiparación salarial con los agentes de los cuerpos de seguridad autonómicos, como la Ertzaintza o los Mossos d'Escuadra. Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) "cobran hasta un 30% menos por el mismo trabajo", según los cuatro sindicatos representativos del CNP, que se mantienen unidos en la protesta.
La marcha transcurrió sin incidentes, pero con mucho ruido. Especialmente al pasar frente al Ministerio del Interior, cuando estalló una traca de petardos y arreciaron los gritos que sonaron durante todo el recorrido: "¡Rubalcaba, súbenos la paga!" y, sobre todo, "¡Rubalcaba, dimisión!". El ministro fue el principal objetivo de las críticas en la plaza de Colón, donde terminó la protesta. "Por mentirnos, por no dialogar con nosotros, por utilizarnos en los funerales", dijo el portavoz de la unidad de acción sindical, José Ángel Fuentes Gago. "Pasará a la historia como el primer ministro del Interior que ha conseguido que policías y guardias civiles hagamos causa común ante sus ataques injustos y arbitrarios", añadió.
Los desencuentros entre los sindicatos y el ministerio explotaron el pasado mayo, cuando las negociaciones para mejorar los salarios se rompieron y los representantes de los policías se declararon en conflicto. Los policías no tienen derecho a huelga, pero hicieron un paro de celo durante buena parte del verano.
La falta de salidas a las reivindicaciones acabó con la convocatoria de la manifestación de ayer. A ella se sumaron representantes de los sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos d'Escuadra. También varias asociaciones de policías europeos que representan a unos 800.000 agentes. "Pedimos respeto, libertad, derechos y un salario justo para nuestros compañeros", dijo una portavoz de la Federación Europea de Policía (Eurocop).
Miles de agentes, muchos de ellos acompañados por sus familias, jaleaban los discursos. El dirigente del Sindicato Profesional de la Policía Fernando Vivas se solidarizó con los guardias civiles: "Nuestros compañeros tienen la boca cerrada, pero nosotros se la vamos a abrir". En efecto, los miembros del instituto armado no se pronunciaron en el estrado de Colón ni figuraron como convocantes de la manifestación, aunque los logotipos de la Unión de Guardias Civiles (UGC) y de la AUGC figuraban en las pancartas.
Las advertencias de Rubalcaba y del director de la policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, quienes aseguraron que los agentes verdes no tienen derecho a hacer manifestaciones con reivindicaciones de tipo sindical, provocaron que los dirigentes de Unión de Oficiales de la Guardia Civil no acudiesen para no servir de "rehenes". Además, muchos funcionarios taparon ayer sus caras con gafas, pañuelos o caretas del propio ministro. Otros mostraban sin pudor petos o llevaban grandes carteles con los distintivos de las asociaciones. También había algún tricornio y gorras oficiales, aunque no se vieron uniformes. No repitieron los guardias la protesta del 20 de enero de 2007, cuando cientos de agentes uniformados protestaron por los incumplimientos del Gobierno, que había prometido una ley de derechos y deberes de los guardias. Una veintena de agentes fueron expedientados por aquella concentración. La ley fue aprobada tres meses después. Desde entonces, estos funcionarios pueden manifestarse sin uniforme y con este argumento las asociaciones del cuerpo han anunciado querellas contra Rubalcaba y Velázquez por coacciones.
Consultado por este periódico, el Ministerio del Interior no se pronunció ayer sobre las posibles sanciones a los guardias que se manifestaron. Fuentes del departamento sí expresaron el respeto al derecho de manifestación de los policías y reiteraron su voluntad de diálogo con los sindicatos. También recordaron las sucesivas subidas salariales de los agentes del CNP y la Guardia Civil en los últimos cuatro años, así como el esfuerzo económico en ampliar unas plantillas (ahora superan los 140.000 agentes) que "el PP había dejado bajo mínimos".
Reivindicaciones
-Sueldo. La principal reivindicación es la equiparación salarial de los policías y guardias civiles con otras policías autonómicas. Aseguran percibir unos 500 euros mensuales menos que sus compañeros (ver gráfico).
- Jornada. Piden equiparar su jornada laboral con las de otros funcionarios de igual categoría.
- Carrera. Reivindican una mejora en la carrera profesional y la regulación de los ascensos dentro de los cuerpos.
- Segunda actividad. Aseguran que los agentes que pasan a segunda actividad pierden hasta un 30% de poder adquisitivo, algo que consideran desproporcionado.
- Mandos. La escala ejecutiva pide la implementación de sistemas que mejoren las garantías jurídicas de quienes toman decisiones comprometidas, planifican actuaciones de compleja ejecución o firman escritos que implican la disposición directa de importantes sumas de dinero.
- Medios. Denuncian que los medios con los que trabajan son escasos e inapropiados.
Multitudinaria manifestación en Madrid para reivindicar mejoras salariales
Guardias civiles y policías nacionales se unieron ayer por primera vez en una multitudinaria manifestación para reivindicar mejoras laborales y salariales. En una marcha por Madrid de unas 15.000 personas -cifra que los organizadores elevan a 25.000 e Interior rebaja a 7.000-, cientos de agentes del instituto armado desafiaron al Gobierno, que les había advertido en reiteradas ocasiones de las consecuencias que les puede traer la protesta: sanciones, expedientes disciplinarios e, incluso, la expulsión del cuerpo.
Reivindicaciones
Acusan a Rubalcaba de engañarlos y luego utilizarlos en los funerales
Los guardias civiles no se dejaron amedrentar y algunos de sus representantes se colocaron en la cabecera de la marcha sosteniendo la pancarta con el lema Por la dignidad económica y profesional. Acudieron 3.000 agentes del cuerpo, según el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alberto Moya, quien aseguró que "las amenazas del ministro [del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba] han servido de acicate".
Tanto ellos como los policías tienen una reivindicación principal: la equiparación salarial con los agentes de los cuerpos de seguridad autonómicos, como la Ertzaintza o los Mossos d'Escuadra. Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) "cobran hasta un 30% menos por el mismo trabajo", según los cuatro sindicatos representativos del CNP, que se mantienen unidos en la protesta.
La marcha transcurrió sin incidentes, pero con mucho ruido. Especialmente al pasar frente al Ministerio del Interior, cuando estalló una traca de petardos y arreciaron los gritos que sonaron durante todo el recorrido: "¡Rubalcaba, súbenos la paga!" y, sobre todo, "¡Rubalcaba, dimisión!". El ministro fue el principal objetivo de las críticas en la plaza de Colón, donde terminó la protesta. "Por mentirnos, por no dialogar con nosotros, por utilizarnos en los funerales", dijo el portavoz de la unidad de acción sindical, José Ángel Fuentes Gago. "Pasará a la historia como el primer ministro del Interior que ha conseguido que policías y guardias civiles hagamos causa común ante sus ataques injustos y arbitrarios", añadió.
Los desencuentros entre los sindicatos y el ministerio explotaron el pasado mayo, cuando las negociaciones para mejorar los salarios se rompieron y los representantes de los policías se declararon en conflicto. Los policías no tienen derecho a huelga, pero hicieron un paro de celo durante buena parte del verano.
La falta de salidas a las reivindicaciones acabó con la convocatoria de la manifestación de ayer. A ella se sumaron representantes de los sindicatos de la Ertzaintza y los Mossos d'Escuadra. También varias asociaciones de policías europeos que representan a unos 800.000 agentes. "Pedimos respeto, libertad, derechos y un salario justo para nuestros compañeros", dijo una portavoz de la Federación Europea de Policía (Eurocop).
Miles de agentes, muchos de ellos acompañados por sus familias, jaleaban los discursos. El dirigente del Sindicato Profesional de la Policía Fernando Vivas se solidarizó con los guardias civiles: "Nuestros compañeros tienen la boca cerrada, pero nosotros se la vamos a abrir". En efecto, los miembros del instituto armado no se pronunciaron en el estrado de Colón ni figuraron como convocantes de la manifestación, aunque los logotipos de la Unión de Guardias Civiles (UGC) y de la AUGC figuraban en las pancartas.
Las advertencias de Rubalcaba y del director de la policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, quienes aseguraron que los agentes verdes no tienen derecho a hacer manifestaciones con reivindicaciones de tipo sindical, provocaron que los dirigentes de Unión de Oficiales de la Guardia Civil no acudiesen para no servir de "rehenes". Además, muchos funcionarios taparon ayer sus caras con gafas, pañuelos o caretas del propio ministro. Otros mostraban sin pudor petos o llevaban grandes carteles con los distintivos de las asociaciones. También había algún tricornio y gorras oficiales, aunque no se vieron uniformes. No repitieron los guardias la protesta del 20 de enero de 2007, cuando cientos de agentes uniformados protestaron por los incumplimientos del Gobierno, que había prometido una ley de derechos y deberes de los guardias. Una veintena de agentes fueron expedientados por aquella concentración. La ley fue aprobada tres meses después. Desde entonces, estos funcionarios pueden manifestarse sin uniforme y con este argumento las asociaciones del cuerpo han anunciado querellas contra Rubalcaba y Velázquez por coacciones.
Consultado por este periódico, el Ministerio del Interior no se pronunció ayer sobre las posibles sanciones a los guardias que se manifestaron. Fuentes del departamento sí expresaron el respeto al derecho de manifestación de los policías y reiteraron su voluntad de diálogo con los sindicatos. También recordaron las sucesivas subidas salariales de los agentes del CNP y la Guardia Civil en los últimos cuatro años, así como el esfuerzo económico en ampliar unas plantillas (ahora superan los 140.000 agentes) que "el PP había dejado bajo mínimos".
Reivindicaciones
-Sueldo. La principal reivindicación es la equiparación salarial de los policías y guardias civiles con otras policías autonómicas. Aseguran percibir unos 500 euros mensuales menos que sus compañeros (ver gráfico).
- Jornada. Piden equiparar su jornada laboral con las de otros funcionarios de igual categoría.
- Carrera. Reivindican una mejora en la carrera profesional y la regulación de los ascensos dentro de los cuerpos.
- Segunda actividad. Aseguran que los agentes que pasan a segunda actividad pierden hasta un 30% de poder adquisitivo, algo que consideran desproporcionado.
- Mandos. La escala ejecutiva pide la implementación de sistemas que mejoren las garantías jurídicas de quienes toman decisiones comprometidas, planifican actuaciones de compleja ejecución o firman escritos que implican la disposición directa de importantes sumas de dinero.
- Medios. Denuncian que los medios con los que trabajan son escasos e inapropiados.
Patronal y sindicatos se enfrentan por el abaratamiento del despido.
La paz social que ha caracterizado los últimos años comienza a resquebrajarse a medida que la bonanza económica se diluye por el impacto de la crisis. Hoy, patronal y sindicatos han dejado de lado su inhabitual concordia de pasados ejercicios para entablar una polémica sobre el coste del despido. Así, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha considerado que los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) son el sistema que "más respeta" los puestos de trabajo y ha reclamado a las autoridades que no exijan indemnizaciones de 45 días por año, ya que conduce a las empresas al "cierre definitivo".
Toxo se lanza a la batalla por la secretaría general de CC OO
Desde los sindicatos, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha lanzado hoy un duro ataque contra los empresarios que defienden las "viejas recetas" contra la crisis en alusión a Díaz Ferrán y les ha llamado "saqueadores".
Previamente, Díaz Ferrán ha reiterado su opinión de que los ERE constituyen la solución "más saludable" en tiempos de crisis como el actual, ya que evitan que la reducción del consumo de bienes y servicios conduzca a las empresas al cierre total, una opción que "provocaría una pérdida mayor de puestos de trabajo". Pero, "(estas indemnizaciones) hacen imposibles los expedientes y al final las empresas terminan cerrando cuando lo que se quiere evitar es que desaparezcan los puestos de trabajo", ha añadido.
No obstante, el presidente de la CEOE ha reiterado que el principal problema que afrontan en la actualidad las pequeñas y medianas empresas españolas es la falta de liquidez ya que las entidades financieras continúan sin concederles los créditos necesarios para la tesorería y el capital circulante, "con el que poder pagar las nóminas y a los proveedores a fin de mes".
"Sin esta financiación, hay muchas compañías que terminan inmersas en concursos de acreedores y eso conlleva una importante destrucción de empleo", ha añadido durante la inauguración de una jornada dedicada a la industria nuclear española junto con la presidenta del Foro Nuclear, María Teresa Domínguez. Así, aprovechando este marco, Díaz Ferrán ha defendido hoy que "España no puede ni debe dar la espalda a la nuclear" y ha destacado la importancia que tendría sobre la creación de empleo apostar por esta energía.
"Aquí hay saqueadores"
Frente a la opinión del líder de la CEOE, Méndez ha apuntado que, como aquellos que tras la batalla despojan de sus pertenencias a los caídos, "aquí hay saqueadores que en este momento siguen hablando del abaratamiento del despido, que dicen que los trabajadores son unos vagos, que los sindicatos no cumplen con su papel, que plantean que hay que acabar con la cláusula de revisión salarial en los convenios, los que plantean recetas que no tienen ningún fundamento".
Frente a estos planteamientos, el líder sindical ha defendido las medidas financieras puestas en marcha por el Gobierno para aportar liquidez al sistema y, tras resaltar que no pueden contemplarse como un "rescate", ha pedido que no se queden por los "recodos" del sistema y lleguen a las empresas y familias.
Por otro lado, ha reclamado que, además, se celebre una conferencia intersectorial de industria y trabajo liderada por el Gobierno en la que tengan cabida las comunidades autónomas, para impulsar el sector industrial y fomentar un empleo de mayor valor añadido.
La paz social que ha caracterizado los últimos años comienza a resquebrajarse a medida que la bonanza económica se diluye por el impacto de la crisis. Hoy, patronal y sindicatos han dejado de lado su inhabitual concordia de pasados ejercicios para entablar una polémica sobre el coste del despido. Así, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha considerado que los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) son el sistema que "más respeta" los puestos de trabajo y ha reclamado a las autoridades que no exijan indemnizaciones de 45 días por año, ya que conduce a las empresas al "cierre definitivo".
Toxo se lanza a la batalla por la secretaría general de CC OO
Desde los sindicatos, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha lanzado hoy un duro ataque contra los empresarios que defienden las "viejas recetas" contra la crisis en alusión a Díaz Ferrán y les ha llamado "saqueadores".
Previamente, Díaz Ferrán ha reiterado su opinión de que los ERE constituyen la solución "más saludable" en tiempos de crisis como el actual, ya que evitan que la reducción del consumo de bienes y servicios conduzca a las empresas al cierre total, una opción que "provocaría una pérdida mayor de puestos de trabajo". Pero, "(estas indemnizaciones) hacen imposibles los expedientes y al final las empresas terminan cerrando cuando lo que se quiere evitar es que desaparezcan los puestos de trabajo", ha añadido.
No obstante, el presidente de la CEOE ha reiterado que el principal problema que afrontan en la actualidad las pequeñas y medianas empresas españolas es la falta de liquidez ya que las entidades financieras continúan sin concederles los créditos necesarios para la tesorería y el capital circulante, "con el que poder pagar las nóminas y a los proveedores a fin de mes".
"Sin esta financiación, hay muchas compañías que terminan inmersas en concursos de acreedores y eso conlleva una importante destrucción de empleo", ha añadido durante la inauguración de una jornada dedicada a la industria nuclear española junto con la presidenta del Foro Nuclear, María Teresa Domínguez. Así, aprovechando este marco, Díaz Ferrán ha defendido hoy que "España no puede ni debe dar la espalda a la nuclear" y ha destacado la importancia que tendría sobre la creación de empleo apostar por esta energía.
"Aquí hay saqueadores"
Frente a la opinión del líder de la CEOE, Méndez ha apuntado que, como aquellos que tras la batalla despojan de sus pertenencias a los caídos, "aquí hay saqueadores que en este momento siguen hablando del abaratamiento del despido, que dicen que los trabajadores son unos vagos, que los sindicatos no cumplen con su papel, que plantean que hay que acabar con la cláusula de revisión salarial en los convenios, los que plantean recetas que no tienen ningún fundamento".
Frente a estos planteamientos, el líder sindical ha defendido las medidas financieras puestas en marcha por el Gobierno para aportar liquidez al sistema y, tras resaltar que no pueden contemplarse como un "rescate", ha pedido que no se queden por los "recodos" del sistema y lleguen a las empresas y familias.
Por otro lado, ha reclamado que, además, se celebre una conferencia intersectorial de industria y trabajo liderada por el Gobierno en la que tengan cabida las comunidades autónomas, para impulsar el sector industrial y fomentar un empleo de mayor valor añadido.
jueves, 20 de noviembre de 2008
Activistas de Greenpeace bloquean la entrada de la central nuclear de Garoña
Unos 60 activistas de Greenpeace bloquearon esta mañana la entrada de la central nuclear de Garoña, en Burgos, para exigir al Gobierno «el complimiento de su compromiso de cierre de las centrales nucleares» y la «clausura inmediata» de esta central.20 Noviembre 08 - 8:06 - Burgos - Efe
Según informó la organización ecologista, a las 6.00 horas, los activistas instalaron un contenedor en la entrada principal de la central. En su interior, explicaron, se encontraban una decena de activistas de la campaña ‘Yo soy antinuclear’, «preparados para resistir y equipados para transmitir su experiencia antinuclear a la sociedad, así como recordar la inviabilidad de la energía nuclear». Al mismo tiempo, otro grupo de activistas se encadenó a la puerta de la central nuclear, con pancartas con el lema: ‘Garoña, cierre ya’. La acción de «protesta pacífica» de Greenpeace se enmarca dentro de la campaña ‘Yo soy antinuclear’ y persigue recordar a la opinión pública el compromiso electoral del PSOE de «sustituir de forma gradual la energía nuclear en España por energías seguras, limpias, y menos costosas, cerrando las centrales nucleares»., El director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, afirmó que «es hora de que el Gobierno socialista cumpla su compromiso de cerrar Garoña y las demás centrales nucleares». «El presidente Zapatero cometería un grave error si decide darle la espalda a la mayoría antinuclear de la ciudadanía», agregó, según un comunicado de la organización. Según Greenpeace, la central nuclear de Garoña, inaugurada en 1971, está «totalmente amortizada desde hace años» y es «una central nuclear obsoleta, aquejada de graves problemas de seguridad». Su permiso de explotación termina en julio de 2009, pero la compañía propietaria Nuclenor ha pedido una prórroga de otros 10 años para la central. «No hay ningún motivo económico, ni energético, ni medioambiental ni social al que el Gobierno pueda agarrarse para incumplir su compromiso de cerrar Garoña y las demás nucleares», declaró Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace. «Garoña está más que amortizada, su escasa producción eléctrica está sobradamente compensada por el incremento anual de la electricidad renovable, tiene serios problemas de agrietamiento por corrosión, y el rechazo social que genera es manifiesto», agregó.
Unos 60 activistas de Greenpeace bloquearon esta mañana la entrada de la central nuclear de Garoña, en Burgos, para exigir al Gobierno «el complimiento de su compromiso de cierre de las centrales nucleares» y la «clausura inmediata» de esta central.20 Noviembre 08 - 8:06 - Burgos - Efe
Según informó la organización ecologista, a las 6.00 horas, los activistas instalaron un contenedor en la entrada principal de la central. En su interior, explicaron, se encontraban una decena de activistas de la campaña ‘Yo soy antinuclear’, «preparados para resistir y equipados para transmitir su experiencia antinuclear a la sociedad, así como recordar la inviabilidad de la energía nuclear». Al mismo tiempo, otro grupo de activistas se encadenó a la puerta de la central nuclear, con pancartas con el lema: ‘Garoña, cierre ya’. La acción de «protesta pacífica» de Greenpeace se enmarca dentro de la campaña ‘Yo soy antinuclear’ y persigue recordar a la opinión pública el compromiso electoral del PSOE de «sustituir de forma gradual la energía nuclear en España por energías seguras, limpias, y menos costosas, cerrando las centrales nucleares»., El director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, afirmó que «es hora de que el Gobierno socialista cumpla su compromiso de cerrar Garoña y las demás centrales nucleares». «El presidente Zapatero cometería un grave error si decide darle la espalda a la mayoría antinuclear de la ciudadanía», agregó, según un comunicado de la organización. Según Greenpeace, la central nuclear de Garoña, inaugurada en 1971, está «totalmente amortizada desde hace años» y es «una central nuclear obsoleta, aquejada de graves problemas de seguridad». Su permiso de explotación termina en julio de 2009, pero la compañía propietaria Nuclenor ha pedido una prórroga de otros 10 años para la central. «No hay ningún motivo económico, ni energético, ni medioambiental ni social al que el Gobierno pueda agarrarse para incumplir su compromiso de cerrar Garoña y las demás nucleares», declaró Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace. «Garoña está más que amortizada, su escasa producción eléctrica está sobradamente compensada por el incremento anual de la electricidad renovable, tiene serios problemas de agrietamiento por corrosión, y el rechazo social que genera es manifiesto», agregó.
martes, 18 de noviembre de 2008
El Ayuntamiento rechaza las alegaciones de Mao Mao y mantiene su cierre cautelar
Seguridad Ciudadana cree que los dueños de la discoteca, denunciada por exceso de aforo, recurrirán al Contencioso
LUIS GÓMEZ
BILBAO
l.gomez@diario-elcorreo.com
El Ayuntamiento de Bilbao desestimó ayer las alegaciones presentadas por los propietarios de Mao Mao Beach y decidió mantener el cierre de la discoteca por rebasar en «infinidad de ocasiones» el exceso de aforo. El área de Seguridad Ciudadana se reunió para estudiar las sanciones a imponer a los dueños de esta sala de fiestas de Zorrozaurre, que no abrió sus puertas el pasado fin de semana tras ordenar el precinto cautelar de sus instalaciones, como adelantó este diario.
El Consistorio incoó el pasado año cuatro expedientes sancionadores contra este club, promovido por un ex concursante del programa televisivo 'Gran Hermano', debido a las «reiteradas veces» que sus propietarios han superado ampliamente el aforo máximo de la sala, con capacidad para 463 personas. En lo que va de año, la concejalía que dirige Eduardo Maiz ha impuesto otras tres multas a esta discoteca por el mismo motivo e infringir la normativa de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del Gobierno vasco. Las numerosas inspecciones realizadas por la Policía Municipal han constatado la presencia de más de 800 personas en el interior del local, aunque el número de clientes ha llegado a superar «alguna vez» el millar de asistentes. Las infracciones cometidas están consideradas «graves o muy graves».
«Graves perjuicios»
Pese a la repetidas infracciones, los responsables de Mao Mao, abierta en septiembre de 2005, presentaron un recurso contra el Ayuntamiento, alegando la «desproporcionalidad» del acuerdo municipal y los graves «perjuicios» económicos que acarrearía la clausura de la discoteca, que años atrás funcionó con otro nombre -Columbus- y gestionada por empresarios distintos a los actuales.
Sin embargo, la Administración bilbaína ha rechazado las alegaciones y ha decidido mantener tanto el cese de actividad como el cierre cautelar del equipamiento, que se prolongará de forma indefinida, salvo que un juez decida lo contrario. Portavoces municipales expresaron ayer, en este sentido, la posibilidad de que los demandados interpongan un nuevo recurso contra el Ayuntamiento y que posteriormente acudan al Contencioso, «puesto que las resoluciones judiciales suelen ser bastante rápidas y podrían permitir reanudar la actividad de forma cautelar, cumpliendo escrupulosamente la ley».
Frente al criterio municipal, los responsables de la sala aseguraron que se limitarán a «esperar» y a comprobar la respuesta del alcalde, al que han solicitado «una entrevista» para intentar resolver «esta situación. Nosotros veremos qué podemos hacer por las buenas. Depende de por dónde salgan, actuaremos», advirtieron.
Seguridad Ciudadana cree que los dueños de la discoteca, denunciada por exceso de aforo, recurrirán al Contencioso
LUIS GÓMEZ
BILBAO
l.gomez@diario-elcorreo.com
El Ayuntamiento de Bilbao desestimó ayer las alegaciones presentadas por los propietarios de Mao Mao Beach y decidió mantener el cierre de la discoteca por rebasar en «infinidad de ocasiones» el exceso de aforo. El área de Seguridad Ciudadana se reunió para estudiar las sanciones a imponer a los dueños de esta sala de fiestas de Zorrozaurre, que no abrió sus puertas el pasado fin de semana tras ordenar el precinto cautelar de sus instalaciones, como adelantó este diario.
El Consistorio incoó el pasado año cuatro expedientes sancionadores contra este club, promovido por un ex concursante del programa televisivo 'Gran Hermano', debido a las «reiteradas veces» que sus propietarios han superado ampliamente el aforo máximo de la sala, con capacidad para 463 personas. En lo que va de año, la concejalía que dirige Eduardo Maiz ha impuesto otras tres multas a esta discoteca por el mismo motivo e infringir la normativa de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del Gobierno vasco. Las numerosas inspecciones realizadas por la Policía Municipal han constatado la presencia de más de 800 personas en el interior del local, aunque el número de clientes ha llegado a superar «alguna vez» el millar de asistentes. Las infracciones cometidas están consideradas «graves o muy graves».
«Graves perjuicios»
Pese a la repetidas infracciones, los responsables de Mao Mao, abierta en septiembre de 2005, presentaron un recurso contra el Ayuntamiento, alegando la «desproporcionalidad» del acuerdo municipal y los graves «perjuicios» económicos que acarrearía la clausura de la discoteca, que años atrás funcionó con otro nombre -Columbus- y gestionada por empresarios distintos a los actuales.
Sin embargo, la Administración bilbaína ha rechazado las alegaciones y ha decidido mantener tanto el cese de actividad como el cierre cautelar del equipamiento, que se prolongará de forma indefinida, salvo que un juez decida lo contrario. Portavoces municipales expresaron ayer, en este sentido, la posibilidad de que los demandados interpongan un nuevo recurso contra el Ayuntamiento y que posteriormente acudan al Contencioso, «puesto que las resoluciones judiciales suelen ser bastante rápidas y podrían permitir reanudar la actividad de forma cautelar, cumpliendo escrupulosamente la ley».
Frente al criterio municipal, los responsables de la sala aseguraron que se limitarán a «esperar» y a comprobar la respuesta del alcalde, al que han solicitado «una entrevista» para intentar resolver «esta situación. Nosotros veremos qué podemos hacer por las buenas. Depende de por dónde salgan, actuaremos», advirtieron.
Muere pisoteada en una avalancha al entrar en Melilla
La joven hacía cola en un pasadizo utilizadopor los 'porteadores' que compran mercancía en la ciudad para revenderla en Marruecos
Una mujer de nacionalidad marroquí, dedicada al contrabando de mercancías entre Melilla y Marruecos, murió ayer aplastada cuando intentaba pasar a la ciudad autónoma por una zona peatonal de la frontera dedicada expresamente a los trabajadores del llamado 'comercio atípico', según informaron fuentes policiales cercanas al caso. Otras siete personas resultaron heridas de diversa consideración como consecuencia de la avalancha en el acceso denominado Barrio Chino. La Policía tuvo que disparar al aire para dispersar a la multitud.
La tragedia se fraguó minutos antes de las 7.30 horas de la mañana, momento en el que la mujer cayó al suelo y fue pisoteada por otros compatriotas en un corredor donde se agolpaban cientos de personas sin ningún orden. Estos 'porteadores' cruzan a suelo español para comprar mercancías que luego revenden en Marruecos a un precio mayor. El incidente tuvo lugar en la zona conocida como 'la jaula', el pasadizo peatonal fronterizo entre España y Marruecos que es utilizado a diario por una marabunta de gente. Toda la zona está delimitada por vallas de alambre.
La muchedumbre que se agolpaba en el corredor era tal -las autoridades calculan que podría haber cerca de 400 personas- que los agentes tuvieron que realizar dos disparos al aire para dispersar al gentío y poder acceder al lugar donde los 'contrabandistas' que iniciaban su jornada laboral arrollaron a la mujer, «de unos 30 años», según explicó el portavoz de la Jefatura Superior de la Policía.
Parada cardiorrespiratoria
«Al comprobar que la joven respiraba con dificultad se pidió la presencia inmediata en la zona de una ambulancia, desplazando el 061 una UVI móvil, cuyo personal estuvo practicando los primeros auxilios a la herida por espacio de una hora en el interior de vehículo sanitario sin poder evitar que entrara en parada cardiorrespiratoria», precisó el mando policial. Minutos después, el cadáver era trasladado al cementerio de la ciudad autónoma para practicarle la autopsia.
Además de la mujer fallecida, otras siete personas sufrieron contusiones como consecuencia de la «avalancha» humana. Los heridos tuvieron que ser atendidas en el Hospital Comarcal de Melilla a causa de las lesiones sufridas. Acto seguido, el juez de guardia ordenó el cierre del paso de Barrio Chino.
La frontera de la ciudad autónoma con Marruecos es un punto muy conflictivo. Hace apenas una semana, doscientos subsaharianos intentaron acceder a Melilla a través del paso de Beni Enzar, el más importante de la provincia de Nador. Las fuerzas de seguridad tuvieron que utilizar «con contundencia» medidas antidisturbios -gases lacrimógenos y pelotas de goma- para abortar la entrada.
La joven hacía cola en un pasadizo utilizadopor los 'porteadores' que compran mercancía en la ciudad para revenderla en Marruecos
Una mujer de nacionalidad marroquí, dedicada al contrabando de mercancías entre Melilla y Marruecos, murió ayer aplastada cuando intentaba pasar a la ciudad autónoma por una zona peatonal de la frontera dedicada expresamente a los trabajadores del llamado 'comercio atípico', según informaron fuentes policiales cercanas al caso. Otras siete personas resultaron heridas de diversa consideración como consecuencia de la avalancha en el acceso denominado Barrio Chino. La Policía tuvo que disparar al aire para dispersar a la multitud.
La tragedia se fraguó minutos antes de las 7.30 horas de la mañana, momento en el que la mujer cayó al suelo y fue pisoteada por otros compatriotas en un corredor donde se agolpaban cientos de personas sin ningún orden. Estos 'porteadores' cruzan a suelo español para comprar mercancías que luego revenden en Marruecos a un precio mayor. El incidente tuvo lugar en la zona conocida como 'la jaula', el pasadizo peatonal fronterizo entre España y Marruecos que es utilizado a diario por una marabunta de gente. Toda la zona está delimitada por vallas de alambre.
La muchedumbre que se agolpaba en el corredor era tal -las autoridades calculan que podría haber cerca de 400 personas- que los agentes tuvieron que realizar dos disparos al aire para dispersar al gentío y poder acceder al lugar donde los 'contrabandistas' que iniciaban su jornada laboral arrollaron a la mujer, «de unos 30 años», según explicó el portavoz de la Jefatura Superior de la Policía.
Parada cardiorrespiratoria
«Al comprobar que la joven respiraba con dificultad se pidió la presencia inmediata en la zona de una ambulancia, desplazando el 061 una UVI móvil, cuyo personal estuvo practicando los primeros auxilios a la herida por espacio de una hora en el interior de vehículo sanitario sin poder evitar que entrara en parada cardiorrespiratoria», precisó el mando policial. Minutos después, el cadáver era trasladado al cementerio de la ciudad autónoma para practicarle la autopsia.
Además de la mujer fallecida, otras siete personas sufrieron contusiones como consecuencia de la «avalancha» humana. Los heridos tuvieron que ser atendidas en el Hospital Comarcal de Melilla a causa de las lesiones sufridas. Acto seguido, el juez de guardia ordenó el cierre del paso de Barrio Chino.
La frontera de la ciudad autónoma con Marruecos es un punto muy conflictivo. Hace apenas una semana, doscientos subsaharianos intentaron acceder a Melilla a través del paso de Beni Enzar, el más importante de la provincia de Nador. Las fuerzas de seguridad tuvieron que utilizar «con contundencia» medidas antidisturbios -gases lacrimógenos y pelotas de goma- para abortar la entrada.
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